Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.
Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.
El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.
Arévalo pidió a Washington aclarar su supuesta intervención, al advertir que podría afectar las relaciones bilaterales.
Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.
– ¿Quién es Molina Barreto?
El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.
Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el “llamado pacto de corruptos”, un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.
También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.
En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.
Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.
Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.
¿Cómo quedó la balanza?
El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció “presiones externas” sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.
Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.
Analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planes de sanear el sistema de justicia, que la fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.
La nueva Corte es “adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad” porque va a “continuar esa captura, cooptación y control institucional”, dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.
También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del “pacto de corruptos”.
Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados “bisagras” que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.
Según este catedrático, las fuerzas que han dominado tradicionalmente seguirán teniendo 60% de los magistrados.
Arévalo afirmó sin embargo que “La batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa”.
Con la elección de la Corte, el país “se estaba jugando el futuro político institucional” para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.
¿Cómo impactará la nueva Corte?
El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”.
Podría “Generar condiciones adversas” en las elecciones generales de 2027 si decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.
Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.
Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban 60% de los ciudadanos, según encuestas.
Incluso podría “Interferir” en la elección del nuevo fiscal, agregó.
