El lunes 22 de septiembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de las retenciones a todas las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre. El decreto 682/2025 establece que la alícuota cero regirá hasta esa fecha o hasta que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcancen un monto acumulado de US$7000 millones, lo que ocurra primero.
La decisión apunta a generar una mayor oferta de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, que en la última semana debió desprenderse de US$1100 millones en un contexto de fuerte presión cambiaria. El esquema incluye condiciones estrictas: los exportadores deben liquidar el 90% de las divisas en un máximo de tres días hábiles, bajo pena de perder el beneficio y pagar la alícuota anterior.
El potencial de liquidación supera los US$9600 millones
El cálculo del Gobierno se basa en un dato clave: los productores mantienen almacenados granos por un valor estimado en US$9600 millones, entre la última campaña y remanentes de cosechas previas. Este stock no comercializado es el blanco de la medida, que busca acelerar la liquidación y canalizar los dólares hacia las reservas.
El potencial, sin embargo, está sujeto al comportamiento del mercado. Las entidades rurales advierten que el límite de US$7000 millones podría alcanzarse antes del 31 de octubre, reduciendo la vigencia del beneficio. Aun así, los analistas coinciden en que el esquema puede dinamizar el flujo de exportaciones y dar un respiro fiscal en un momento crítico.
Reacciones divididas en el campo
La noticia sorprendió a los dirigentes rurales, que se expresaron de manera heterogénea. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), celebró la iniciativa: “Es una muy buena medida. Lo ideal es que sea permanente, porque eso da previsibilidad”.
En la misma línea, Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), calificó la quita de retenciones como un “reclamo histórico del campo argentino”. Aseguró que devuelve rentabilidad a la producción y constituye un incentivo para generar empleo y desarrollo en el interior.
Más crítica fue Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA). Sostuvo que los productores pequeños y medianos ya vendieron su producción y no podrán beneficiarse. “Los que se verán favorecidos son quienes guardaron granos, fundamentalmente los exportadores”, señaló. También alertó que la medida puede encarecer el costo de la alimentación animal, afectando a la lechería y a la carne.
Advertencias sobre los efectos colaterales
La euforia inicial convive con advertencias sobre posibles efectos secundarios. Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, advirtió que la temporalidad de la medida podría generar una sobreoferta repentina de granos, con impacto bajista en los precios internacionales.
Por su parte, Sarnari insistió en el riesgo para las economías ligadas a la producción de carne y leche. “El aumento del costo del maíz como insumo repercutirá en la cadena ganadera y láctea. La medida no contempla la diversidad de realidades productivas”, enfatizó.
El interrogante central es si esta política transitoria se convertirá en un alivio pasajero o en el inicio de un camino hacia un esquema impositivo más estable y previsible.
El trasfondo político y económico
El presidente Javier Milei ya había avanzado con reducciones previas a través de los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25. En cada ocasión reafirmó que la eliminación total de los derechos de exportación es una “obsesión” de su gestión, aunque condicionada a la consolidación de un superávit fiscal sostenido.
El decreto 682/2025 refleja ese dilema: la necesidad de enviar una señal política al agro y, al mismo tiempo, asegurar que el equilibrio fiscal no se resienta. Según los datos oficiales citados en el texto, las exportaciones agroindustriales en 2024 crecieron un 56% en volumen y un 26% en valor. La tendencia se mantuvo en los primeros siete meses de 2025, con alzas del 6% en toneladas y del 1% en facturación.
En este contexto, el sector agroindustrial aporta alrededor de US$48.000 millones anuales, con las cadenas de granos representando la mitad de esa cifra. La eliminación temporal de retenciones aparece así como un instrumento para movilizar divisas y reforzar el frente cambiario.
Más dólares
La eliminación de retenciones hasta octubre es una jugada audaz del Gobierno para seducir al agro y captar dólares frescos. El esquema promete hasta US$7000 millones, pero enfrenta críticas por su carácter transitorio y por los posibles efectos colaterales sobre los precios y los costos internos.
El campo, dividido entre la aprobación y la cautela, insiste en la necesidad de reglas permanentes. Mientras los exportadores ven una oportunidad de oro para acelerar operaciones, los productores de menor escala cuestionan la equidad de la medida.
Con un horizonte acotado y la promesa presidencial de avanzar hacia la retención cero definitiva, el desenlace de esta política se definirá en las próximas semanas. Lo que está en juego no es solo un alivio coyuntural, sino la relación de largo plazo entre el Estado y el principal generador de divisas de la economía argentina.
