Mendoza, 14 de noviembre – El ministro de Desregulacion, Federico Sturzenegger, afronto en Mendoza un fuerte cruce tecnico y politico por la eliminacion de 973 normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que buscan “desburocratizar” la cadena del vino. La medida apunta a concentrar los controles en la etapa final de comercializacion y a flexibilizar tramites operativos, pero genero reservas entre gobernadores provinciales, productores y gremios vinculados a la salud alimentaria.

En una jornada que reunio a autoridades provinciales -entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado-, dirigentes de bodegas y representantes del Ministerio de Produccion de Mendoza y San Juan, Sturzenegger recibio cuestionamientos puntuales sobre trazabilidad y seguridad sanitaria. El funcionario defendio la iniciativa y admitio que la regulacion sigue sujeta a revision hasta su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2026.

Reunion en Mendoza: 98% de acuerdo, pero siguen las objeciones

Sturzenegger aseguro que “el 98%” de las modificaciones obtuvo consenso entre los actores, y dijo que recogio “muchas felicitaciones” de productores. Sin embargo, mantuvo la puerta abierta a ajustes: “Una regulacion es un cuerpo vivo; siempre esta en proceso de revision permanente. Hemos receptado algunos comentarios y nos llevamos muchas ideas”, declaro luego de su visita a las oficinas del INV en San Martin.

Los puntos de friccion se concentraron en dos instrumentos clave de trazabilidad: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y el control del tenor azucarino. Productores y autoridades provinciales sostienen que el CIU y el control de azucar permiten seguir el origen y la calidad de la uva desde la cosecha, durante la elaboracion y en el transporte; la normativa actualiza restringiendo las funciones obligatorias del INV a verificar aptitud para consumo y detectar adulteraciones en el producto terminado, mientras que deja como optativos los controles de origen, anada y varietal “segun necesidades comerciales de cada productor”.

Los gobiernos de Mendoza y San Juan, principales regiones vitivinicolas del pais, manifestaron inquietud por la reduccion de inspecciones en planta y por la posibilidad de que ciertos controles pasen a ser voluntarios. El presidente del INV, Carlos Tizio, firmo la resolucion que impulsa estos cambios, pero Sturzenegger reconocio que el Ejecutivo y las provincias continuaran el dialogo antes de consolidar la implementacion.

Principales cambios normativos y efectos en la produccion

La Resolucion 37/2025 reconfigura el alcance de las fiscalizaciones del INV. En terminos concretos, la norma elimina o flexibiliza:

– La obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva; lo reemplaza por una “Certificacion de cosecha” optativa para quienes requieran trazabilidad comercial, con frecuencia de presentacion a eleccion del productor (por camion, semanal, mensual o anual).
– La obligacion de declarar ciertos datos operativos en los registros de vinedos a partir del 1 de enero de 2026, como cantidad y modelo de tractores, metodo de cosecha y tecnicas de riego; la resolucion asigna parte de esa informacion para su relevamiento desde el Renspa (Senasa).
– La obligacion de presentar declaraciones mensuales de litros elaborados, un dato que hasta ahora sirvio para controlar stocks.
– Las inspecciones presenciales del INV orientadas al control de stocks y etapas del proceso dentro de las bodegas.
– Los permisos de traslado para vinos a granel y otros tramites administrativos vinculados a libre circulacion.
– La necesidad de aprobacion previa del INV para modelos de etiqueta y la exigencia de registrar la marca en el INPI antes de comercializar.

Las autoridades sostienen que estas medidas reduciran tiempos administrativos y costos para pequenas y grandes bodegas, liberaran recursos del Estado y ofreceran mayor agilidad comercial. Productores con orientacion exportadora destacaron que simplificar tramites puede mejorar la competitividad de precios y la capacidad logistica.

