Por Byron Kaye
SÍDNEY, 3 abr (Reuters) –
Desde que prohibió a los menores el uso de las redes sociales en diciembre, parlamentarios de países como Francia y Malasia han mostrado interés en seguir su ejemplo, mientras que los tribunales han dictaminado que las empresas tecnológicas han actuado con negligencia hacia los usuarios jóvenes.
La atención mundial sobre la prohibición al uso de aplicaciones populares por parte de menores de 16 años —la primera de este tipo— parece haber animado al Gobierno del primer ministro Anthony Albanese a intensificar esta semana su aplicación, según afirman expertos en regulación tecnológica. El ejecutivo de Albanese indicó hace dos meses que la medida se había introducido mediante una cooperación exitosa con el sector.
Al mostrarse más agresivo con aplicaciones como Instagram y TikTok, el Gobierno de centroizquierda de Albanese expresa su satisfacción con el interés extranjero —al menos ocho países han manifestado su deseo de aplicar restricciones similares—, al tiempo que indica su determinación de contrarrestar la noticia de que muchos adolescentes siguen navegando por sus teléfonos, según expertos.
“EL MUNDO ENTERO ESTÁ OBSERVANDO”
“El mundo entero está observando a Australia en este experimento y, por lo tanto, dar marcha atrás o fingir que los fracasos en los esfuerzos razonables no están ocurriendo daría una imagen de debilidad del Gobierno”, dice Jeannie Paterson, cofundadora del Centro de Inteligencia Artificial y Ética Digital, que asesora habitualmente al Gobierno en materia de normativa tecnológica.
Una portavoz de la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, dijo que esta no había endurecido su postura debido a la atención mundial, y no quiso hacer más comentarios.
Un mes después de que la prohibición entrara en vigor, el Gobierno informó a mediados de enero de que las plataformas de redes sociales habían desactivado 4,7 millones de cuentas sospechosas de pertenecer a menores, lo que llevó a los participantes del sector a esperar un periodo de gracia de hasta un año para la aplicación de la prohibición.
Los Gobiernos británico y canadiense, así como algunos parlamentarios estadounidenses, han sondeado a las autoridades australianas sobre la prohibición de las redes sociales, una medida respaldada de forma abrumadora por los padres, pero a la que se opone el sector, que mueve varios billones de dólares.
Sin embargo, los indicios de progreso se han visto socavados por una serie de informaciones que apuntan a que hay menores que siguen utilizando las redes sociales.
El martes, el Gobierno anunció que estaba investigando a Meta, Instagram y Facebook, TikTok, Alphabet, YouTube y Snapchat por posibles incumplimientos de la ley, y que estaba recabando pruebas para emprender posibles acciones legales.
El regulador de seguridad digital había declarado anteriormente que solo tomaría medidas coercitivas en casos de incumplimiento sistémico.
En su primer informe exhaustivo sobre cumplimiento, el regulador señaló que casi un tercio de los padres informaban de que sus hijos menores de 16 años seguían teniendo al menos una cuenta en redes sociales. De ellos, dos tercios afirmaron que la plataforma no había preguntado por la edad del menor.
Angela Flannery, exconsejera general del Departamento de Comunicaciones del Gobierno y actual asesora del sector privado, dijo: “En general, el Gobierno se siente bastante animado por el número de otras jurisdicciones que están estudiando la imposición de restricciones a los menores de 16 años a nivel mundial”.
Sin embargo, dado el “desalentador” informe del martes sobre el cumplimiento, Flannery señaló: “Probablemente quieran que se les vea tomando medidas para seguir animando a otras jurisdicciones a aplicar o promulgar prohibiciones similares”.
Meta y Snap afirmaron que se comprometían a cumplir la prohibición, TikTok se negó a hacer comentarios y Alphabet no respondió a una solicitud de comentarios sobre la medida del Gobierno.
META Y GOOGLE PIERDEN EN LOS TRIBUNALES DE EEUU
El informe del regulador de seguridad digital indicaba que las denuncias sobre ciberacoso y abuso basado en imágenes —problemas que, según el Gobierno, la prohibición solucionaría— no experimentaron cambios, mientras que algunos padres informaban de que no podían notificar a las plataformas que sus hijos menores de edad seguían teniendo cuentas. A los menores que no superaban una prueba de edad se les pedía que repitieran la prueba hasta que la superaran, según el regulador.
La prohibición exige a las plataformas que tomen “medidas razonables” para impedir que los menores de 16 años tengan una cuenta o se enfrenten a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34 millones de dólares).
La ministra de Comunicaciones, Wells, dijo que el problema no era que los padres o los niños incumplieran la normativa, sino que las grandes tecnológicas estaban socavando la política del Gobierno.
Según personas familiarizadas con la puesta en marcha de la prohibición, lo que probablemente también animó a Australia a actuar contra las plataformas fue el veredicto de un juicio en EEUU de la semana pasada que condenaba a Meta a pagar 375 millones de dólares en sanciones por fallos de seguridad que permitieron la explotación infantil en Facebook, Instagram y WhatsApp, así como otra decisión que consideraba a Meta y Google negligentes por diseñar plataformas de redes sociales perjudiciales para los jóvenes.
“Los casos judiciales en Nuevo México y California han contribuido a la opinión pública”, dice Julian Sefton-Green, profesor de nuevos medios en la Universidad Deakin que asesora el estudio de dos años del comisionado sobre el impacto de la prohibición.
“Son decisiones de un jurado que dictaminan que las redes sociales son responsables del bienestar de los jóvenes, así que creo que el Gobierno lo va a recibir como una noticia favorable”.
Rob Nicholls, investigador en materia de regulación de la Universidad de Sídney, dice que las demandas podrían impulsar rediseños de las plataformas que cumplan con la prohibición australiana, centrándose en la protección de los menores.
“El efecto de ese cambio de diseño será reducir el acceso de los menores de 16 años”, dice. “Si hay que hacerlo para evitar litigios en Estados Unidos, más vale hacer lo mismo en todo el mundo”.
(1 dólar = 1,4531 dólares australianos)
(Reporte de Byron Kaye en Sídney; edición de William Mallard; editado en español por Tomás Cobos)
