“No cederemos, no negociaremos sin el consentimiento de nuestro pueblo”, declaró Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en un mensaje grabado con otros colegas.
La decisión se produce a pesar de los acuerdos parciales alcanzados por el gobierno con otros sectores sociales para evitar protestas.
Mientras tanto, el expresidente de izquierda Evo Morales amenazó al nuevo presidente centrista Rodrigo Paz, prometiendo que fomentaría nuevas protestas contra el gobierno a menos que revirtiera la eliminación de los subsidios a los combustibles.
El dirigente sindical calificó el decreto como una medida “arbitraria” que, en su opinión, beneficia a “un sector privilegiado, empresarial y burgués”. En este contexto, convocó a diversos sectores sociales a unirse a la marcha y afirmó que la huelga no tiene carácter político, sino una protesta para exigir mejores condiciones.
Sin embargo, el Gobierno de Paz logró el domingo desactivar parte de la presión tras firmar acuerdos con transportistas de carga de Cochabamba, que aceptaron instalar mesas de trabajo sobre asuntos tributarios y aduaneros y descartaron plegarse al paro.
La huelga fue inicialmente convocada el viernes por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia como un paro “general e indefinido” para exigir la anulación del decreto 5503. A la medida se sumaron la COB y sectores de campesinos cocaleros afines al expresidente Morales, lo que elevó la tensión social durante el fin de semana.
En La Paz, el presidente también se reunió con mineros auríferos y juntas vecinales, que resolvieron no sumarse a la huelga. Para la noche del domingo, el mandatario anunció un mensaje a la población por el canal estatal Bolivia TV para explicar los alcances del decreto y reiterar que la medida “no se va a cambiar”.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, uno de los negociadores, sostuvo que para superar la crisis económica “es necesario trabajar” y que “nadie va a salir de este momento bloqueando”, según declaraciones difundidas por el Ejecutivo. En la víspera, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había sellado un entendimiento similar con transportistas de carga pesada de Santa Cruz.
Esto implica incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los valores subvencionados que rigieron durante más de dos décadas.
El decreto 5503, emitido el miércoles pasado, fija nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel.
El Ejecutivo estima que mantener la subvención demandaría en 2026 unos US$3.500 millones, equivalentes al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB). (ANSA).
Según el Gobierno y analistas económicos, el esquema de subsidios se había vuelto insostenible en el actual contexto de crisis fiscal y escasez de divisas.
