La Justicia de Entre Ríos reprogramó la audiencia de elevación a juicio en la causa que se le inició a Dolores Etchevehere por el delito de usurpación y desobediencia judicial, luego de haber ocupado y cedido la estancia familiar “Casa Nueva”, en la localidad de Santa Elena.
La audiencia, que estaba prevista para el próximo lunes a las 8, se pospuso para el lunes 6 de septiembre desde las 7.30.
El juez de Garantías de la ciudad entrerriana de La Paz, Walter Carballo, adujo impedimentos personales para asistir ese día, dando así también lugar al pedido de postergar la audiencia por parte de la querella.
El fiscal de La Paz, Oscar Sobko, sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves con amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.
Según el fiscal, ese 15 de octubre de 2020 Dolores tenía “el conocimiento de carecer de derechos” sobre el establecimiento, donde “se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera”.
Por el delito de usurpación, Dolores podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión; mientras que por desobediencia se estipula una de entre un mes y un año de prisión.
“Consideramos que la causa de usurpación es un mamarracho que no admite el menor análisis jurídico serio, por eso se abstuvo”, dijo a Télam uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, que también está implicado en la causa.
Se trata de “una causa armada, como toda la historia que se armó alrededor, un absurdo total”, sostuvo Taboada y agregó que de lo que se trata es de “una discusión familiar”.
“No hay usurpación ni desobediencia judicial, vamos a presentar papeles y otras cosas para demostrar eso”, completó.
Los fiscales Sobko y María Bessa solicitan un año de prisión condicional para Dolores y para Taboada.
Finalmente, el letrado aseguró que agotarán “todas las instancias” hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación, que “de ningún modo va a admitir este mamarracho”.
El fiscal presentó 21 personas como testigos en caso de que se eleve la causa a juicio.
Entre ellos figuran Leonor María Magdalena Barbero Marcial, madre de los Etchevehere; trabajadores de la estancia; escribanos; policías; y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
También figuran el expresidente de la Sociedad Rural Argentina y exministro de Agricultura en el gobierno de Macri, Luis Miguel; y al exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el macrismo, Juan Diego.
Luego de 14 días de conflicto, el 29 de octubre la jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno dispuso el desalojo de la estancia y ordenó el “reintegro en forma inmediata” del predio a los hermanos varones de la familia.
Dolores Etchevehere se negó a acatar la orden, por lo que fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció aprehendida hasta horas de la noche.
