Carne de exportación

Ya
lo
afirmaba
Domingo
Faustino
Sarmiento:
“Quieren
que
nosotros,
que
no
tenemos
una
vaca,
contribuyamos
a
duplicarles
o
triplicarles
su
fortuna
a
los
Anchorena,
a
los
Unzué,
a
los
Pereyra,
a
los
Luro,
a
los
Duggan
y
los
Leloir
y
a
todos
los
millonarios
que
pasan
su
vida
mirando
cómo
paren
las
vacas” ^[1].
Y
ese
estigma
sigue
vigente,
como
una
condena
para
nosotros
y,
para
ellos,
en
cambio,
como
si
fuera
una
merced,
un
privilegio,
un
derecho
natural,
una
gracia
divina
que
les
da
las
fuerzas
del
cielo.

En
nuestro
país,
el
Estado,
desde
las
colonias
con
sus
permisos
de
vaquerías,
fue
un
factor
clave
en
la
conformación
de
las
grandes
unidades
de
producción
(las
estancias)
y,
posteriormente,
en
la
generación
de
tecnologías
para
el
sector.
Sin
embargo,
nunca
avanzó
en
la
promoción
de
un
emprendimiento
propio,
pese
a
contar
con
altas
capacidades
y
con
organismos
con
la
potencialidad
adecuada
para
aportar
la
investigación
necesaria,
aunque
toda
la
sociedad
financió
y
financia
la
apropiación
privada
de
la
tierra
y
del
conocimiento
producido
públicamente.

Según
el
Registro
Nacional
de
Tierras
Rurales
de
la
Argentina,
creado
por
la
ley
26.737
del
año
2011
(y
derogada
de
hecho
por
este
gobierno
por
el
DNU
70/23),
el
0,89%
de
los
propietarios
poseen
el
33,89%
de
la
superficie
con
una
extensión
promedio
de
22.000
hectáreas.
El
otro
99,11%
de
propietarios
se
reparte
el
66,11%
restante.

El
auge
del
ciclo
agrícola
y
ganadero
se
acompaña
en
forma
creciente
de
múltiples
problemas
sociales,
ambientales
y
económicos,
e
impacta
en
distorsiones
en
la
estructura
social
agraria.
La
desaparición
de
agricultores
familiares
y
pequeños
productores
y
la
consolidación
de
la
polarización
social
en
el
medio
rural
—producto
del
encarecimiento
del
paquete
tecnológico
básico
y
del
alquiler
de
la
tierra
cuando
no
es
propia—
son
algunas
de
sus
consecuencias
más
visibles,
que
continúan
incrementándose
sin
límite
en
el
tiempo.

- Advertisement -

La
propiedad
de
la
tierra
y
su
poder
económico
e
influencia
hacen
que,
a
la
vez,
la
recaudación
del
impuesto
inmobiliario
rural
(que
cobran
las
provincias)
sea
cada
vez
menor.
En
el
año
2024
solamente
fue
del
0,4%
del
PIB.
Se
recauda
más
por
impuesto
a
la
patente
automotor
o
por
el
impuesto
inmobiliario
urbano
que
por
el
gravamen
a
las
tierras
rurales.
Además,
la
explotación
de
tierras
rurales
está
exenta
del
impuesto
a
los
bienes
personales.
En
tanto,
el
IVA
(que
es
el
impuesto
al
consumo
y
lo
pagamos
todos)
representó
el
10,5%
del
PIB.

El
registro
afirma
que
26
millones
de
hectáreas,
de
las
266.707.361
hectáreas
de
tierras
rurales
que
dispone
el
país,
están
en
poder
de
1.200
titulares,
de
las
cuales
11.790.229,15
hectáreas
corresponden
a
firmas
extranjeras,
y
de
ellas,
1.877.885
hectáreas
son
propiedad
de
firmas
que
tienen
domicilio
en
guaridas
fiscales.

- Advertisement -

Paralelamente,
las
ventas
internas
y
externas
se
hacen
por
declaración
jurada
y
los
organismos
oficiales
o
privados
(caso
el
IPCVA
—Instituto
Promotor
de
la
Venta
de
la
Carne
Vacuna—;
la
Bolsa
de
Comercio
de
Rosario
y
su
centro
de
difusión
ROSGAN;
etc.)
aceptan
dichas
declaraciones
como
reales,
cuando
son
sospechadas
de
fuga,
de
doble
contabilidad,
de
evasión
y
elusión
de
impuestos.
Para
estas
maniobras
cuentan
con
los
principales
estudios
jurídico-contables
y
con
el
sector
financiero
que
hace
coincidir
sus
declaraciones
juradas
con
las
letras
de
cambio
o
cartas
de
crédito
de
los
bancos,
que
son
garantizadas
y
aseguradas
por
la
fuerte
cartelización
del
sector.

