En la region afectada por las inundaciones, los productores agropecuarios afrontan una situacion que ya se volvio casi cronica: obras de canalizacion y dragado iniciadas pero incompletas, cuya demora agrava la severidad de cada nueva creciente. Esa ausencia de soluciones definitivas alimenta una controversia sostenida en el ambito politico, con intercambios y reproches entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. En terminos partidarios, el conflicto tambien se percibe como un choque entre las lineas politicas de La Libertad Avanza y el peronismo provincial.
El problema principal se concentra en la cuenca del rio Salado, donde el noroeste y el oeste de la provincia de Buenos Aires siguen registrando niveles de afectacion que colocan a las inundaciones como la prioridad numero uno para numerosas ciudades y pueblos. Las consecuencias son diversas: terrenos agricolas anegados, perdida de cultivos, afectacion del ganado, dificultades para el acceso a viviendas y servicios, ademas de un impacto sostenido en la actividad economica local.
Desde la mirada de las autoridades que han recorrido la zona, la idea central es que el agua no puede convertirse en una barrera definitiva para la vida y el trabajo en el campo. Por eso sostienen que es imprescindible ejecutar obras hidraulicas que permitan convivir con la dinamica del agua sin que esta deje a amplias zonas incomunicadas o inutilizables. En ese marco, las prioridades iniciales ante la emergencia se orientaron a garantizar la seguridad de las personas, proteger viviendas y preservar fuentes de trabajo.
En los dias de mayor actividad operativa, el despliegue de ayuda incluyo intervenciones en distritos como 9 de Julio, Bragado, Viamonte y Carlos Casares, entre otras localidades que sufrieron los embates mas intensos. La atencion inmediata busco brindar asistencia humanitaria y alivio a las familias y productores damnificados, con equipos y recursos destinados a mitigar el impacto mas urgente de las inundaciones.
En noviembre pasado, la entonces ministra de Seguridad de la Nacion, Patricia Bullrich -actualmente senadora- visito la zona afectada y anuncio un paquete de ayuda financiera destinado a los productores inundados. La promesa fue la transferencia total de 1.900 millones de pesos en concepto de asistencia, instrumentada por medio de la Resolucion 250/2025. Esos fondos fueron planteados como Aportes No Reintegrables (ANR) para distintos municipios bonaerenses con el proposito de atender la emergencia y colaborar en las labores de recuperacion.
Posteriormente, desde la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca se informo que se habia concretado una primera transferencia por 1.046 millones de pesos. Esa ejecucion parcial implica que, al menos inicialmente, una porcion del total anunciado ya se movilizo hacia las jurisdicciones previstas. Ademas de estos aportes directos, se mencionaron otras lineas de apoyo, como creditos a baja tasa de interes destinados a facilitar la recuperacion productiva y el restablecimiento de actividades en las tierras afectadas.
Los municipios que fueron senalados como beneficiarios de la asistencia incluyen a Laprida, Roque Perez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, 25 de Mayo, Bolivar, Monte y 9 de Julio. La entrega y el destino concreto de los recursos en cada uno de estos distritos se convirtieron en un foco de atencion tanto para las autoridades como para los propios productores y organizaciones del sector agropecuario.
Las acciones anunciadas y los aportes gestionados se enmarcan en la Ley N 26.509 y se canalizan a traves del Fondo Nacional para la Mitigacion de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), segun lo informado por las autoridades. Este fondo tiene por finalidad financiar medidas de apoyo ante catastrofes y situaciones de emergencia que afecten la produccion agropecuaria, permitiendo la asignacion de recursos destinados a mitigar danos y facilitar la recuperacion.
En paralelo a los anuncios oficiales, las entidades del sector agropecuario mantienen una comunicacion permanente con los distritos que recibieron los fondos. Su objetivo es hacer seguimiento del uso efectivo de esos recursos y asegurarse de que lleguen a los productores y obras prioritarias. La supervision del destino del dinero responde a inquietudes sobre transparencia y eficacia, ademas de la necesidad de que las soluciones prometidas se materialicen en medidas que reduzcan la vulnerabilidad ante futuras crecidas.
Entre las organizaciones rurales y productores que siguen la evolucion de los hechos, hay cautela respecto al monto y al impacto real de lo transferido. Como lo resumio un representante del sector: “Mucha plata no es, pero todo sirve”. Esa afirmacion refleja dos realidades: por un lado, que los recursos disponibles resultan insuficientes para resolver de manera integral problemas estructurales de infraestructura hidraulica; por otro, que cualquier asistencia inmediata puede ayudar a aliviar necesidades puntuales y evitar peores consecuencias en el corto plazo.
El reclamo subyacente de los productores excede la entrega de fondos puntuales. Hay una demanda insistente de avanzar con obras de fondo -canalizaciones, dragados, mantenimiento de cauces y obras de retencion y derivacion- que reduzcan la recurrencia y la intensidad de las inundaciones. La falta o demora de esas intervenciones estructurales multiplica los costos sociales y economicos cada vez que se produce una nueva creciente.
Desde el angulo institucional y politico, la situacion tambien pone a prueba los mecanismos de coordinacion entre niveles de gobierno: la implementacion de obras hidraulicas y las respuestas a emergencias naturales requieren una articulacion clara entre la Nacion, la provincia y los municipios, asi como una asignacion sostenida de recursos. Las diferencias politicas entre administracion nacional y provincial alimentan la disputa, pero para los vecinos y productores lo esencial es que las medidas se concreten sobre el terreno.
En sintesis, la region inundada de la cuenca del rio Salado enfrenta un panorama complejo: danos recurrentes a la produccion, expectativas puestas en fondos y asistencia, y la urgencia de obras definitivas para impedir que el agua vuelva a transformarse en un obstaculo permanente. La transferencia parcial de fondos anunciada abrio una instancia de alivio, pero la evaluacion de su alcance y el avance real de las obras determinaran si, mas adelante, la situacion deja de repetirse con la misma crudeza. Mientras tanto, productores, municipios y organizaciones rurales siguen atentos, reclamando seguimiento, transparencia y medidas estructurales que permitan vivir y trabajar en el campo sin que las inundaciones lo impidan.
