La Union Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anuncio la restauracion del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) tras una resolucion dictada por el juez federal Sebastian Casanello. Segun el gremio, la decision judicial pone fin a una intervencion que se extendio por mas de un ano y que, en su opinion, estuvo caracterizada por “graves irregularidades, denuncias y un claro atentado contra la autonomia sindical”.
En su comunicado, la UATRE recogio el texto del fallo de Casanello, que considera “practicamente nula” la hipotesis original que motivo la intervencion y concluye que “no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervencion de la obra social”. Con esa fundamentacion, el juez ordeno la inmediata restitucion de las autoridades elegidas de Osprera, devolviendo la gestion a la conduccion que habia sido desplazada en octubre de 2024.
Esa medida de octubre del ano pasado fue dictada por el juez Villena, cuya actuacion esta actualmente bajo investigacion por presunto prevaricato. El gremio y parte del expediente judicial senalaron que la decision de Villena se adopto en un contexto de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, argumentos que motivaron recusaciones por parte de los fiscales. Casanello, al evaluar la continuidad de la intervencion, concluyo que las razones iniciales que justificaron el desplazamiento del directorio ya no se sostienen.
Durante el periodo de intervencion, la UATRE relato una serie de denuncias contra el interventor designado por decreto presidencial, Marcelo Petroni. El sindicato afirmo que la gestion interventora estuvo marcada por multiples irregularidades administrativas y decisiones que, segun su version, afectaron directa y negativamente la prestacion de servicios de salud a los afiliados. Entre las criticas formuladas por la UATRE se destacan las siguientes:
– Duplicacion innecesaria de la estructura administrativa, con nombramientos de dirigentes que habian sido derrotados en elecciones internas y que, segun el sindicato, carecian de experiencia en la administracion de prestaciones de salud.
– Priorizacion de negocios espurios y pagos de facturas por servicios que, segun las denuncias, no se habrian concretado en prestaciones efectivas.
– Reduccion drastica del gasto en prestaciones medicas, que habria provocado interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncologicos y de alto costo.
La UATRE sostuvo que estas medidas tuvieron “consecuencias devastadoras” para miles de afiliados y enumero efectos concretos: agravamiento de patologias, empeoramiento de cuadros graves y, en casos extremos, muertes que atribuyen a la falta de cobertura o a la interrupcion de tratamientos. Como ejemplo puntual, el sindicato menciono el caso de Jose Alfredo Garavento, paciente oncologico que fallecio en febrero de 2025 tras la interrupcion de su tratamiento. En su relato, la UATRE remarco que hasta diciembre pasado se habian registrado 476 acciones de amparo en la Justicia por falta de cobertura, muchas de las cuales no habrian sido cumplidas, y que se habian iniciado tres causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”.
Es importante subrayar que estas descripciones corresponden a las denuncias y afirmaciones del gremio. En el proceso judicial y administrativo han participado diversas partes con posiciones contrapuestas: la UATRE como representante de los afiliados y de la junta directiva desplazada; el interventor designado por el Poder Ejecutivo; y autoridades judiciales y fiscales que evaluaron la legalidad y la procedencia de las medidas adoptadas. La investigacion sobre la actuacion del juez Villena y la situacion administrativa de Osprera son aspectos formales que continuan en curso en los ambitos correspondientes.
La disputa alrededor de Osprera genero fuertes cruces entre la UATRE, que conduce Jose Voytenco, y representantes del Gobierno nacional. En varios pronunciamientos publicos, el sindicato cuestiono las decisiones administrativas adoptadas durante la intervencion y responsabilizo a las autoridades designadas por decreto de haber priorizado intereses ajenos a la salud y al bienestar de los afiliados. Desde el Gobierno y el propio interventor, en tanto, se presentaron defensas de sus gestiones y argumentos sobre la necesidad de controlar irregularidades previas, aunque esos posicionamientos no figuran en detalle en el comunicado del gremio.
Con la resolucion de Casanello, la UATRE valoro la restitucion como la recuperacion de la gestion por parte de “las autoridades elegidas legitimamente”, tras mas de un ano de conflicto institucional, judicial y de perjuicios a los afiliados. Al mismo tiempo, el sindicato reconocio que la vuelta al control formal no implicara una normalizacion inmediata de todas las operaciones: afirmo que “no sabemos en que estado sera devuelta la Obra Social. No sera facil ni inmediato”, y adelanto que trabajara para garantizar una “obra social digna, autonoma y al servicio exclusivo de las familias rurales”.
Asimismo, la UATRE reafirmo su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la transparencia en la administracion de fondos de la obra social y la prioridad absoluta de proteger la salud y los derechos de los peones rurales y estibadores en todo el pais. El sindicato anuncio que continuara impulsando acciones para restituir la normalidad institucional y atender a los afiliados afectados por las supuestas irregularidades ocurridas durante la intervencion.
El fallo que ordeno la restitucion abre un nuevo capitulo en un proceso que combino decisiones judiciales, reclamos administrativos y denuncias penales. En adelante, la atencion se centrara en la implementacion practica de la transferencia de responsabilidades, en la evaluacion de eventuales responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos denunciados, y en la reparacion de las prestaciones afectadas. Tambien sera relevante el seguimiento de las causas abiertas, incluidas las investigaciones sobre la actuacion del juez Villena y las acciones impulsadas por afiliados que reclamaron proteccion judicial para acceder a tratamientos.
En resumen, la resolucion de Casanello devolvio el manejo de Osprera a la conduccion electa, lo que la UATRE celebro como el fin de una intervencion que considero ilegitima y perjudicial. Quedan por resolverse, sin embargo, las consecuencias practicas para los afiliados, la aclaracion de responsabilidades y la reconstruccion de la operativa de la obra social, procesos que la organizacion sindical y los organos judiciales deberan supervisar y acompanar en los proximos meses.
