En Mendoza, la cuna histórica del tomate industria argentino, productores de la región viven un presente cargado de incertidumbre. La combinación de pasta importada desde Chile y China, precios congelados en las fábricas y costos productivos que se dispararon con la inflación generaron un cóctel que puede empujar al cultivo al borde del colapso.
El Valle de Uco concentra gran parte de las cerca de 8.000 hectáreas nacionales dedicadas a este cultivo estratégico. Allí, unas 400 familias producen el tradicional tomate perita, valorado por su textura y firmeza. Sin embargo, la pérdida de rentabilidad y el desánimo avanzan a paso firme.
“Nos pagaron lo mismo que el año pasado. Con la inflación, se vuelve inviable”, explicó Mario Leiva, un referente del sector en Tunuyán. Durante la última campaña, los productores que trabajaron bajo contrato con el programa Tomate 2000 cobraron entre 100 y 112 pesos por kilo. Aquellos que vendieron el tomate libre recibieron apenas entre 60 y 90 pesos, cuando los costos actuales obligan a vender arriba de 120 pesos para sostener la actividad.
Según un relevamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el rendimiento promedio en Mendoza ronda los 100.000 kilos por hectárea, aunque en San Juan puede duplicarse. Aun así, la ecuación económica se desmorona cuando la industria demora los pagos o aplica descuentos por calidad. En varios casos, los productores recibieron menos de lo esperado luego de meses de espera.
Mientras tanto, los tambores de pasta importada siguen llegando. Datos de la Cámara de la Industria del Tomate reflejan que Argentina importó más de 30.000 toneladas de pasta en 2024, frente a solo 5.000 toneladas en 2015. Buena parte ingresa sin aranceles gracias a acuerdos comerciales regionales. Para las fábricas, representa un insumo más barato en un contexto de caída del consumo interno, que se retrajo un 12% entre 2022 y 2024.
La presencia creciente de este producto extranjero acentúa la brecha entre los costos de producción y el precio final. La pasta importada es entre 10% y 15% más económica que la nacional. Esa diferencia resulta decisiva a la hora de negociar contratos con productores locales.
El desánimo crece y se proyecta un fuerte recorte de superficie
El panorama genera preocupación en los campos mendocinos. Tres meses atrás, la Asociación Tomate 2000 advirtió que de persistir esta tendencia la superficie sembrada podría reducirse hasta un 40% la próxima campaña. Hoy, varios productores ya anticipan que no volverán a plantar.
“Hay un desánimo muy grande. Muchos decidieron cambiar de cultivo o dejar la producción. Si no tenemos un precio acorde y financiamiento, desaparecemos”, lamentó Leiva. La reconversión hacia cultivos como el ajo o la papa, menos dependientes de contratos industriales, aparece como una salida de emergencia.
Mauricio Sáez, productor de San Carlos, describió la misma sensación. Según sus cálculos, en su zona la superficie puede caer hasta un 30% en 2026. “La industria anunció que reducirá la compra. Además, la demanda interna se achicó y muchas fábricas tienen stock. El que no tiene contrato no existe”, advirtió.
El financiamiento es otro problema estructural. En la región, acceder a maquinaria moderna que permita reducir costos es una utopía. El crédito bancario brilla por su ausencia o llega con tasas imposibles. “La única manera de abaratar la cosecha es tener máquinas propias. Hoy, el que depende de servicios tercerizados queda afuera”, explicó Sáez.
La situación se agrava con el encarecimiento de la energía, que las plantas procesadoras argumentan como causa para no subir el precio del kilo de tomate. En paralelo, la falta de previsibilidad complica la planificación. “Todavía no sabemos cómo se organizará la próxima campaña. Nadie quiere asumir riesgos con estos números”, comentó Sáez.
Según estimaciones privadas, si el escenario no cambia, la Argentina podría reducir su superficie de tomate industria a 5.000 hectáreas en 2026. La caída dejaría a cientos de familias sin sustento y a la industria alimentaria más dependiente de las importaciones.
Un futuro incierto entre costos, inflación e importaciones
La tensión entre la industria procesadora y los productores no es nueva. Sin embargo, la combinación actual de factores lleva el conflicto a un punto límite. “No tenemos retenciones, pero existe algo peor que es esta relación desigual entre la industria y el productor primario. Estamos cautivos de un sistema que no contempla nuestros costos”, sostuvo Leiva.
La ecuación es sencilla pero devastadora: si producir un kilo cuesta 120 pesos y se paga 70, cada hectárea se convierte en una pérdida asegurada. Así, mientras las góndolas se abastecen con pasta extranjera más barata, los campos mendocinos pierden competitividad.
Los productores coinciden en que, si la Argentina pretende mantener el autoabastecimiento de su consumo interno, debería establecer mecanismos de defensa comercial o incentivos que equilibren la competencia. De lo contrario, la importación terminará desplazando la producción local.
El futuro del tomate industria argentino pende de un hilo. La decisión de miles de productores de seguir o abandonar el cultivo se definirá en los próximos meses. Por ahora, la incertidumbre y la desilusión crecen más rápido que cualquier cosecha.
