La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció públicamente el cierre de 725 puntos de atención médica distribuidos en todo el país, como consecuencia de la decisión unilateral e ilegal del interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, quien suspendió el convenio histórico entre ambas entidades.
Según el comunicado emitido el 25 de abril, el sindicato calificó la medida como un acto de desamparo para miles de afiliados rurales. Los centros clausurados funcionaban dentro de instalaciones de la UATRE sin costos para la obra social y eran atendidos por personal sindical, con el objetivo de garantizar una atención personalizada en zonas rurales, muchas de ellas alejadas de los centros urbanos y sin conectividad digital.
Una decisión que deja sin cobertura a los trabajadores rurales
“Esta intervención desconoce la realidad del campo”, expresó el secretario general de UATRE, José Voytenco, al rechazar el cierre de las bocas de expendio, muchas de las cuales eran el único punto de contacto médico para afiliados que viven en áreas remotas. A través del convenio suspendido, la obra social OSPRERA operaba físicamente en los espacios de UATRE, lo que permitía extender la cobertura sin erogaciones adicionales.
Voytenco alertó que, lejos de garantizar el acceso a la salud, la intervención impulsó un reemplazo por telemedicina, sistema que, según el sindicato, no puede aplicarse en contextos donde no existe conectividad suficiente ni se adapta a las necesidades del ámbito rural. El dirigente advirtió además que esta decisión “expulsa a los trabajadores del sistema de salud” y obliga al sistema público a absorber una demanda que hasta ahora se contenía desde OSPRERA.
Críticas a la gestión de la intervención y promesa de acciones legales
El gremio remarcó que todas las decisiones tomadas por el interventor son ilegales e ilegítimas, ya que el decreto de designación de Petroni no le habría conferido la facultad de desarmar el esquema de atención vigente. Además, apuntaron contra Carlos Saúl Castro, Gerente de Servicios a Beneficiarios, y contra los delegados provinciales afines a Pablo Ansaloni, quienes —según UATRE— respaldaron estas medidas pese a haber perdido las elecciones internas en 2022.
“Las bocas de expendio tienen un valor insustituible. Son espacios de contención donde cada trabajador es conocido por su nombre, su historia y su realidad. Esa atención humana no puede reemplazarse por una pantalla”, señaló Voytenco.
La UATRE prometió iniciar acciones institucionales y legales para revertir lo que consideran un retroceso en el derecho a la salud de los trabajadores del campo. “No los vamos a abandonar”, fue la frase con la que cerró el comunicado el secretario general del gremio, denunciando que “un grupo de personas sin representatividad está avalando este atropello”.
