De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación abierta es del 6,6% de la población económicamente activa, en tanto que solo se tiene en cuenta como mercado informal a aquellos ocupados en el sector privado sin descuento jubilatorio, que serían unas 3,6 millones de asalariados. Extraoficialmente, teniendo también en consideración a personas registradas como cuentapropistas aunque estén en algún tipo de relación de dependencia, se estima que el 40% del mercado laboral aproximadamente estaba en la informalidad a la salida de la pandemia.
Más allá de las discusiones sobre indemnizaciones, horas extra, vacaciones y salarios, la reforma laboral que recibió ya el apoyo del Congreso de la Nación -solo falta que el Senado revise la quita del artículo sobre licencias por enfermedad- incluye beneficios fiscales para empleadores y artículos que apuntan a reducir el costo y el riesgo de contratar. ¿Será suficiente para conseguir un incremento del empleo registrado, que es la meta última que esgrimió el oficialismo para su proyecto de ley?
En ese marco, ¿será la nueva ley laboral un punto bisagra para generar más empleo registrado o solo facilitará el proceso contrario?
Tener esta cantidad de trabajadores sin aportes pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, además de dejarlos fuera de las protecciones de seguridad social. Es una problemática seria, a la cual el Gobierno apunta a responder desde esta reforma, en un contexto en el cual a la baja registración se le suma una caída pronunciada del empleo en general: entre noviembre de 2023 (asunción del Gobierno de La Libertad Avanza) y noviembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en en 21.938 casos (30 por día) y se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,95%) o 400 puestos por día, según relevó mediante datos oficiales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Ese escenario se mantiene: “Las empresas no están demorando los procesos de selección a la espera de la sanción de la ley. Para bien o para mal, la demanda que existe es independiente de ello, y responde más a una situación de negocio y la coyuntura de cada sector”, dijo Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro “Mi trabajo ahora”. “Obviamente que una modernización laboral es positiva, pero la decisión de abrir o no una posición laboral hoy tiene más que ver con la perspectiva económica a corto y mediano plazo que con la entrada en vigencia de la ley de reforma”, añadió.
Se aprueba la reforma, ¿se activa el empleo?
Al recibir la reforma laboral media sanción en la Cámara de Senadores, iProfesional consultó a varias de las principales consultoras de empleo del país y la mayoría coincidió en que los procesos de selección de personal, que habían repuntado tras las elecciones de octubre 2025, seguían su curso y no aguardaban la aprobación del nuevo marco normativo.
La industria viene siendo uno de los sectores más afectados por despidos, frenos de producción y suspensiones. Además del ampliamente público caso de FATE -que anunció su cierre y el despido de más de 900 personas- los últimos casos incluyen a la láctea Verónica (endeudada y con freno de fábrica), la automotriz Stellantis (frenó su planta de El Palomar), la productora de calzado Dass, la de lavarropas Whirlpool, entre otras.
En este sentido, evaluó cómo quedó el proyecto que se debatirá nuevamente en el Senado en breve: “Lo que se está por sancionar cubre parcialmente el objetivo de incrementar la demanda de empleo registrado. Porque falta la decisión fundamental de disminuir los costos de contratación, para las empresas en general y para las Pyme en particular. Solo hay un artículo que habla de una reducción y se da en un plazo determinado, solo si se cumplen determinadas características de las personas a contratar.”
No es un dato menor si se tiene en cuenta que la posibilidad de que la industria genere nuevos puestos de trabajo y regularice los que puedan estar fuera de la ley será una pata importante del éxito que sostenga a la reforma laboral.
La propia Unión Industrial Argentina (UIA) – que apoyó la modernización del marco laboral diciendo: “Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo”- también expresó su preocupación por la caída de la actividad y el empleo. Su Centro de Estudios CEU registró en diciembre 2025 que la producción cayó 3,9% i.a., y el sector se achicó en 60.224 puestos de trabajo registrados desde el último máximo (agosto de 2023)
Sin embargo, destacó que se nota “mayor cautela” en los casos de “contrataciones vinculadas a expansión o crecimiento proyectado. La reforma puede modificar el nivel de riesgo percibido al contratar, pero no es el factor determinante en la decisión inmediata.”
Lucas Germán Silva, Associate Director de HALO Executive Search le dijo a iProfesional que “En el sector industrial no estamos viendo una paralización generalizada de procesos de selección a la espera de la reforma. Las empresas que necesitan cubrir posiciones críticas lo están haciendo.”
Qué beneficios para empleadores tiene la reforma laboral
El proyecto se estructura sobre la base de aliviar el costo de entrada al empleo formal y simplificar la gestión administrativa. Estos son los ejes principales:
“En la industria, la incorporación de personal está mucho más atada al nivel de actividad, al consumo interno y a la competitividad que a un cambio normativo. Hoy muchas PyMEs —que siguen siendo el principal generador de empleo formal en Argentina— están evaluando no solo el marco laboral, sino también la caída de la demanda, el acceso al financiamiento y el impacto de una mayor apertura comercial”, explicó Silva, y aclaró que en estos casos el sector está reconfigurando los modelos de trabajo en función de la competencia con productos importados “lo cual incide directamente en la capacidad de sostener o ampliar dotaciones.”