Riesgos de trazabilidad y salubridad: el reclamo del sector gremial

Los sindicatos y especialistas en seguridad alimentaria advirtieron que vaciar de controles ciertas etapas del proceso podria debilitar la trazabilidad y elevar riesgos sanitarios. El reclamo principal recae en la necesidad de mantener registros que permitan remontar lotes hasta la parcela de origen y garantizar parametros de seguridad como el tenor azucarino, que influye en la fermentacion y la inocuidad microbiologica.

Representantes gremiales sostienen que la eliminacion de inspecciones presenciales reduce la capacidad del INV para detectar adulteraciones o fallas en cadena de frio y almacenamiento. En respuesta, el Gobierno apuesta a que la verificacion de aptitud para consumo en la etapa comercial y otros mecanismos de mercado cubriran esas funciones, mientras deja la trazabilidad como una opcion para quienes la demanden por razones comerciales.

Impacto en exportaciones y la relacion con Estados Unidos

Sturzenegger menciono en su paso por Mendoza la negociacion bilateral con Estados Unidos, aunque evito entregar detalles por un acuerdo de confidencialidad. La discusion sobre aranceles y condiciones de acceso al mercado norteamericano cobra relevancia para el sector: el alivio de cargas administrativas y la eliminacion de requisitos podrian favorecer una oferta mas competitiva, pero los exportadores tambien necesitaran garantias de trazabilidad y calidad para consolidar mercados exigentes.

La norma no define por ahora cambios automaticos en los aranceles, ni asegura que la vitivinicultura recibira un trato preferencial respecto a un porcentaje que hoy paga el vino en el mercado estadounidense, segun comento el ministro. Los representantes empresariales describieron la reforma como “una oportunidad” y repasaron la necesidad de que la apertura comercial vaya acompanada por reglas claras para acceder a mercados como el estadounidense y mercados europeos con controles estrictos.

Plazos y proximos pasos

El Gobierno fijo el 1 de enero de 2026 como fecha de entrada en vigor de las reformas, pero Sturzenegger dejo claro que seguira el proceso de revision. “Nos llevamos las inquietudes de los actores del sistema. Sin definiciones, pero si con el compromiso de seguir revisando”, dijo al salir de la reunion. Esa hoja de ruta abre la ventana para incorporar modificaciones puntuales sobre CIU, control de tenor azucarino y aquellas exigencias que las provincias consideren esenciales para defensa sanitaria y trazabilidad.

Los actores locales esperan que el Ministerio de Desregulacion publique las especificaciones finales de la letra chica y concrete los mecanismos de control alternativos antes de iniciar la nueva etapa. Las bodegas reclaman claridad para planificar inversiones y logistica, mientras que las autoridades sanitarias reclaman garantias para mantener estandares de inocuidad.

Balance economico y agronomico

Desde el punto de vista economico, la reduccion de tramites puede bajar costos operativos y acelerar comercializacion, lo que resulta especialmente relevante para ventas al exterior y para bodegas que manejan volumenes importantes. En lo agronomico, la discusion sobre registro de vinedos y frecuencia de certificaciones afecta la capacidad del sistema para monitorizar practicas agronomicas, rendimiento por parcela y la incidencia de factores como riego y metodos de cosecha sobre la calidad.

El desafio de la politica publica consiste en equilibrar eficiencia administrativa con salvaguardas sanitarias y de trazabilidad. Si el Gobierno ajusta la normativa en funcion de las inquietudes planteadas en Mendoza, el sector puede avanzar hacia un esquema que reduzca cargas sin perder control sobre la calidad del producto. Si no, las tensiones entre productores, provincias y reguladores podrian prolongarse hasta la implementacion definitiva.

Las partes acordaron mantener el dialogo. Las proximas semanas definiran si el margen de 2% de objeciones se incorpora a la normativa o si los cambios permaneceran como fueron disenados originalmente. Mientras tanto, el sector vigilara de cerca la letra chica y los mecanismos tecnicos que el INV y el Ministerio de Desregulacion propongan para asegurar tanto la competitividad como la seguridad alimentaria.