La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) denunció a Unicoin Inc., una firma con sede en Nueva York, por realizar supuestas declaraciones falsas y engañosas al promocionar certificados vinculados a los llamados “tokens Unicoin” y acciones de su propia compañía.
Entre los directivos señalados por la SEC se encuentra Silvina Moschini, empresaria argentina de 53 años, expresidenta de la empresa y actual miembro de su directorio.
Según la denuncia de la SEC, los activos reales de la empresa tenían un valor mucho menor al declarado, y gran parte de las ventas fueron consideradas ilusorias.
El director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Mark Cave, fue contundente: “Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos reales, incluyendo una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias”.
“Sin embargo, como alegamos, los activos inmobiliarios valían una fracción de lo que la compañía afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias. Se alega que los ejecutivos más importantes de Unicoin perpetraron el fraude”, agregó.
La investigación también analizó las campañas publicitarias de la empresa, que abarcaron anuncios en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales.
Según la SEC, más de 5.000 inversores fueron convencidos, mediante declaraciones falsas y engañosas, de comprar certificados de derechos por un monto total de u$s100 millones. Los productos eran promocionados como criptoactivos de “nueva generación”, seguros, estables y rentables.
La denuncia detalla tres declaraciones específicas que la Comisión de Valores considera engañosas: la promesa de que los tokens Unicoin estaban “respaldados por activos” valuados en miles de millones de dólares, cuando en realidad los activos nunca superaron una fracción mínima de ese monto.
La afirmación de que se habían vendido más de u$s3.000 millones en certificados de derechos, cuando la investigación concluyó que la recaudación real no superó los u$s110 millones.
Que los certificados de derechos y los tokens estaban “registrados en la SEC” o “registrados en EE.UU.”, lo cual fue desmentido por el organismo regulador.
Aunque el caso aún se encuentra en etapa judicial, la denuncia ya provocó un fuerte impacto en el ecosistema de inversiones vinculadas a criptoactivos.
