El Gobierno nacional decidio incorporar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en su plan de desregulacion, eliminando normas y funciones que hasta ahora habia desempenado esa entidad. La medida genero rechazo dentro de la cadena vitivinicola: no solo por parte del sindicato del INV, que ya ha expresado su descontento reiteradamente, sino tambien entre sectores empresariales que, si bien apoyan la simplificacion de tramites, consideran que se avanzo indebidamente sobre herramientas clave para garantizar la calidad y la trazabilidad del vino.
Cuatro entidades representativas del sector -la Asociacion de Cooperativas Vitivinicolas Argentinas (ACOVI), Union Vitivinicola Argentina (UVA), la Asociacion de Vinateros de Mendoza (AVM) y la Camara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA)- buscaron primero dialogo con las autoridades, mantuvieron una reunion con el ministro de Desregulacion y Transformacion del Estado, Federico Sturzenegger, y remitieron asimismo una carta al ministro de Economia, Luis Caputo. Al no obtener respuestas que restituyeran las herramientas cuestionadas, esas organizaciones presentaron una accion de amparo ante la Justicia para frenar una de las medidas de desregulacion implementadas en el INV.
El nucleo del conflicto es la modificacion del caracter obligatorio del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU). Durante decadas el CIU funciono como pilar del sistema de trazabilidad del vino en la Argentina: es un registro oficial que acredita el ingreso de la uva a la bodega, consignando datos como peso, variedad y tenor azucarino. Esa informacion permite reconstruir la cadena productiva, vincular la materia prima con el producto elaborado y, a traves de un codigo de analisis que figura en la etiqueta, ofrece al consumidor la posibilidad de consultar datos analiticos y de origen en la web del INV.
Con la decision oficial de que el CIU pase a ser optativo, asociaciones de productores y bodegas advierten riesgos concretos. En primer lugar, se teme que la eliminacion de la obligatoriedad debilite la trazabilidad, lo que facilitaria practicas como la adulteracion o la dilucion del vino, al dificultarse la verificacion rigurosa del origen y la calidad de la uva empleada. En segundo termino, se senala la posibilidad de competencia desleal: bodegas que mezclen uvas de distintas regiones sin registro podrian afectar el valor de las denominaciones de origen y la propiedad intelectual asociada a ciertos vinos y vinedos. Para productores que trabajan bajo el regimen de maquila -en el que la uva pertenece a terceros- el CIU ha sido especialmente importante como prueba de la titularidad de la materia prima.
Ademas del CIU, las organizaciones reclaman la preservacion de la Declaracion Jurada Anual de Elaboracion (conocida como CEC 05) y su Anexo de Terceros. Ese formulario complementa al CIU al registrar los volumenes elaborados y las titularidades correspondientes, aportando continuidad administrativa y respaldo documental que permite identificar con precision la produccion de terceros y evitar conflictos sobre derechos y disponibilidad de producto. En conjunto, CIU y CEC 05 conforman la estructura sobre la que se basa el control, registro y verificacion del INV y, segun las entidades, son la columna vertebral de la trazabilidad vitivinicola.
En una nota dirigida al ministro de Economia, las autoridades provinciales de produccion de varias provincias vitivinicolas y representantes del sector expresaron apoyo a reformas que persigan eficacia y desburocratizacion, pero condicionaron ese apoyo a la preservacion de herramientas que garanticen la calidad, la genuinidad y la aptitud para el consumo de los productos vitivinicolas, asi como la proteccion de los derechos de propiedad de quienes participan en la cadena de valor. La carta subraya que la trazabilidad es esencial para garantizar calidad y autenticidad, resguardar la propiedad y la participacion real de cada actor, sostener la integridad estadistica del INV (herramienta para la toma de decisiones publicas y privadas), mantener estandares internacionales de control e identificacion, y brindar confianza a consumidores y mercados, tanto internos como externos.
Los firmantes advirtieron que la eliminacion del CIU y la ausencia del CEC 05 fragmentarian el sistema integral de trazabilidad, generarian incertidumbre y afectarian la seguridad juridica de miles de productores. Por ese motivo, requirieron la plena continuidad de esos instrumentos como condicion para que cualquier proceso de simplificacion normativa no dane la transparencia, la confianza ni la integridad de la cadena vitivinicola.
La reaccion del sector fue variada. Algunas bodegas y camaras recibieron con beneplacito las medidas de desregulacion, valorando la reduccion de tramites y una mayor agilidad administrativa. Sin embargo, la voz de productores y cooperativas fue mas critica, enfatizando que la desregulacion no debe implicar la eliminacion de controles indispensables para garantizar la calidad sanitaria y la trazabilidad del producto. El sindicato del INV, por su parte, alerto sobre riesgos de informalidad y evasion si se debilita el marco de control.
En el plano juridico, la presentacion de amparos busca que la Justicia restituya la obligatoriedad del CIU y, en su caso, del CEC 05, hasta tanto se definan normativas que aseguren sin ambiguedad la trazabilidad y la proteccion de los derechos de productores y elaboradores. En lo institucional, el conflicto expone la tension entre dos objetivos que suelen concurrir en los debates regulatorios: por un lado, la simplificacion administrativa y la reduccion de cargas para la actividad economica; por otro, la necesidad de mantener instrumentos que garanticen transparencia, calidad y seguridad juridica.
El episodio tambien pone en evidencia la importancia de disenar desregulaciones con participacion amplia de los actores afectados y con evaluaciones de impacto que contemplen efectos sobre la trazabilidad, la propiedad de la materia prima, la competencia leal y la reputacion de los productos en mercados externos. Para los firmantes de la carta al ministro de Economia, cualquier reforma aceptable debe preservar los registros que permiten reconstruir con precision el recorrido de la uva y sus derivados desde el vinedo hasta el consumidor.
En sintesis, la disputa gira en torno a la conveniencia y el alcance de la desregulacion aplicada al INV: mientras el Gobierno busca simplificar y eliminar cargas, productores, cooperativas y varias autoridades provinciales exigen la conservacion de instrumentos clave -CIU y CEC 05- que consideran indispensables para la trazabilidad, la seguridad juridica y la proteccion del producto y de quienes participan de la cadena vitivinicola. La resolucion del conflicto pasara por decisiones administrativas y, probablemente, por pronunciamientos judiciales que determinen si las modificaciones impulsadas pueden mantenerse sin afectar las garantias reclamadas por el sector.
