Especial para Infocampo
En los últimos años se ha producido un cambio notable en la percepción y la política sobre el uso de granos y aceites vegetales para producir biocombustibles. Lo que antes generaba fuertes cuestionamientos por parte de grupos ambientalistas —el hecho de destinar cultivos como soja o maíz a la generación de energía— hoy está condicionado por realidades productivas, demográficas y geopolíticas distintas. La agricultura ha aumentado su productividad y, a la vez, el crecimiento demográfico se ha moderado, lo que deriva en una oferta de granos y subproductos que en muchos casos supera la demanda. Ese excedente permite pensar el uso de aceites vegetales para combustibles sin la competencia por alimento que se temía en otras etapas.
A nivel internacional, grandes productores de oleaginosas han adoptado o ampliado políticas para usar aceites vegetales en combustibles renovables. Países como Indonesia, Brasil y Estados Unidos han impulsado mayores cortes de biocombustibles en sus combustibles fósiles y han desarrollado marcos regulatorios que favorecen la industria integrada a la producción de aceites. Estas decisiones obedecen no solo a cuestiones energéticas y ambientales, sino también a razones geopolíticas: diversificar la matriz energética, reducir dependencia de combustibles fósiles y sostener industrias agrícolas con valor agregado.
La situación en la Argentina, sin embargo, ha tomado un rumbo distinto en los últimos años. El corte obligatorio de biodiésel en el gasoil, que había sido del 10%, se redujo a 7,5% y ahora el gobierno impulsa un proyecto para retornarlo a niveles previos o incluso aumentarlo. Esa iniciativa oficial, cuyo tratamiento comenzará próximamente en el Congreso, busca recuperar un mercado interno más significativo y reordenar las reglas de juego del sector.
Importancia y situación actual del biodiésel argentino
Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, una posición dominante que hace que las decisiones nacionales en materia de biodiésel tengan impacto internacional. No obstante, la industria local atraviesa dificultades. En 2025, la demanda interna obligatoria por el corte de biodiésel representó alrededor de 700.000 toneladas; en contraste, entre 2014 y 2019 esa demanda fue cercana al millón de toneladas. A esto se sumó el efecto de medidas para-arancelarias impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea: de un promedio de exportaciones de 1,3 millones de toneladas en el periodo citado, las exportaciones cayeron a aproximadamente 273.000 toneladas en 2025.
El resultado es una industria que languidece: reducida participación en el mercado interno y pérdida casi total del mercado externo. Esta dinámica provoca sobrecapacidad instalada, plantas con baja utilización, y dificultades económicas para muchas empresas, especialmente las que se habían orientado a abastecer el corte interno bajo la antigua Ley 26.093.
Las discusiones políticas y técnicas
El proyecto oficial introduce cambios significativos en la regulación del mercado de biocombustibles. Entre sus principales ejes se encuentran la liberalización de la participación de distintos tipos de empresas en el abastecimiento del corte y la negociación de precios mediante mecanismos de compulsa entre proveedores y compradores, es decir, licitaciones competitivas para asegurar condiciones de mercado.
Sin embargo, el debate no es sólo técnico. Hay tensiones relevantes entre distintos actores del sector. Por un lado están las empresas que instalaron plantas expresamente para atender las exigencias de la Ley 26.093, por lo general de menor escala y no integradas verticalmente. Por otro lado están los grandes grupos integrados a la molienda y producción de aceite, orientados a la exportación y con capacidad de escala mucho mayor. La propuesta de abrir el mercado y ajustar reglas de participación podría dejar en desventaja a las plantas más pequeñas, que podrían verse desplazadas por competidores integrados que operan con costo por unidad inferior y mayor capacidad de abastecimiento.
Esa asimetría constituye un riesgo político real: si la discusión parlamentaria no logra equilibrar intereses, el proyecto podría estancarse y mantenerse la situación actual, con un corte interno bajo y una industria exportadora con las puertas cerradas. Por eso, quienes diseñan la política buscan fórmulas que permitan transitar hacia un nuevo esquema sin generar ganadores absolutos y perdedores irreparables.
Propuesta de alineación internacional con cautelas de transición
Una de las soluciones propuestas por el gobierno y por parte del sector productivo es aumentar gradualmente el corte de biodiésel. Elevarlo al 15% pondría a la Argentina en línea con otros grandes países sojeros y permitiría absorber mayor volumen de biodiésel a nivel doméstico, reduciendo la presión sobre la exportación inmediata y generando demanda estable para la industria local. En términos macro, sería una medida coherente con la disponibilidad de materia prima y con la necesidad de integrar mayor valor agregado en la cadena.
No obstante, la transición exige cuidados para no desindustrializar a los pequeños actores. Una alternativa de compromiso consiste en permitir que la industria integrada compita por el nuevo corte interno en paridad con las no integradas, mientras se concede a estas últimas un período transitorio durante el cual puedan mantener un corte más bajo, por ejemplo del 7,5%, para poder invertir y adecuar su escala productiva a la realidad del mercado. Esa ventana temporal debería venir acompañada de apoyo financiero específico: líneas de crédito, garantías o incentivos fiscales destinados a reconversión tecnológica, ampliación de capacidad o integración vertical cuando sea viable.
Además de la financiación, es necesario definir reglas claras de acceso a licitaciones públicas, criterios de transparencia en la adjudicación, y medidas que protejan la competencia leal. La negociación de precios por compulsa puede favorecer eficiencia y bajar costos para el Estado y para los consumidores, siempre que los pliegos y mecanismos de evaluación eviten la concentración y el abuso de poder por parte de actores dominantes.
Conclusión: salir del laberinto con medidas integradas
Mantener la situación actual —un corte interno bajo y una industria exportadora con mercados vedados— no es sustentable. La Argentina, como principal exportador de aceite de soja, tiene capacidad para recuperar y expandir una industria de biocombustibles que aporte valor agregado, empleo y mayor diversificación energética. Para ello hace falta una ley que combine objetivos macro (aumentar el corte hasta niveles competitivos con el resto del mundo) con herramientas de política industrial y financiera (transición ordenada para pequeñas plantas, crédito para inversión, reglas de mercado claras).
Una solución equilibrada podría plantear un objetivo de corto a mediano plazo de elevar el corte hasta 15%, con un período transitorio que permita a las plantas no integradas adaptarse, y con instrumentos de apoyo crediticio para la reconversión. Esa vía permitiría sostener la industria, recuperar capacidad exportadora a futuro y evitar un choque abrupto que favorezca la concentración. En el espacio parlamentario y en el diseño reglamentario será clave lograr consensos que prioricen la continuidad productiva y la competencia leal, para transformar un laberinto conflictivo en una salida ordenada y beneficiosa para la economía y la cadena agroindustrial.
