El Congreso comenzó a debatir una iniciativa clave para el futuro de la producción agropecuaria argentina: la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios, que busca establecer por primera vez un marco regulatorio nacional para las aplicaciones agrícolas. En una sesión plenaria de las comisiones de Agricultura y Recursos Naturales, el proyecto recibió un respaldo unánime de entidades rurales, técnicos y representantes provinciales, marcando un hito en el consenso interinstitucional.
La propuesta fue elaborada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas, entre ellas productores, empresas, organismos científicos y universidades. Su objetivo es ordenar la actividad con criterios científicos, brindar previsibilidad a los productores y proteger la salud y el ambiente bajo estándares internacionales.
Una ley con base científica y consenso federal
El encuentro, presidido por Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, reunió a referentes de distintas provincias. Participaron Ramiro Costa y Nieves Pascuzzi, coordinadores de la RedBPA; Ramiro Cid y Eugenia Magnasco, de CREA; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, entre otros.
Costa subrayó que el texto presentado “es fruto de más de 40 reuniones de trabajo” realizadas entre organismos nacionales, provinciales y el sector privado. “Buscamos compatibilizar la producción con la protección ambiental, aportando transparencia y confianza a toda la cadena agroindustrial”, señaló.
Por su parte, Pascuzzi recordó que los fundamentos técnicos del anteproyecto se basan en pruebas de deriva realizadas desde 2020, con datos de campo que permitieron definir distancias y parámetros de aplicación. “El proceso llevó dos años y tuvo como eje la evidencia científica”, remarcó.
Zonas de aplicación y parámetros técnicos
El especialista Ramiro Cid explicó que el proyecto establece tres zonas diferenciadas para las aplicaciones agrícolas. La zona sensible, donde se prohíbe cualquier tipo de producto por su cercanía a áreas pobladas, escuelas, parques o cursos de agua; la zona de exclusión, con límites de 10 metros para aplicaciones terrestres o con drones y 45 metros para las aéreas; y la zona de amortiguamiento, donde se podrán realizar tratamientos bajo condiciones controladas.
“El texto propone valores similares a los de Canadá, Estados Unidos y Europa, con criterios ambientales estrictos”, precisó Cid. También detalló que las aplicaciones deberán realizarse con humedad relativa superior al 50%, temperatura menor a 25 °C y viento entre 3 y 15 km/h, siempre en dirección opuesta a las zonas sensibles. Además, se exigirá baja presión, gotas grandes y tecnología antideriva, junto con aviso previo de ocho horas, señalización visible y uso obligatorio de mangas de viento.
Tecnología, previsibilidad y sustentabilidad
Eugenia Magnasco, de CREA, destacó que la nueva norma contempla avances tecnológicos como la aplicación mediante drones o sistemas selectivos, que reducen el uso de insumos y mejoran la eficiencia. “Entre Ríos es la única provincia que ya regula el uso de drones, pero esta ley permitirá que todo el país adopte un marco moderno y homogéneo”, indicó.
Lucas Magnano, presidente de Coninagro, celebró el debate parlamentario y aseguró que “el agro necesita previsibilidad para seguir produciendo”. Explicó que la expansión urbana suele dejar a los productores en situaciones conflictivas, por lo que una ley de presupuestos mínimos traerá orden y tranquilidad. “El crecimiento del agro se apoya en tecnología y en fitosanitarios cada vez más seguros; necesitamos una norma que acompañe ese proceso”, sostuvo.
Apoyo institucional del Consejo Agroindustrial Argentino
Tras el debate, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) emitió un comunicado expresando su apoyo al proyecto. Su presidente, Gustavo Idígoras, afirmó que “un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover un desarrollo productivo sustentable y federal”.
El CAA destacó que esta ley “aportará previsibilidad, productividad y altos estándares sanitarios”, garantizando la protección de los trabajadores y de las comunidades rurales. Además, recordó que la promoción de buenas prácticas y la trazabilidad ambiental son pilares del nuevo modelo agroindustrial argentino.
Hacia un marco regulatorio moderno
El debate en Diputados marca el inicio de una etapa crucial para la producción agropecuaria. Si se aprueba, la ley permitirá armonizar las normativas provinciales dispersas, brindando seguridad jurídica y herramientas de gestión ambiental a los productores.
Con base científica, criterios técnicos y apoyo de todos los sectores, el proyecto se perfila como una pieza clave para fortalecer la sustentabilidad y la competitividad del agro argentino, en línea con los estándares internacionales de producción responsable.
