A pesar de los frenos judiciales y las objeciones en el Congreso, el Gobierno mantiene su intencion de avanzar en una reestructuracion del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA). El plan, segun fuentes oficiales, busca alinear al organismo con “estandares de eficiencia del Estado” y podria implicar la reduccion de hasta 1.700 puestos mediante retiros voluntarios. Actualmente el INTA cuenta con 5.822 trabajadores, cifra que el sindicato Apinta contrasta con los aproximadamente 6.600 empleados que existian al inicio de la actual gestion, segun su registro.
El proyecto de transformacion, que en los ultimos meses estuvo paralizado por resistencias internas y por el rechazo judicial y legislativo a un decreto de reforma, plantea una revision integral de la estructura del instituto. Dentro de esa evaluacion se contempla el cierre de centros de investigacion que, a juicio del Gobierno, no justifican la infraestructura que ocupan o no generan resultados alineados a las demandas de la produccion agropecuaria contemporanea. Desde la administracion se sostiene que el INTA “funciona con una estructura pensada para la matriz productiva de hace medio siglo” y que es necesario adaptar la organizacion a las tecnologias y necesidades actuales del sector.
Las autoridades insisten en que la iniciativa no es exclusivamente una politica de cierres: tambien se pretende identificar redundancias y vacios para reconfigurar funciones y aportar nuevas capacidades. No obstante, la apertura formal de un esquema de retiros voluntarios todavia no se ha concretado, aunque la intencion de reducir la planta se mantiene. En ese marco, el presidente del organismo, Nicolas Bronzovich, ha senalado en recorridas por estaciones experimentales que “el INTA tiene que funcionar con menos gente que la que tenia”, declaracion que genero inquietud entre el personal.
Desde los gremios la respuesta ha sido de rechazo y alarma por el impacto en la operatividad del instituto. Mario Romero, secretario general de Apinta, advierte que la reduccion sostenida de la planta hace inviable un proceso adicional de retiros o pases a disponibilidad sin poner en riesgo funciones esenciales del INTA. Apinta sostiene que entre bajas, retiros voluntarios, cesantias, renuncias y jubilaciones, la perdida de personal desde el inicio de la gestion asciende a 822 trabajadores, lo que representaria una caida cercana al 17% de la plantilla segun la delegada de ATE, Julieta Boedo.
Boedo, vocera de la Asociacion de Trabajadores del Estado dentro del INTA, critica ademas la composicion y el accionar del nuevo Consejo Directivo, cuyos integrantes provienen en buena parte del sector agropecuario. Para ella, esos consejeros “estan alineados directamente con el gobierno nacional” y advierte que la intencion original de la administracion -que los sindicatos lograron frenar temporalmente en tribunales y en el Congreso- incluia despidos y la posible transferencia de tierras del organismo. Tambien cuestiona la designacion de personal jerarquico sin concursos publicos, una practica que, segun su version, contraviene la tradicion institucional del INTA.
El Consejo Directivo renovado comenzo a trabajar el mes pasado y confirmo que se avanzara en una agenda de revision de estructuras, aunque hasta ahora no adopto decisiones de aprobacion de cierres o despidos. Una de las novedades del nuevo esquema es la propuesta de distribuir a los consejeros por macrorregiones para mantener un contacto mas directo con el interior del pais, una medida que fue valorada por Romer o como potencial corrector de una “desconexion” entre la conduccion y las demandas regionales. Se espera que esta mayor cercania facilite la toma de decisiones con informacion mas detallada sobre las realidades locales.
Entre los conflictos puntuales que enfrenta la reestructuracion aparece la estacion experimental de Castelar, en el area metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno planteo su cierre, pero la medida quedo frenada por un amparo dictado por la jueza Martina Forns, del fuero de San Martin. En la estacion, quedan cerca de 30 trabajadores sin trasladar que, segun fuentes gremiales, serian reubicados en otros institutos del predio hasta que se resuelva la situacion judicial.
Otro punto sensible es el destino de las tierras propiedad del INTA. La posibilidad de ventas o transferencias genero resistencia en las provincias y en consejeros del interior, que se muestran reticentes a entregar predios que forman parte del patrimonio del organismo. Romero senalo que la discusion sobre ventas de tierras debera darse en las regiones y que esa dinamica garantiza, por ahora, que no se aprobaran disposiciones masivas sin el consenso regional.
En lo presupuestario, desde el gremio senalaron que para 2026 se proyecta un aumento del 30% en la asignacion presupuestaria respecto a 2025, una cifra que consideran insuficiente para sostener la actividad del instituto. Romero advirtio que con un presupuesto “muy acotado” sera necesaria la busqueda de ampliaciones durante el ano si se pretende mantener un INTA operativo y con capacidad de respuesta a las demandas del sector agropecuario.
Es relevante recordar la composicion actual del Consejo Directivo del INTA. Ese organo integra representantes del Estado junto a representantes de organizaciones del sector agropecuario y del ambito academico. En representacion del Gobierno figuran Nicolas Bronzovich como presidente y Carlos Alberto Vera como vicepresidente. Entre los vocales se cuentan nombres propuestos por entidades como Federacion Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Facultades de Agronomia, CREA y Coninagro. Falta aun la designacion definitiva por parte del Gobierno de la terna enviada por Confederaciones Rurales Argentinas.
En resumen, la administracion busca avanzar en una reestructuracion amplia del INTA orientada a reducir costos, cerrar o reconvertir unidades consideradas ineficaces y modernizar la estructura para adecuarla a nuevas tecnologias y demandas productivas. Los sindicatos y parte de la conduccion institucional muestran reservas y rechazo por el impacto en el empleo y por procedimientos que consideran acelerados o centralistas. Las discusiones se desarrollan entre amenazas de medidas, recursos judiciales en curso, negociaciones internas en el Consejo Directivo y la necesidad de resolver cuestiones operativas como traslados, la gestion de tierras y la asignacion presupuestaria para mantener las tareas de investigacion y extension en el territorio.
