Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informo que presento a legisladores nacionales un proyecto de reforma del Codigo Penal con el objetivo de tipificar y sancionar de manera especifica los delitos que afectan a la produccion agropecuaria. La iniciativa fue presentada, entre otros, ante las senadoras y senadores Patricia Bullrich (LLA-CABA) y Pablo Cervi (Neuquen-LLA), segun comunico la entidad.
La propuesta, segun CRA, tiene por finalidad dotar al Estado de herramientas juridicas mas eficaces frente a hechos delictivos que danan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural. La organizacion sostiene que la actividad agropecuaria se ha visto afectada por episodios reiterados de dano a bienes vinculados con la produccion, como silobolsas, granos, cultivos, plantaciones, ganado y forrajes, y que la actual normativa penal no responde adecuadamente a la gravedad de estos hechos.
En terminos concretos, el proyecto plantea reformar los articulos 186 y 189 del Codigo Penal e incorpora un nuevo articulo, el 184 bis, que crea la figura de “vandalismo rural”. Esta nueva tipificacion preve penas de prision de dos a cinco anos para quienes afecten el normal desempeno de un establecimiento rural mediante la destruccion, inutilizacion o dano de bienes agropecuarios. La descripcion incluye especificamente la afectacion de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado y forrajes, asi como otras instalaciones o elementos vinculados con la actividad agropecuaria.
La iniciativa no se limita a la creacion de una figura penal nueva; tambien propone actualizar la figura del delito de estrago. En ese sentido, el proyecto incorporaria nuevas modalidades dentro de ese tipo penal, por ejemplo la liberacion de patogenos, y estableceria escalas penales diferenciadas segun la existencia de dolo, imprudencia o negligencia. Ademas, el texto preve agravantes o escalas mas severas cuando los hechos pongan en riesgo la vida de las personas o tengan consecuencias fatales.
CRA argumenta que estas modificaciones son necesarias porque el delito evoluciona y adopta nuevas practicas, y que la ley debe adaptarse para evitar la impunidad y brindar certezas a las victimas. En la presentacion, la entidad subrayo que la iniciativa busca proteger no solo bienes materiales, sino tambien el trabajo, la inversion y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el pais. Carlos Castagnani, presidente de CRA, figura entre los responsables institucionales que respaldan la propuesta.
La propuesta se inscribe, ademas, en un contexto con antecedentes legislativos. En 2020, durante una ola de ataques a silobolsas, el entonces presidente de la Camara de Diputados, Sergio Massa, y el legislador Ramiro Gutierrez (del frente que en ese momento integraba el oficialismo) llevaron al Congreso una iniciativa sobre vandalismo rural que contemplaba penas de hasta cinco anos de prision. Aquella iniciativa no logro avanzar en el proceso legislativo. CRA recupera ahora esa inquietud y la presenta nuevamente, con un planteo actualizado sobre como tipificar y sancionar estos hechos.
Segun la entidad, los ataques a silobolsas y a establecimientos rurales se han vuelto una practica reiterada y hoy no encuentran una respuesta penal acorde a la gravedad del dano que provocan. Esa evaluacion es la base para sostener la necesidad de introducir figuras penales especificas y de modificar los instrumentos juridicos con que actualmente cuentan los fiscales y jueces para investigar, procesar y sancionar estos delitos.
La iniciativa tambien contempla, de acuerdo con la presentacion, la distincion entre distintos grados de responsabilidad y consecuencias. Al incorporar la liberacion de patogenos como modalidad del delito de estrago, el proyecto apunta a cubrir conductas que, ademas de afectar bienes, podrian poner en riesgo la salud publica o la biodiversidad. La diferenciacion entre dolo, imprudencia y negligencia, asi como la graduacion de las penas segun el resultado -por ejemplo si hubo victimas fatales-, muestran una intencion de ajustar las respuestas penales a la magnitud y al caracter de cada conducta.
En su comunicacion publica, CRA enfatiza que la reforma propuesta busca dar “certezas a las victimas” y evitar la impunidad. La organizacion entiende que, cuando los hechos danan la produccion y la infraestructura rural, las consecuencias se extienden mas alla de la perdida material: afectan cadenas de suministro, empleo rural, inversiones y la seguridad alimentaria local y nacional. Por eso, el planteo se presenta como una medida que no solo protege la propiedad privada en el campo, sino que tambien defiende el trabajo y la inversion de quienes producen alimentos.
Las imagenes que acompanaron la difusion del proyecto muestran, por un lado, a Carlos Castagnani, presidente de CRA, vinculado a la presentacion de la iniciativa; y, por otro, ilustran el objeto de la propuesta con una referencia explicita a la destruccion, inutilizacion o dano de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria. Esas imagenes y sus leyendas refuerzan la comunicacion institucional sobre el alcance de la reforma planteada.
CRA tambien senalo que el Codigo Penal vigente presenta “falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva” frente a estos hechos. Esa critica pone el foco en la practica judicial y en la adecuacion normativa: la entidad sostiene que, sin figuras y penas especificas, resulta mas complejo encuadrar y sancionar conductas que afectan la produccion agropecuaria. La reforma propuesta se presenta por tanto como una respuesta integral que incluye nuevas tipificaciones y la actualizacion de figuras existentes.
En resumen, la iniciativa de CRA propone incorporar al Codigo Penal la figura de vandalismo rural, reformar articulos vigentes y actualizar el delito de estrago para incluir nuevas modalidades y escalas penales. Su objetivo declarado es proteger los bienes y la actividad del sector agropecuario, garantizar mayor seguridad juridica para las victimas de estos hechos y ofrecer a la Justicia herramientas mas precisas para investigar y sancionar conductas que danan la produccion rural. La presentacion ante senadores como Patricia Bullrich y Pablo Cervi marca el inicio del tramite legislativo de la propuesta, que retoma debates previos sobre la respuesta penal a ataques contra la infraestructura y los bienes del campo.