Estamos
hablando
de
las
tierras
más
fértiles
del
planeta,
donde
coexiste
la
concentración
de
la
propiedad
(y
que
viven
de
su
alquiler)
y
una
cada
vez
mayor
migración
del
sector,
que
no
puede
ser
retenida
en
el
campo
bajo
las
condiciones
del
actual
modelo
productivo
de
cada
vez
menos
productores.
Estos,
a
su
vez,
más
concentrados
y
poderosos,
y
por
tanto
fuera
del
alcance
de
nuestras
leyes
y
de
nuestra
Constitución
nacional.

“La
Aduana
denunció en
abril
y
mayo
de
2021
a
19
de
esos
frigoríficos
ante
la
Justicia
por
evasión
tributaria
y
menor
ingreso
de
divisas
al
mercado
cambiario
y
les
impuso
multas
por
casi
seis
millones
de
dólares.
Los
usuarios
de
servicios
de
faena,
que
carecen
de
una
condición
económica
que
permita
explicar
el
movimiento
de
animales
realizado,
contratan
los
servicios
de
frigoríficos,
denunció
la
AFIP.
Una
de
las
hipótesis
de
trabajo
explorada
por
los
inspectores
de
la
DGI
es
que
los
matarifes
sin
capacidad
económica
que
recurren
al
uso
de
facturas
apócrifas
constituyen
una
pantalla
para
algunos
frigoríficos
que
les
permite
evadir
impuestos
y
generar
créditos
fiscales
ficticios.
Los
frigoríficos
denunciados
declararon
exportaciones
de
hueso
y
de
carne
no
apta
para
consumo
humano,
mercadería
que
paga
un
5%
de
derechos
de
exportación,
pero
la
fiscalización
detectó
que
se
trataba
de
alimento
apto
para
consumo
humano,
tal
como
lo
había
certificado
el
SENASA
en
los
permisos
de
embarque.
Su
alícuota
es
casi
el
doble,
el
9%” ^[2].

En
la
Argentina,
existen
más
de
350
establecimientos
frigoríficos
registrados
que
faenan
bovinos.
Estos
frigoríficos
están
registrados
ante
el
Servicio
Nacional
de
Sanidad
y
Calidad
Agroalimentaria
(SENASA).
Además,
existen
frigoríficos
que
procesan
otras
especies
como
porcinos,
ovinos
y
caprinos,
así
como
establecimientos
que
elaboran
subproductos
como
cueros
y
chacinados.

Al
poder
exportar,
igualan
el
precio
de
la
carne
vacuna
con
el
del
exterior;
de
allí
la
importancia
de
los
derechos
de
exportación
(igualan
el
precio
que
obtienen
afuera
con
el
que
venden
en
el
país,
las
retenciones
son
ingresos
para
el
Estado
y
“abaratan”
el
precio
en
el
mercado
local).

La
fijación
de
los
precios
la
pueden
hacer
por
la
fuerte
concentración
económica.
Por
ejemplo,
en
el
precio
de
la
carne
vacuna,
el
Consorcio
ABC
de
exportadores
de
carne
realiza
el
80%
de
esas
ventas
externas.
Es,
además,
el
que
controla
las
ventas
por
Cuota
Hilton
y
Cuota
481
a
Europa
y
los
contratos
con
Estados
Unidos.
Presidido
por
Mario
Raventino
(quien
es
también
vicepresidente
del
IPCVA),
está
constituido
por
Frigorífico
Rioplatense
de
los
Costantini,
La
Anónima
de
los
Braun,
las
brasileña
SWIFT
Argentina
S.A.
(Minerva
Foods
de
Brasil),
el
Grupo
Marfrig
(Paty,
Vienissima,
Good
Mark,
Green
Life,
Patyviena,
ICB,
Barfy,
Tres
Cruces,
QuickFood,
La
Morocha
y
Gaucho’s
Beef),
el
Frigorífico
Gorina
(Carlos
Riusech,
CEO
del
frigorífico
Gorina
y
vicepresidente
del
Consorcio
ABC),
Arre
Beef ^[3],
Azul
Natural
Beef
(asociada
con
el
Frigorífico
Devesa),
Compañía
Bernal
(que
preside
Martín
Diego
Boquín),
etc.

