Una oenegé salvadoreña que defendía a mujeres presas por abortar anunció este lunes su cierre tras dos décadas de labores, en medio de crecientes restricciones al trabajo de las asociaciones civiles.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto logró que unas 80 mujeres “criminalizadas” por interrumpir el embarazo fueran dejadas en libertad, recordó la organización en un comunicado.
También promovió sin éxito cambios en la ley que castiga con cárcel el aborto, así como condenas internacionales contra el Estado salvadoreño, añadió la oenegé, que denuncia un ambiente “hostil” para su funcionamiento legal.
El aborto es castigado en El Salvador con penas de dos a ocho años de prisión, pero en algunos casos es interpretado por la justicia como homicidio agravado, lo que eleva el castigo hasta 50 años de cárcel.
La asociación recordó que en 2025 el Congreso, afín al presidente derechista Nayib Bukele, aprobó una ley de agentes extranjeros similar a las de Rusia y Nicaragua, que fija un impuesto del 30% sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero las oenegés.
Colectivos de derechos humanos denuncian que esa normativa busca silenciar sus denuncias contra el gobierno de Bukele, acusado de cometer abusos en el marco de su guerra contra las pandillas.
Debido a ello, la reconocida Cristosal y otras organizaciones humanitarias cerraron operaciones en el país en 2025 y trabajan desde el exilio.
A pesar de lo que considera un “contexto adverso y de persecución”, el colectivo anunció que continuará su activismo en el país con un enfoque regional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en diciembre de 2024 al Estado salvadoreño por impedir en 2013 el aborto de una mujer de 22 años conocida con el seudónimo de Beatriz, pese a que su vida corría peligro y el feto tenía una malformación congénita.
