Álvaro García Ortiz se ha sentado desde el 3 de noviembre en el banquillo en el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de haber incumplido deliberadamente el secreto de instrucción al revelar a la prensa un documento confidencial sobre el empresario Alberto González Amador -que pronto será juzgado por fraude fiscal- con el fin de dañar la imagen de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de derecha de la región de Madrid.
El fiscal general español defendió con firmeza su inocencia este miércoles en el juicio sin precedentes que se le sigue acusado de haber filtrado a la prensa un documento confidencial relacionado con una investigación sobre la pareja de una figura de la oposición.
“No filtré el correo”, reiteró, tras anunciar que no respondería a las preguntas de la acusación, a quien reprochó “una actuación desleal”.
Sin la toga de fiscal que llevó desde el inicio del juicio, García Ortiz se sentó en el centro de la sala de audiencias y tomó la palabra el miércoles por la tarde.
Apoyo de Sánchez
Este juicio representa una nueva prueba para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que enfrenta una serie de escándalos judiciales que afectan a su círculo cercano.
Unas palabras que provocaron la ira de la oposición de derecha que acusó a Sánchez de atacar “la independencia judicial”.
El dirigente socialista repitió este fin de semana que el fiscal general, nombrado en 2022 a propuesta de su gobierno, “es inocente”.
En marzo del mismo año, varios medios de comunicación publicaron información sobre las conversaciones entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo para declararse culpable a cambio de evitar ir a prisión.
Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19.
Esta versión, que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció ante el tribunal haber difundido, es en realidad errónea: fue el abogado del empresario quien solicitó un acuerdo y no al revés.
Algunos periodistas aseguran que fue la fiscalía la que hizo la oferta, pero que fue retirada por “órdenes de arriba”.
“El señor García Ortiz (…) me había matado públicamente”, aseveró González Amador la semana pasada en el tribunal, considerando que la revelación del posible acuerdo afectó su presunción de inocencia.
Fue “una calumnia directa”, dijo en el tribunal García Ortiz, quien explicó que buscó aclarar los hechos publicando un comunicado de prensa para explicar la situación.
García Ortiz, quien se negó a dimitir a pesar de la tormenta, se declaró víctima de un complot orquestado por el gobierno regional de Madrid para desviar la atención del presunto fraude fiscal de González Amador.
Una deducción suya
Los inspectores de la Guardia Civil que investigaron el caso mantuvieron sus acusaciones contra García Ortiz, ya que, a su juicio, la fiscalía general no hace nada “sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”.
Durante las audiencias, varios periodistas aseguraron haber tenido acceso al correo filtrado por otras vías y antes de que el fiscal lo obtuviera de sus subordinados, pero invocaron el “secreto profesional” para no revelar la identidad de sus fuentes.
“La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, concluyó este miércoles el fiscal general.
“Eso es una deducción suya enteramente libre”, les replicó secamente la representante del Ministerio Público, quien solicitó, al igual que la defensa, la absolución del acusado.
El juicio debe concluir el jueves y quedar visto para sentencia.
Álvaro García Ortiz podría enfrentar hasta seis años de prisión.
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