No es una baja generalizada de impuestos, sino un “premio a la nueva incorporación: durante los primeros 48 meses de la relación laboral, el empleador no pagará las cargas sociales habituales. En su lugar, ingresará una alícuota unificada del 2% para jubilación (SIPA), asignaciones familiares y fondo de empleo, más un 3% para la obra social de jubilados (PAMI).
RILF
El proyecto incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): por cada nueva incorporación de trabajadores que no tuvieran empleo registrado al 10/12/2025, estuvieran desempleados hace 6 meses, fueran monotributistas o ex empleados públicos, se aplicarán alícuotas reducidas.
El sistema permite que el empleado que perciba un plan social lo mantenga durante el primer año de contrato, teóricamente facilitando la transición de la asistencia al empleo formal.
Los empleadores no podrán despedir personal registrado para reemplazarlo por beneficiarios del RIFL; de detectarse este “uso abusivo”, se caen todos los beneficios y se deberán pagar las diferencias con intereses y multas.
El proyecto establece que la reglamentación no podrá condonar menos del 70% de la deuda por capital e intereses de aportes no realizados. El saldo restante se podrá abonar en hasta 72 cuotas, con un interés tope del 12% nominal anual, una cifra que, frente a la inflación proyectada, resulta atractiva.
Blanqueo laboral
Para las empresas que hoy operan con talento en la informalidad, el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) permite regularizar relaciones laborales vigentes, ya sea que no estén registradas o lo estén deficientemente.
Reducción de costos y riesgos para empleadores
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para ayudar a cubrir indemnizaciones. Los empleadores realizarán una contribución mensual (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs) sobre la nómina salarial. Esto funciona como un “seguro” para no desfinanciar a la empresa ante una desvinculación. No obstante, este también uno de los puntos más criticados del proyecto. Se teme que se utilice dinero del sistema previsional para terminar financiando al Tesoro, mediante las inversiones del FAL en el Mercado de Valores.
Al adherirse, el empleador queda excluido del REPSAL (el registro de infractores laborales) y se extinguen las acciones penales por evasión de la seguridad social.
Otro factor importante en cuanto al riesgo judicial es la simplificación de la base indemnizatoria: se excluye del cálculo conceptos no mensuales como el SAC (aguinaldo), vacaciones y bonos anuales, reduciendo el costo final del despido.Además, estipula la posibildad del pago de sentencias en cuotas: Las condenas judiciales podrán pagarse en hasta 6 cuotas (grandes empresas) o 12 cuotas (MiPyMEs), ajustadas por IPC + 3%.
Respecto de otros factores que generaban discrecionalidad en sentencias laborales, incrementando el riesgo para empleadores, la reforma trae mayor clarificación sobre lo que implica relación laboral vs. servicios independientes, y limita la presunción de dependencia que se manejaba hasta el momento.
El último punto fundamental a destacar será el régimen de Medianas Inversiones (RIMI): Incluye beneficios como la amortización acelerada en Ganancias para inversiones productivas que generen empleo.
Por otra parte, se simplifica la registración y los costos asociados: el registro ante la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero(ARCA) será único y suficiente para todas las autoridades, eliminando trámites adicionales y multas por duplicidad de registros.
Silva lo resumió perfectamente: “La reforma puede aportar previsibilidad y reducir contingencias, lo cual es relevante, especialmente para PyMEs industriales con menor espalda financiera. Pero el empleo formal crecerá en la medida en que haya condiciones para producir, vender y competir. La norma puede facilitar; el crecimiento económico es lo que finalmente activa la contratación.”
El impacto de la reforma en el empleo
Más allá de los cambios legislativos y los incentivos para contratar, los expertos ponen en duda que haya en el contexto actual un repunte del empleo registrado en función de la reforma laboral, más allá de sectores puntuales que tienen desde antes un marco favorable para el desarrollo de sus negocios (minería, energía, etc.)
Queda por ver entonces si algunas compañías deciden aprovechar las nuevas condiciones de contratación y registración para regularizar al personal o incluso contratar nuevos talentos una vez que la reforma laboral entre en vigencia.
Ghidini coincidió: “La reforma que se está por sancionar es un paso muy importante, que tiene que ver con el trasforndo de un marco laboral, con un cambio de filosofía sobre lo que había, que era arcáico. Se trabajó en las bases por un lado, y en cuestiones periféricas por otro, como el horario laboral, las vacaciones. Pero a los fines prácticos de generar una demanda laboral inmediata, yo estimo que no. Serían necesarias medidas más concretas para bajar el costo de contratar y para reducir la informalidad.”