Un
dato
relevante
es
que
en
el
año
2024
los
diez
principales
frigoríficos
faenaron
en
conjunto 2.746.388
vacunos,
lo
que
representa
casi
20%
de
la
faena
total.
En
tanto,
la
suma
de
las
veinte
principales
plantas
llega
a
4,37
millones,
más
del
31%
del
total.

Los
datos
oficiales
de
faena
dan
cuenta
de
que
en
la
Argentina
se
sacrificaron
en
el
año
2024
un
total
de
13.924.455
bovinos;
eso
explica
que
se
registren
4.300
operadores
de
todo
tipo
y
tamaño,
desde
grandes
frigoríficos
exportadores
que
procesaron
400.000
cabezas
ese
año
(y
que
conforman
los
350
frigoríficos
principales),
hasta
muy
pequeños
matarifes.

En
la
Argentina
se
producen
3,2
millones
de
toneladas
de
carne
bovina,
de
las
cuales
en
el
año
2024
se
declaró
exportar
un
millón
de
toneladas,
y
se
destinaron
al
mercado
interno
2,2
millones,
lo
que
da
un
promedio
de
46,8
kilogramos
per
cápita
por
año,
que
es
la
cifra
más
baja
desde
que
se
lleva
registro
(menos
que
los
46,9
kilogramos
de
1920,
hace
105
años).
Consumo
que
es
sustituido
parcialmente
por
el
de
carne
de
pollo
y
de
cerdo,
pero
que
demuestra
la
disminución
del
poder
adquisitivo
de
la
mayor
parte
de
la
población ^[4].

En
este
caso,
los
brasileños
que
controlan
dos
plantas
de
Swift
sumaron
un
total
de
494.000
cabezas
y
se
constituyeron
en
el
principal
grupo
de
faena,
mientras
que
el
supermercado
Coto
(que
vende
principalmente
al
mercado
interno,
exporta
un
25%
de
su
producción
y
no
está
asociado
al
Consorcio
ABC)
quedó
en
segundo
lugar
con
470.000
vacunos
faenados.
Completan
las
primeras
posiciones
por
operador
el
frigorífico
Gorina,
el
Rioplatense,
Arre
Beef,
La
Anónima,
Compañía
Bernal,
Quickfood
(Marfrig)
y
Carnes
Pampeanas
S.
A.

Las
ventas
externas
y
el
cada
vez
menor
pago
de
derechos
e
impuestos

Según
el
INDEC,
las
exportaciones
del
año
2024
sumaron
79.721
millones
de
dólares.
El
complejo
exportador
bovino
contribuyó
con
3.790
millones
de
dólares.
Solo
el
4,75%
del
total
con
la
extensión
de
tierras
que
se
dedica
a
la
ganadería,
que
torna
ya
de
por
sí
poco
creíble
ese
número.
Y
en
la
última
publicación
del
INDEC
“Complejos
Exportadores”,
se
expone
que
el
88,8%
del
total
correspondió
a
carne
bovina
(principalmente
deshuesada,
congelada
y
fresca
o
refrigerada);
mientras
que
el
11,2%
restante
estuvo
constituido
por
cueros
(fundamentalmente
curtidos).

Milei
dice:
“En
la
Argentina
está
prohibido
no
exportar”.
No
bien
asumió,
a
través
del
SENASA,
habilitó,
a
partir
del
1
de
enero
de
2024,
la
exportación
de
cortes
bovinos
frescos
y
de
los
denominados
cortes
preferidos
frescos,
enfriados
o
congelados,
que
son
el
asado
con
o
sin
hueso;
falda;
matambre;
tapa
de
asado,
nalga;
paleta
y
vacío,
que
todos
los
gobiernos
anteriores
preservaron
para
el
consumo
interno
(la
medida
se
basa
en
que
el
31
de
diciembre
de
2023
finalizaron
los
efectos
del d ecreto 911/2021,
por
el
cual
estaba
suspendida
la
exportación
de
esos
cortes
bovinos).
Y
a
través
del
decreto
133/2025,
publicado
el
26
de
febrero
de
2025
en
el
Boletín
Oficial,
se
eliminó
la
restricción
de
exportar
ganado
vacuno
en
pie.

Los
cueros
bovinos
se
dirigieron
fundamentalmente
hacia
la
ASEAN
—Asociación
de
Naciones
del
Sudeste
Asiático—
(157
millones
de
dólares)
y
China
(126
millones
de
dólares).

