En los Tribunales Provinciales de Villa Constitucion se formalizo una imputacion que transforma una denuncia por animales desaparecidos de un influencer en una causa por supuesta defraudacion por abuso de confianza. El fiscal a cargo presento cargos contra un hombre identificado en la causa como Nicolas C. y el juzgado dispuso restricciones por 90 dias, entre ellas la obligacion de fijar domicilio y la prohibicion de salir del pais mientras se avanza en la pesquisa.
La hipotesis fiscal sostiene que al menos 161 cabezas de ganado fueron vendidas mediante una operatoria comercial sin la autorizacion del productor denunciante, el influencer agropecuario Bruno Riboldi. La aparicion posterior de la hacienda en un establecimiento de Chabas resulto determinante para cambiar la calificacion inicial: en lugar de un robo domestico, los movimientos registrados apuntan a una transaccion dentro del circuito comercial que habria omitido la conformidad del dueno.
Documentos y hallazgos que orientan la causa del influencer
La pesquisa se enfoca en una serie de tramites y traslados que se habrian realizado entre fines de febrero y mediados de marzo en un campo de Santa Teresa, donde el imputado ejercia la custodia de los animales. Segun la fiscalia, la venta se concreto a traves de una consignataria y los animales terminaron en un feedlot de Chabas, lo que permitio a los investigadores trazar la cadena de comercializacion y localizar la hacienda.
Ademas, los peritajes y la revision de tramites administrativos detectaron un intento de emitir nuevas guias de traslado por 190 animales sin que el denunciante hubiese otorgado permiso. Ese intento fue advertido y bloqueado por Riboldi antes de que se consumara, segun fuentes judiciales. El productor relata que el 17 de marzo verifico en el sistema del organismo sanitario nacional que se habian generado guias por esos animales, lo que lo llevo a anularlas y presentar la denuncia. Tras esa alerta, un operativo conjunto con la patrulla rural constato inicialmente la ausencia de bovinos en el campo, lo que encendio las alarmas.
La firma vinculada a la comercializacion, Aguirre Vazquez Sociedad Anonima, publico un comunicado en el que afirma haber sido tambien damnificada por la maniobra y se puso a disposicion de la investigacion, aportando documentacion y anunciando que presentara su propia denuncia penal. La compania sostiene que sus registros y plazos comerciales quedaron comprometidos por lo ocurrido.
Relatos enfrentados y proximas estrategias procesales
Las versiones sobre lo sucedido difieren de manera sustancial. La defensa del imputado argumenta que no existe fraude y que la venta se inserto en una practica comercial habitual entre las partes. El abogado defensor adelanto que aportaran mensajes privados y documentacion que, segun su lectura, demostrarian que Riboldi conocia la operatoria y aceptaba los tiempos de cobro tipicos de una consignataria, que pueden extenderse entre 30 y 45 dias. Desde esa perspectiva, el conflicto habria estallado por un reclamo por plazos de pago y no por una maniobra enganosa.
Segun la defensa, la relacion entre el productor y la persona imputada no era circunstancial: llevaban a cabo, dicen, varios ciclos de engorde bajo el mismo esquema comercial, con la practica habitual de dejar el ganado en custodia para ser engordado y vendido posteriormente. Esa continuidad contractual y los mensajes privados que aseguran tener en su poder constituyen la base de la estrategia para pedir el sobreseimiento y el archivo de la causa.
Por su parte, la acusacion procura determinar si la decision de vender fue unilateral o si existio un acuerdo previo que habilitara la transferencia de la hacienda. De confirmarse la primera alternativa, la calificacion por defraudacion por abuso de confianza podria consolidarse y avanzar hacia una etapa procesal mas formalizada. Si, en cambio, emergen pruebas de consentimiento o de aceptacion de la operatoria por parte del denunciante, la defensa buscara el cierre de la investigacion.
En paralelo, la instruccion judicial tendra que evaluar la documentacion de la consignataria, los registros de SENASA, las guias de traslado y la correspondencia privada entre los involucrados para reconstruir tiempos y responsabilidades. Las medidas cautelares impuestas por 90 dias apuntan a garantizar la continuidad del proceso mientras se recaban esos elementos probatorios.
Impacto comercial y reputacional, y posibles consecuencias
Mas alla del tramite procesal, el caso expone fragilidades en las practicas de consignacion y en el control de la cadena de comercio de ganado, con consecuencias para actores del sector que confian en acuerdos informales o en la buena fe de sus contrapartes. Para el influencer y productor que denuncio la situacion, la causa abre una disputa publica sobre la trazabilidad de sus animales y su reputacion en redes y mercados. Para la firma consignataria y el establecimiento donde se hallo la hacienda, la investigacion implica justificar movimientos y demostrar contabilidad y cumplimiento normativo.
El desenlace dependera del material probatorio que presenten las partes en los proximos dias: documentos de venta, ordenes de consignacion, comprobantes de cobro o falta de ellos, comunicaciones internas y registros oficiales de traslado. Si la fiscalia logra acreditar la venta sin autorizacion, el imputado podria enfrentar cargos por defraudacion; si las pruebas muestran que el productor conocia y acepto los terminos, la causa podria cerrarse por falta de delito.
Mientras tanto, el proceso judicial seguira bajo la lupa publica: las proximas audiencias y las pruebas que las partes aporten definiran si el episodio fue una infraccion comercial susceptible de reparacion o un hecho penal que requiere sancion. En cualquier caso, el expediente reconstruira practicas cotidianas del negocio ganadero en las que la confianza, la documentacion y los plazos de cobro juegan un papel central y, si fallan, generan consecuencias legales y economicas para todos los involucrados.
