En los últimos meses se multiplicaron los concursos preventivos, cesaciones de pagos y procesos de quiebra, como fueron recientemente los casos de Garbarino y Bioceres, por ejemplo. Se da en un contexto marcado por consumo debilitado, mayores importaciones, dificultades de financiamiento y presión sobre los costos.
El comienzo de 2026 expuso una tendencia que empieza a repetirse en distintos sectores de la economía argentina: empresas que recurren a la Justicia para intentar reorganizar sus deudas o directamente liquidar sus operaciones.
Electrodomésticos y retail, golpeados por la caída del consumo
Uno de los casos más recientes involucra a Goldmund, propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, que durante marzo solicitó ante la Justicia comercial la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
La lista de compañías que ingresaron en procesos concursales o falenciales incluye firmas de rubros muy diversos -industria, agro, tecnología, retail y consumo masivo-, lo que evidencia que el deterioro financiero no se limita a una actividad específica. En algunos casos, las empresas buscan negociar con acreedores para sostener su funcionamiento; en otros, el deterioro fue tan profundo que la Justicia avanzó directamente con la quiebra.
Dentro del comercio minorista, otro caso emblemático fue el de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos. Luego de más de cuatro años de trámite judicial, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 resolvió la quiebra definitiva de la compañía, tras fracasar el proceso de salvataje que intentaba encontrar un inversor dispuesto a rescatarla.
La empresa, que logró consolidar su presencia en el mercado local con pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar, enfrenta ahora un escenario complejo. El retroceso del consumo interno y la mayor presencia de productos importados impactaron en su negocio, por lo que la compañía busca a través del proceso judicial reordenar su pasivo y abrir una negociación formal con acreedores para preservar la continuidad de la firma.
Textiles bajo presión por importaciones y caída de ventas
La industria textil aparece entre las actividades más afectadas por el nuevo escenario económico. En ese contexto, Hilados S.A., empresa del grupo TN & Platex, decidió recurrir al concurso preventivo para reorganizar su estructura financiera.
En su etapa de mayor expansión, Garbarino llegó a contar con más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 empleados. Con el paso de los años, sin embargo, la combinación de problemas financieros, cambios en el negocio del retail y el avance del comercio electrónico redujo drásticamente su estructura, que antes de la liquidación judicial se limitaba a tres locales y menos de 20 trabajadores.
Según detallaron, el deterioro del negocio responde a una combinación de factores que impactaron en la rentabilidad: mayor ingreso de indumentaria importada, desregulación de las ventas digitales provenientes del exterior y crecimiento del mercado de ropa usada.
Desde la compañía explicaron que el objetivo del proceso judicial es ordenar su deuda y garantizar la continuidad operativa, luego de atravesar un 2025 caracterizado por una marcada caída de la actividad.
Otra firma del mismo rubro que inició un proceso similar es Emilio Alal S.A., compañía fundada en 1913, que formalizó su concurso preventivo tras atravesar una profunda crisis financiera.
A ese escenario se sumaron costos financieros elevados y una fuerte caída en el nivel de producción, lo que llevó a la empresa a analizar la venta de activos no estratégicos como parte de su estrategia para sostener el negocio y evitar un cierre definitivo.
En su presentación judicial, la compañía señaló que el deterioro económico responde a varios factores que golpearon al sector: retroceso del consumo interno, mayor competencia de productos importados, aumento de costos —especialmente energía e insumos— y falta de financiamiento bancario.
La empresa decidió cerrar su división industrial y paralizar las operaciones en sus plantas ubicadas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco), lo que marcó el inicio de un proceso de reestructuración.
El agro también enfrenta tensiones financieras
Las dificultades tampoco quedaron restringidas al sector urbano. En el ámbito agropecuario, la empresa Italar SRL, con sede en Charata, Chaco, pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores tras enfrentar un fuerte deterioro de su situación financiera.
En ese contexto, la firma evalúa redefinir su modelo de negocios, reduciendo su presencia industrial y orientando parte de su actividad hacia la comercialización de materia prima y la importación de productos terminados.
Según datos del sistema financiero, la compañía acumula deudas superiores a $16.200 millones, además de más de 40 cheques rechazados por falta de fondos.
Durante los últimos años la firma había impulsado su expansión a partir de financiamiento bancario y emisiones de deuda en el mercado de capitales. Sin embargo, una serie de campañas agrícolas adversas afectó su producción y debilitó su estructura económica.
El caso vuelve a poner de relieve los riesgos de los esquemas productivos altamente endeudados, sobre todo cuando se combinan factores climáticos adversos con restricciones al crédito.
Ante la Justicia, la empresa explicó que llegó a perder hasta el 95% de su capacidad productiva luego de varias campañas con rendimientos muy por debajo de lo previsto, una situación que golpeó especialmente a las explotaciones agrícolas de la región chaqueña.
El juez civil y comercial Fernando Mecoli dispuso la apertura del proceso falencial al constatar el estado de cesación de pagos de la empresa, que acumulaba deudas por más de u$s39 millones y un patrimonio neto marcadamente negativo.
Otro episodio que generó fuerte repercusión fue la quiebra de Bioceres S.A., la sociedad que dio origen al grupo biotecnológico creado en Rosario durante la crisis de 2001.
Ese rediseño dejó a la sociedad local con pasivos propios y sin control directo sobre los negocios internacionales, lo que agravó su situación patrimonial. El conflicto también expuso diferencias internas entre los accionistas vinculados al empresario uruguayo Juan Sartori y el equipo directivo histórico encabezado por Federico Trucco.
La situación también tiene un trasfondo societario complejo. En los últimos años el grupo realizó una reorganización corporativa que separó los activos globales —entre ellos Bioceres Crop Solutions, empresa que cotiza en el Nasdaq— de la estructura original radicada en Argentina.
Entre los casos recientes aparece Alic S.A., compañía dedicada a la comercialización de luminarias y lámparas LED, que solicitó la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N°25.
Iluminación y actividad industrial
Las tensiones financieras también alcanzaron a empresas vinculadas a insumos industriales y equipamiento para iluminación, un segmento que suele depender del nivel de actividad económica.
En su presentación judicial, la empresa explicó que la paralización de la obra pública redujo de forma significativa la demanda proveniente de proyectos de construcción e infraestructura, lo que impactó directamente en sus ventas.
La firma reconoció encontrarse en estado de cesación de pagos y con dificultades de liquidez para afrontar sus compromisos financieros.
En conjunto, estos episodios reflejan cómo los procesos concursales volvieron a ganar protagonismo dentro del entramado empresarial argentino. Aunque cada compañía enfrenta su propia realidad, detrás de muchas crisis aparecen factores estructurales comunes, como consumo debilitado, altos costos financieros, mayor competencia externa y cambios en los mercados. Frente a ese escenario, acudir a la Justicia se convierte para muchas empresas en la última herramienta para intentar reorganizar sus cuentas y ganar margen de maniobra en un contexto económico todavía incierto.