Los
principales
destinos
de
las
exportaciones
de
carne
bovina
fueron
China
(1.663
millones
de
dólares),
la
Unión
Europea
(560
millones
de
dólares),
USMCA
—México,
Estados
Unidos
y
Canadá
(325
millones
de
dólares,
con
una
participación
de
Estados
Unidos
del
77,5%)
y
Medio
Oriente
(284
millones
de
dólares,
de
los
cuales
267
millones
fueron
a
Israel).

Pero
Javier
Milei
ayer
en
la
Sociedad
Rural
Argentina
afirmó
que
las
retenciones
a
la
carne
aviar
y
vacuna
se
reducirán
de
6,75%
a
5%;
las
retenciones
al
maíz
y
al
sorgo,
de
12%
a
9,5%;
al
girasol,
de
7%
y
5%
a
5,5%
y
4%;
a
la
soja,
de
33%
a
26%,
y
a
los
subproductos
de
soja,
de
31%
a
24,5%,
e
incluye
las
rebajas
transitorias
al
trigo
y
a
la
cebada
que
serán
permanentes,
por
lo
tanto
significa
una
disminución
importante
de
la
actividad
agropecuaria
en
su
conjunto
y
más
por
su
volumen
de
exportación
para
el
agro
que
para
la
ganadería.

En
primer
lugar
y
con
datos
de
la
ARCA
(Agencia
de
Recaudación
y
Control
Aduanero),
en
el
primer
semestre
ingresó
por
el
IVA
la
suma
de
28,7
billones
de
pesos,
y
por
el
total
de
los
derechos
de
exportación
(retenciones),
4,2
billones
de
pesos
(el
14,8%
del
IVA
y
solo
el
4,88%
del
total
de
la
recaudación
tributaria).
El
pago
de
las
retenciones
por
exportación
del
complejo
bovino
fue
en
ese
lapso
de
solo
0,14
billones
de
pesos,
pese
a
que
superaron
el
millón
de
toneladas
vendidas
al
exterior.

La
única
forma
de
negociar
con
los
220.000
productores
y
los
4.300
matarifes
e
industriales
es
limitando
las
exportaciones
y
obligando
a
aumentar
la
oferta
local
a
precios
acordes
a
las
posibilidades
de
los
consumidores.

En
síntesis

Consultado
sobre
si
los
empresarios
cárnicos
son
poco
productivos
o
existe
falta
de
vientres,
Alberto
Samid
respondió
que
“hace
25
años
se
declara
la
misma
cantidad
de
vacas,
55
millones
de
cabezas;
de
ese
total,
20
millones
que
son
de
madres.
Hay
que
poner
cupo
de
exportación
y
darles
la
exportación
a
los
frigoríficos
que
históricamente
ya
vienen
trabajando.
Los
supermercados
no
deben
exportar”.

El
camino
debe
ser
exactamente
al
revés:
fiscalizar
y
castigar
severamente
las
actividades
monopólicas
y
cuasimonopólicas,
detraer
con
impuestos
parte
de
esa
renta
y
luego
tomar
medidas
que
impulsen
la
producción
y
el
trabajo.

La
Sociedad
Rural
Argentina
y
los
grandes
productores,
acopiadoras
y
comercializadores
de
granos
no
festejan
solamente
la
baja
de
retenciones
y
demás
favores
fiscales,
festejan
la
“libertad”
que
tienen
para
declarar
lo
que
ellos
quieren,
grandes
extensiones
de
tierra,
mejora
de
la
ganadería
por
cruza
con
nuevas
razas
y
toda
una
red
sanitaria
y
de
servicios
a
su
disposición
para
la
SRA
y
el
manejo
de
los
puertos
y
la
Aduana,
todos
los
exportadores.

En
lugar
de
ello,
la
ANSeS
anuncia
que
para
el
mes
de
agosto
de
2025
la
jubilación
mínima
será
de
314.305,37
pesos.
Y
es
un
aumento
de
5.010
pesos
respecto
del
valor
de
julio,
cuando
el
kilo
de
carne
picada
está
a
9.000
pesos
y
el
kilo
de
asado,
entre
12.000
y
14.000
pesos.

El
Estado
debe
tener
empresas
testigos
en
la
producción
y
en
la
comercialización
de
carnes
(y
de
todos
los
alimentos),
para
garantizar
un
precio
acorde
a
la
capacidad
de
ingresos
de
la
mayoría
de
la
población.

La
“libertad”
avanza.