Según la declaración conjunta emitida por el Departamento de Estado y distribuida por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y a la que iProfesional en horas recientes, el esquema concentra proyectos en cuatro sectores clave: energía, minería, transporte y telecomunicaciones.
La profundización del alineamiento de la gestión presidencial de Javier Milei con el gobierno estadounidense de Donald Trump subió un nuevo escalón en las últimas horas. Ocurre que Argentina y Estados Unidos acaban de poner en marcha el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral que contempla herramientas de financiamiento por hasta u$s7.000 millones hacia 2027 con foco en el desarrollo de infraestructura estratégica. El acuerdo en cuestión fue presentado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Vaca Muerta, litio, tierras raras, uranio, cobre, la conectividad y el movimiento de materiales e insumos industriales clave se erigen como los aspectos y tópicos que sumarán protagonismo a partir de este acuerdo.
El esquema financiero que se activa
El pilar financiero se apoya en el marco de cooperación “U.S.-Argentina Build the Future Framework”, suscrito entre la Argentina y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM).
El objetivo central pasa por modernizar y fortalecer las redes que conectan el noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los principales mercados de Occidente. La iniciativa abarca ferrocarriles, vías navegables, puertos, ductos, redes eléctricas e infraestructura digital.
Dicha cifra y los alcances del corredor salen de la hoja informativa difundida por el Departamento de Estado y el EXIM. El mecanismo exige que las iniciativas completen de manera previa sus contratos, licitaciones y condiciones formales de crédito.
La cifra de u$s7.000 millones no representa un crédito único ni una transferencia directa de dinero al Estado argentino: funcionará como un cupo global de asistencia que dependerá de la evaluación, presentación y aprobación de proyectos específicos.
El eje energético y el megaproyecto de GNL
La infraestructura energética constituye una de las principales prioridades del acuerdo. El corredor busca reducir los cuellos de botella que limitan el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas de, por ejemplo, la cuenca neuquina mediante obras de transporte, ductos, generación y transmisión eléctrica.
En ese proceso intervendrán también la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), junto con la movilización de inversores y capitales del sector privado estadounidense.
La operación busca respaldar de manera directa la adquisición de bienes y servicios estadounidenses necesarios para construir la infraestructura.
La propuesta más concreta del paquete se vincula con Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado liderado por YPF junto a Eni y XRG. Para este desarrollo, el EXIM emitió una propuesta de financiamiento de largo plazo y no vinculante por hasta 6.000 millones de dólares.
El crédito todavía requiere la aprobación definitiva del directorio del EXIM y la decisión final de inversión (FID) por parte de los socios del consorcio, prevista para finales de 2026. La solicitud del proyecto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) abarca unos u$s51.000 millones en su vida útil y contempla 29.000 millones invertidos hasta 2031.
Entre ellos figuran el contrato de McDermott para la planta de fraccionamiento de líquidos y tratamiento de gas, además de un sistema de ductos adjudicado por más de u$s1.000 millones al consorcio integrado por Pumpco —subsidiaria de la estadounidense MasTec—, Bonatti y Contreras Hermanos.
El interés en Vaca Muerta
El acceso a los fondos del EXIM impone condiciones técnicas estrictas. Al tratarse de una entidad de créditos a la exportación, el financiamiento se mide de forma proporcional en función de los insumos, maquinaria y servicios comprados a proveedores de Estados Unidos.
Respecto de la injerencia del EXIM en estos proyectos en Argentina, su titular, John Jovanovic, declaró recientemente que el organismo “está avanzando con determinación hacia las industrias del futuro. Para ello, debemos proteger nuestras cadenas de suministro, apoyar el empleo en Estados Unidos y garantizar que los trabajadores, los productos y la experiencia estadounidenses lleguen a todos los rincones del hemisferio occidental”.
En principio, dicha condición puede ser cumplida por un exportador de GNL con contratos de largo plazo, pero en el sector energético reconocen que resulta más compleja de alcanzar para quienes operan en el mercado interno.
A eso además hay que sumarles un plazo de apoyo inicial por parte del banco, fijado en un máximo de hasta siete años para deudores de la Argentina y atado al desarrollo de los proyectos que se financien. Para extender ese margen, la iniciativa debe generar ingresos en dólares depositados en cuentas del exterior.
Entre los activos mencionados figuran la Hidrovía y las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, sometidas a procesos de privatización.
En materia de transporte, el documento de la representación diplomática estadounidense al que tuvo acceso este medio detalla que el acuerdo busca identificar obras prioritarias para rehabilitar y expandir la red logística que traslada la producción a las terminales marítimas.
Acceder a los recursos del reservorio patagónico se ubica entre las prioridades de la hoja de ruta establecida por los potenciales financiadores estadounidenses.
En esos casos, las empresas de Estados Unidos podrán participar como licitantes o subcontratistas. También se analiza una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca para bajar los costos del flete.
A diferencia del sector energético, la declaración conjunta no individualizó proyectos mineros concretos con financiamiento aprobado. De ahí que la asistencia dependerá de las obras de transporte que conecten los proyectos de extracción minera con las terminales marítimas.
Minerales críticos, redes eléctricas y conectividad digital
En paralelo, la minería ocupa otro lugar central en la estrategia bilateral, con foco en la extracción y procesamiento de cobre, tierras raras y litio para integrar los yacimientos de la Puna y Cuyo con las cadenas de suministro de Estados Unidos.
Por el lado eléctrico, en el paquete de intereses se incluyeron proyectos de generación y transporte de alta tensión, entre los que figura la línea AMBA I. La iniciativa en cuestión demandará una inversión estimada de u$s800 millones y ya cuenta con el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En línea con eso, está prevista para el mes próximo la visita de una delegación del Departamento de Estado, EXIM y DFC que mantendrá reuniones en Buenos Aires, Salta y Jujuy para identificar oportunidades mineras y evaluar carpetas de potenciales áreas a explotar.
Además, el entendimiento prevé un incremento en la actividad comercial de Metrotel y la incorporación de tecnologías confiables para la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera, “en sintonía con el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos”.
El componente digital abarca la expansión de redes de fibra óptica, cables submarinos y centros de datos. El documento menciona la licitación para modernizar la red de Arsat, donde el BID aporta u$s49 millones para su etapa inicial.
A cambio, la administración de Javier Milei se comprometió a ofrecer marcos legales y regulatorios “transparentes, predecibles y efectivos” para las concesiones de infraestructura.
Marco regulatorio y proyección geopolítica
De esta forma, Washington se compromete a aportar herramientas de financiamiento, asistencia técnica y capital privado para el desarrollo de proyectos extractivistas pero siempre con prioridad para empresas estadounidenses.
El acuerdo que hace al Corredor Andes-Atlántico trasciende la agenda económica bilateral al quedar integrado a la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global.
El esquema incorpora al RIGI como herramienta de atracción de capitales. Desde septiembre, toda solicitud de adhesión a dicho régimen requiere la intervención previa de la Cancillería en el circuito de aprobación.
Ligado a lo anterior, la evolución del caso Lobito muestra los plazos en los que suele implementarse el modelo de corredor establecido ahora: el financiamiento directo de la DFC de u$s553 millones se concretó 19 meses después del anuncio inicial y sobre concesiones que ya contaban con un operador privado adjudicado.
Esta red replica iniciativas geopolíticas impulsadas por la administración estadounidense en otras zonas del mundo, como el corredor de Lobito en África subsahariana, el corredor de Luzón en Filipinas, el Corredor India-Medio Oriente-Europa y la Ruta Transcaspiana.
