En un comunicado, la Cancillería chilena señaló que la muerte del líder indígena se produjo en un contexto de “deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Nicaragua, una situación que, afirmó, ha sido documentada por organismos internacionales.
El gobierno del presidente José Antonio Kast instó a las autoridades nicaragüenses a realizar una investigación “transparente, independiente y rigurosa” que permita determinar las condiciones médicas y los hechos que derivaron en la muerte de Rivera Bryan.
Asimismo, Chile reafirmó su compromiso con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y las garantías humanitarias fundamentales.
La declaración subrayó, además, que, en línea con las posiciones sostenidas por Santiago en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), resulta necesario avanzar hacia una normalización democrática en Nicaragua mediante el restablecimiento de la separación de poderes y el fortalecimiento de las instituciones.
“El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con la promoción y defensa de los derechos civiles, las libertades fundamentales y las garantías democráticas indispensables para la estabilidad regional”, concluyó el comunicado (ANSA).
