Buenos Aires, 8 marzo (NA)- ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad acompañar las luchas de las mujeres? Qué fuerza ejerce una resistencia brutal a la escucha real y despojada de prejuicios y exigencias a las víctimas de todo tipo de violencias, entre ellas la “violencia institucional sistemática”.
Se estima que en Argentina hay alrededor de 5.9 millones de personas con discapacidad, lo que representa cerca del 12,9% al 13% de la población total. Esta cifra, basada en proyecciones del INDEC y estudios recientes, sitúa al país dentro de los parámetros mundiales. Las mujeres representan aproximadamente el 83% de las personas que cuidan a familiares con discapacidad. En relación a esto, el porcentaje de hogares monomarentales, asciende a un 12% más cuando hay hijos con discapacidad.
“Mi miedo es pensar muy profundamente y al 100 por ciento qué va a pasar cuando yo no esté”, reflexiona Lola Berthet, actriz y madre de un niño con autismo.
La lucha contra la policía dejó imágenes imborrables: Una silla de ruedas contra el escudo de la PFA. Gases a madres y niños con autismo.
¿Para qué van? Se oye como susurro desde algunos mullidos sillones de cómodas casa. Porque si no luchan por sus derechos, los pibes se mueren.
En un presente donde el Estado se transformó en el verdugo imprescindible para arrasar con las personas que se animan a denunciar, nos vimos obligadas a golpear las puertas de la indiferencia, para exigir justicia frente al avasallamiento a las personas con discapacidad.
Algo se corrió de lugar para dejarle espacio a una condena tácita que cae sobre las mujeres en el preciso momento en el que alzamos la voz, por nosotras o por las infancias.
Sin embargo, en una de las luchas más desiguales y evidentes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tomó el guante y torció el rumbo al abismo de las personas con discapacidad y las que cuidan, demostrando es una cuestión de decisión ejercer un rol digno o pasivo, si de impartir justicia se trata.
Aquí, en este 8M, en un contexto donde apenas quedan vestigios de una intención en políticas de género poco lograda por gobiernos anteriores y arrasada por el actual, desde este espacio, proponemos poner la mirada en la batalla más impensada que el gobierno libró con un objetivo claro: arrasar con los discapacitados.
Lo que no tuvieron en cuenta al sacar la calculadora y jugar al ajuste donde no tiene demasiado sentido económico, es que para destruir a las personas con discapacidad, debían neutralizar una fuerza insuperable: la de las mujeres trabajadoras que cuidan en discapacidad.
La quita de más de cien mil pensiones y las colas interminables en ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. La crueldad inundó todos los medios del país, con historias desgarradoras de madres de todas las edades maternando y sosteniendo ese pequeño castillo de naipes que representa la pensión. Un magro ingreso que, en ese momento, ascendía a doscientos ochenta mil pesos.
Ciegos, autistas, cuadripléjicos, sordos, chicos con síndrome de down, en sillas de ruedas, sin brazos, empezaron a habitar, junto a sus madres o cuidadoras. la plaza del congreso y las oficinas de las instituciones que, en paralelo, funcionaban con un entramado de corrupción denunciada en audios por el entonces titular del área, Diego Spagnuolo.
Mientras circulaban los memes de Karina y el 3%, las mujeres que sostenían la vida de los discapacitados, se empobrecían al extremo de caerse del sistema, con el hijo a cuestas.
Un fallo del Juzgado Federal de Campana volvió a impulsar la discusión nacional sobre los derechos de esta porción de argentinos. El juez Adrián González Charvay habilitó un amparo colectivo que exigía la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), una norma sancionada por el Congreso pero suspendida luego por decreto presidencial. La decisión judicial obligó al Gobierno Nacional a revisar esa medida y abrió un escenario de presión institucional para garantizar la plena operatividad de la ley.
“El gobierno empezó a reglamentar a su manera un día antes que venciera el plazo de la justicia federal. Hay muchos problemas con l. El aumento de los nomencladores fue de 5.78% cuando el espíritu de la ley era de un 40% por los retrasos. Una persona que trabaja en los talleres protegidos sigue cobrando $28.000. Ni PAMI ni INCLUIR Salud están pagando y deben desde octubre. Sacaron un sistema por TAD para la compensación, pero las obras sociales no están cargadas”. Continúa Lola.
La falta de políticas públicas mata. ¿Cómo? Sin terapias específicas, sin la cobertura de medicamentos, sin transporte para las actividades, esas personas discapacitadas sin recursos son condenadas al encierro, al deterioro y al no acceso a la salud.
“Ya hay chicos sin sus terapias y sin sus transportes. Muchos prestadores, sobre todo transportistas, han buscado otro trabajo y la semana pasada estuvieron de paro involuntario porque no tienen para poner nafta. Una terapia perdida es irreversible”.
La Ley de emergencia en discapacidad, sorprendentemente aprobada por mayoría en ambas cámaras, fue vetada, rechazada, subestimada e incumplida por el gobierno, plantó el precedente más irracional e imperdonable: Ir contra los más vulnerables y, teniendo en cuenta que 9 de cada 10 mujeres realizan las tareas de cuidado, contra las cuidadoras.
“Las mamás que están solas, al no tener prestaciones y sin red viven exclusivamente acompañando a sus hijos.
Conozco casos que ni siquiera pueden buscar un trabajo porque hay que llevar a los chicos a las terapias”, repara Berthet.
Frente a esta realidad, el fantasma de la adultez en discapacidad se vuelve incontrolable.
“Mi miedo es pensar muy profundamente y al 100 por ciento qué va a pasar cuando yo no esté. Esas terapias son para su desarrollo e independencia, para que pueda ser feliz y defenderse. Antes el miedo era a largo plazo, hoy mi miedo es a un futuro inmediato”. concluye Lola Berthet. #AgenciaNA.
