Durante la audiencia, el apoderado de Granja Tres Arroyos, Walter Carrizo, confirmó la decisión empresarial. “En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, sostuvo el representante legal.
El colapso operativo y financiero de Granja Tres Arroyos sumó un capítulo de altísima tensión social y judicial. Sin acuerdo tras la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata, la empresa ratificó el despido de 1.250 trabajadores repartidos en tres plantas estratégicas. La decisión recae sobre 700 operarios de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 del establecimiento ubicado en Pilar. En paralelo, la Justicia Comercial acaba de ordenar la inhibición provisoria de todos los bienes del Grupo GTA, conglomerado integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial. La medida fue adoptada tras las presentaciones realizadas por la sindicatura que interviene en la quiebra de Rasic Hermanos y por extrabajadores de las plantas I y II de Wade, que antes pertenecían a Cresta Roja. Los actores en cuestión denunciaron maniobras de presunto vaciamiento de las instalaciones.
Carrizo aclaró que la medida “no constituye la comunicación de nuevos despidos”, mientras que desde la firma aseguraron que mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables.
La compañía argumentó que las medidas respondieron a la “necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”.
Fuentes gremiales indicaron que los reclamos se tramitarían bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, remarcaron que primero deberá definirse la intervención judicial. “Se está a la espera de que la Cámara designe un juzgado, para que este designe un síndico. Y el síndico va a determinar, una vez que la empresa tenga los fondos, qué crédito tiene que pagar”, explicó un portavoz sindical.
Indemnizaciones en una nebulosa
Pese al vencimiento de la conciliación obligatoria, la representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) advirtió que el cobro de los haberes indemnizatorios todavía es una incógnita.
Sin embargo, Páez Castañeda remitió las actuaciones al Juzgado Comercial Nº 1, donde su titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa. La falta de resolución sobre qué magistrado asumirá el proceso mantiene en suspenso la apertura formal del concurso, un escenario ante el cual la empresa advirtió que “indefectiblemente conducirá a la inminente quiebra“.
Dicha instancia se encuentra frenada por una disputa de competencia en los tribunales comerciales. Granja Tres Arroyos solicitó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, a cargo de Germán Páez Castañeda, tramite conjuntamente los concursos de acreedores de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA.
La cautelar fue adoptada tras presentaciones realizadas por la sindicatura de la quiebra de Rasic Hermanos y por extrabajadores de las plantas I y II de Wade (ex Cresta Roja).
Un rojo multimillonario e inhibición por presunto vaciamiento
La traba judicial se complica aún más por la inhibición provisoria de todos los bienes dispuesta sobre el Grupo GTA, que abarca a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial.
La Justicia intimó a la cúpula a presentar en 10 días un inventario de activos, personal y fondos.
Como detalló iProfesional, los denunciantes expusieron presuntas maniobras de vaciamiento y detallaron que de las instalaciones se retiraban diariamente “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos”, sumado al desmantelamiento de líneas productivas, aportando un pendrive con fotos y videos como prueba.
El desglose expone $199.000 millones en deudas financieras, $161.000 millones con proveedores, $78.000 millones en compromisos laborales y previsionales, $52.000 millones impositivos y $46.000 millones comerciales.
El trasfondo de esta disputa exhibe un agujero financiero por demás contundente. Al 31 de diciembre de 2025, la compañía informó un pasivo total de aproximadamente $536.000 millones distribuido entre 4.978 acreedores.
Las razones de la empresa y la herencia de Cresta Roja
Un componente central de este endeudamiento se remonta a marzo de 2018, cuando Wade adquirió los activos de Cresta Roja a Proteinsa S.A. por u$s80 millones, una operación donde Granja Tres Arroyos actuó como garante principal.
A ese cuadro se agregan más de $126.000 millones en cheques rechazados y un balance anual que cerró con pérdidas operativas por $122.052 millones, habiendo asentado la cesación de pagos el 29 de enero.
En sus presentaciones ante los tribunales, el Grupo GTA —controlado en un 99,9% por Holding Agro Industrial y el resto por la familia fundadora— justificó el colapso en la “acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos“.
Parte sustancial del pasivo actual corresponde al saldo impago de esa compra, razón por la cual Proteinsa y la sindicatura de Rasic impulsaron las medidas cautelares sobre el patrimonio.
A la distorsión de precios locales se sumaron la sequía de la campaña 2022/2023, la presión por el ingreso de carne aviar importada desde Brasil y el cierre de mercados externos tras brotes de gripe aviar.
La firma argumentó dificultades para trasladar costos al mostrador, afirmando que “GTA se vio forzada a comercializar su producción a valores por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y conservar la cadena de distribución, absorbiendo pérdidas operativas corrientes que ahogaron definitivamente su liquidez”.
