Jueces limitaron al 20 por ciento el aumento de tasa vial solicitado por municipio

El proyecto para aumentar la tasa vial en el partido bonaerense de 9 de Julio fue impulsado por la intendenta del PRO, Maria Jose Gentile, y presentado al Concejo Deliberante el 27 de noviembre, apenas dentro del plazo legal. La deliberacion final sobre el Presupuesto 2026 y el tratamiento de la tasa culminaran en la sesion de Grandes Contribuyentes prevista para el lunes 29, donde podria ratificarse el nuevo valor aprobado por el cuerpo legislativo.

En lugar del aumento del 50% que proponia el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante aprobo un incremento del 20% por 13 votos a favor y cinco en contra. La propuesta inicial habia provocado rechazo en el sector productivo y en la oposicion politica porque hubiera elevado el costo promedio por hectarea de 7.100 a 10.662 pesos, lo que implicaba un aumento sustancial. Finalmente, el incremento aprobado dejo la tasa en 8.530 pesos por hectarea, un alza de 1.430 pesos. Ese partido ya se encuentra afectado por inundaciones, lo cual alimento la controversia sobre la conveniencia y el momento del ajuste.

Ignacio Palacios, presidente del bloque Juntos-UCR, explico que en el Concejo existieron dos dictamenes: uno de mayoria suscrito por PRO y La Libertad Avanza (LLA) y otro de minoria presentado por la UCR. Aunque el dictamen de mayoria fue firmado por ambos espacios, LLA termino votando en contra del aumento. La propuesta de la UCR buscaba reducir todas las tasas sensibles -ABL, tasa vial y Seguridad e Higiene- a un incremento del 20%. Ademas, se anadio un item que exonera del pago de la tasa vial a los campos declarados en emergencia o desastre agropecuario.

Palacios justifico la postura de limitar el aumento al 20% argumentando que ese porcentaje coincide con la proyeccion de inflacion para 2026 y que no se podia exigir mas a los productores en el contexto de la situacion hidrica, el mal estado de los caminos y la ausencia de un plan de trabajo por parte del Ejecutivo. Tambien remarco la falta de presentacion de un plan de trabajo solicitado por las entidades del sector. Segun sus palabras, la medida busco evitar incrementos que hubiera sido “excesivos” y dificiles de sostener para los productores locales.

En el debate participaron concejales del Partido Justicialista que se alinearon con la propuesta de limitar el aumento, en un bloque marcado por divisiones internas. Esa confluencia posibilito imponer el dictamen de disminuir las alzas al 20%, con el acompanamiento final de concejales del PRO. La sesion se prolongo desde las 19:30 hasta pasadas las 3 de la madrugada, lo que refleja la tension y la extension del tratamiento parlamentario.

La filial local de la Federacion Agraria, presidida por Patricia Gorza, celebro el resultado y sostuvo que el ajuste aprobado esta en linea con la inflacion anual proyectada por el Banco Central para 2026, a diferencia del aumento “desmedido” que proponia inicialmente el Ejecutivo. Destacaron que la presencia gremial durante toda la sesion permitio modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del incremento y conseguir la excepcion de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario. Para la entidad, esos cambios representan una defensa de una distribucion mas justa de la carga entre productores que atraviesan dificultades por inundaciones.

Desde La Libertad Avanza, su presidente de bloque, Luis Moos, explico que su voto en contra se funda en una posicion general de rechazo a cualquier aumento. Moos critico la estructura de gastos municipales, afirmando que mas del 70% del presupuesto se destina a sueldos y a una planta politica que, a su juicio, es innecesaria. Cuestiono la eficiencia de los servicios, la organizacion y el control en la gestion municipal, y considero que un nuevo incremento seria utilizado para financiar disfunciones administrativas en lugar de mejorar la infraestructura rural. Planteo que no correspondia aumentar la carga sobre los vecinos para sostener lo que definio como desorden administrativo.

Un punto resaltado por productores y entidades fue la obligatoriedad de transparentar el destino de la recaudacion de la tasa vial. Se reclamo que cada peso recaudado como contraprestacion por el uso de caminos se vea reflejado en el mantenimiento y la mejora de la red vial. En ese sentido, quienes se opusieron a aumentos mayores pidieron la rendicion de cuentas por el uso de la tasa en la gestion anterior, la presentacion de un plan de trabajo anual claro y la implementacion de controles trimestrales sobre la ejecucion de los fondos. La idea subyacente es que la tasa vial debe operar como una contraprestacion por servicios concretos y no como una fuente de gasto general sin rendicion.

La emergencia agropecuaria fue otro elemento determinante en la discusion: el gobierno nacional habia convalidado en noviembre la emergencia agropecuaria desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026 para explotaciones afectadas por inundaciones en los partidos de Bolivar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalque. Esa declaracion contribuyo a reforzar el reclamo por excepciones de pago y medidas de alivio para los productores danados. La filial de la Federacion Agraria califico como “un gran logro” politico haber conseguido la excepcion para campos en emergencia y resalto que fue el resultado de un trabajo directo con los concejales, que logro revertir una votacion que parecia practicamente decidida a favor del aumento mayor.

Por su parte, la Sociedad Rural local, vinculada a Carbap, habia manifestado desde el inicio que no se oponia a una actualizacion que acompanara la inflacion anual, pero reclamo que cualquier incremento adicional tuviera un destino especifico. La entidad solicito que los aumentos se destinen principalmente a la compra de maquinaria y que queden formalmente afectados por ordenanza, con el fin de garantizar su uso en la mejora de caminos. Ademas critico el uso de la recaudacion en gastos administrativos y exigio un plan de trabajo claro y una reforma estructural en la gestion de los caminos rurales.

La discusion y el resultado en el Concejo Deliberante reflejan una tension entre la necesidad de recursos para mantener y mejorar la red vial rural y las demandas de productores y opositores por transparencia, destino especifico de los fondos y medidas compensatorias en un contexto de emergencia hidrica. La sesion de Grandes Contribuyentes de la proxima semana debera ratificar el Presupuesto 2026 y la decision tomada sobre la tasa vial; mientras tanto, las organizaciones rurales mantendran su demanda de control permanente, rendicion de cuentas y la concrecion de un plan de trabajo anual que demuestre que la recaudacion se traduce en mejoras visibles en los caminos.

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