Resumen del conflicto en Escobedo, Carmen de Areco
El conflicto en el paraje Escobedo, partido de Carmen de Areco (provincia de Buenos Aires), se origino a mediados de 2025 cuando varias familias rurales advirtieron la presencia de una explotacion de material -conocida localmente como tosquera o cantera- a corta distancia de viviendas y de la Escuela Rural N14 Vicente Lopez y Planes. Los vecinos denunciaron que la operacion comenzo luego de que el Concejo Deliberante modificara en octubre de 2025 una ordenanza municipal que hasta entonces fijaba una distancia minima de proteccion entre emprendimientos extractivos y establecimientos educativos o viviendas. La empresa en cuestion, Areco Suelos SA, pertenece a la familia Zanzottera y hoy opera con aval municipal, mientras que la habilitacion provincial es objeto de versiones contrapuestas.
Cronologia de los hechos
Segun los vecinos, en junio de 2025 un grupo de aproximadamente diez familias recibio informacion sobre la adquisicion de tierras y el rumor de apertura de la tosquera. El 20 de junio enviaron cartas al Concejo Deliberante y al intendente Ivan Villagran solicitando que, de confirmarse la iniciativa, no se habilitara el emprendimiento. No obtuvieron respuesta formal, por lo que el 30 de junio volvieron a pedir intervencion municipal. El 24 de octubre, el Concejo modifico la ordenanza municipal 3199/2023 que, hasta ese momento, establecia una distancia de 1.000 metros como limite de cercania entre canteras y escuelas, vivienda o centros de salud. El 1 de julio de 2025, el nombre de Jorge Luis Zanzottera aparecio en el Boletin Oficial provincial como designado temporariamente en la Municipalidad, hecho que los vecinos interpretaron como posible conflicto de intereses.
Cambios normativos y responsabilidades administrativas
El intendente confirmo la modificacion de la ordenanza impulsada por el oficialismo, y aclaro que la habilitacion de canteras depende principalmente de la Subsecretaria de Mineria de la provincia de Buenos Aires. Los vecinos sostienen que la supresion del articulo 7 de la ordenanza elimino la prohibicion de establecer canteras a menos de 1.000 metros de una escuela, vivienda o centro de salud, lo que facilito el inicio de tareas. La empresa afirma haber obtenido la aprobacion provincial y senalo un numero de registro minero emitido el 29 de enero de 2026. Sin embargo, persisten dudas publicas sobre la coincidencia entre intereses municipales y privados tras la designacion municipal de un miembro de la familia propietaria.
Impacto en la escuela y la comunidad
La Escuela Rural N14 se ubica a aproximadamente 160 metros del predio donde se realizan extracciones, una distancia que los vecinos califican como insuficiente y peligrosa. En la actualidad asisten diez alumnos; los padres han expresado temor a que los ninos concurran al establecimiento mientras la actividad continue. Ademas de la escuela, en la zona viven productores, jubilados y familias asentadas desde hace mas de 60 anos que dependen de pozos y napas para agua potable. La remocion de la vegetacion y la operacion de maquinaria pesada han generado preocupacion por la perdida de barreras forestales y el aumento del ruido y el transito pesado por caminos de tierra.
Preocupaciones ambientales y sanitarias
Los vecinos han planteado riesgos ambientales vinculados a la extraccion superficial de suelo: posible descenso del nivel freatico en una zona que describen como de napas altas; contaminacion del agua por sedimentos; y eliminacion de la flora que actuaba como barrera natural. En un area sin red de agua potable ni cloacas, la alteracion de las napas podria reducir el acceso a agua segura. Tambien senalan la preocupacion por el polvo, el ruido permanente, la circulacion de camiones a alta velocidad y la compactacion y deterioro de caminos rurales, factores que afectan la calidad de vida y la seguridad vial.
Reclamos, dialogo y medidas comunitarias
Los residentes relatan intentos de comunicacion hacia autoridades municipales y provinciales mediante cartas y publicaciones en redes sociales sin respuestas satisfactorias. Tras agotar vias administrativas, el 30 de enero de 2026 comenzaron a visibilizar publicamente el conflicto. Se realizaron reuniones con funcionarios municipales -sin la presencia del intendente- que los vecinos calificaron de poco productivas; segun ellos, las autoridades plantearon que se buscara un acuerdo con la empresa. En paralelo, la tension escalo: la madrugada del 7 de febrero una maquina de la empresa fue incendiada. La empresa deslindo responsabilidades hacia los vecinos y estos negaron haber cometido el hecho, argumentando que seria contradictorio incendiar equipos tras hacer un reclamo publico.
Posicion de las autoridades y de la empresa
El intendente Villagran sostuvo que la modificacion de la normativa respondio a gestiones y compromisos recogidos en audiencias con parte de la comunidad educativa y algunos vecinos, y que la competencia para habilitar explotaciones mineras recae en la provincia. Desde Areco Suelos SA se comunico que existe una autorizacion provincial con un numero de productor minero y fecha de expedicion en enero de 2026. No obstante, la empresa no respondio publicamente a consultas especificas sobre el nombramiento municipal de un miembro de la familia propietaria ni sobre medidas concretas para mitigar impactos inmediatos sobre la escuela y los pozos.
Consecuencias sociales y derechos en disputa
Para las familias de Escobedo, la disputa trasciende lo ambiental: se trata de derechos basicos como educacion, vivienda, salud y acceso a agua potable. Los vecinos sostienen que la operacion de la cantera vulnera condiciones de habitabilidad y seguridad, y afecta especialmente a adultos mayores y a un productor jubilado con problemas de salud que vive en el predio afectado. La perdida de la barrera forestal y la exposicion a ruido y polvo agravan la situacion de vulnerabilidad en una comunidad pequena y dispersa.
Proximos pasos y posibles vias de resolucion
Las vias posibles para avanzar en la resolucion incluyen: 1) revision administrativa de las autorizaciones a nivel provincial y municipal con participacion de organismos ambientales y de educacion; 2) estudios independientes sobre impacto hidrologico y ambiental que determinen el efecto de la extraccion sobre napas y pozos; 3) mediacion entre la empresa y la comunidad para acordar medidas de mitigacion (distancias de seguridad, horarios, barreras vegetales, control de polvo y rutas de transporte); y 4) acciones legales de vecinos si se acreditan irregularidades en procedimientos administrativos o conflictos de intereses. La transparencia en la documentacion y la participacion de la comunidad educativa seran clave para cualquier solucion legitima y duradera.
Conclusion
El conflicto en Escobedo combina cuestiones normativas, ambientales y sociales: una modificacion de ordenanza local, la operacion de una cantera a poca distancia de una escuela y viviendas, y dudas sobre autorizacion y posibles conflictos de intereses. La situacion exige respuestas claras de la provincia y del municipio, evaluacion tecnica independiente sobre los riesgos para agua y salud, y dialogo efectivo con las familias afectadas para proteger derechos basicos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar y rural.
