Buenos Aires, 17 marzo (NA)- Los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificaron las medidas de fuerza dispuestas a partir de mañana y hasta el martes 24, que provocarán demoras y cancelaciones de vuelos, particularmente durante el próximo fin de semana largo.
El gremio, de esta manera, profundiza su plan de lucha, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en la negociación salarial con el Gobierno, situación que mantiene el estado en alerta y movilización a los empleados del organismo.
Las acciones tendrán lugar entre el miércoles 18 y el martes 24 de marzo inclusive, justamente durante el próximo fin de semana largo, lo que afectará la actividad turística.
En esas fechas, de 9 a 12 y de 16 a 20 habrá solamente atención de vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales. En cambio, en las demás horas, las prestaciones se desarrollarán de manera normal.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, advirtió a la Agencia Noticias Argentinas, que las protestas son “medidas legítimas de acción gremial, que respetan la imposición de esencialidad que se aplica en el sector aéreo establecida por la reforma laboral”.
Indicó, además, que “se convoca por la falta de propuestas ante la quita de salario que sufrimos en los meses de enero y febrero, dado que no se han pagado los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Transporte anterior”.
Señaló que “no hubo” respuesta a los reclamos por parte de las autoridades, aunque recalcó que “siempre” manifestaron su postura “abierta al diálogo”, aunque aclaró que “hasta el momento no hemos sido convocados”.
El esquema previsto, de doble turno diario durante siete jornadas consecutivas plantea un desafío logístico formidable para las aerolíneas, especialmente para aquellas que operan rutas de cabotaje hacia el interior del país, donde la infraestructura de respuesta ante contingencias suele ser más limitada que en los nodos centrales de la región metropolitana.
Sin embargo, la eficacia del paro podría ser relativa, si se tiene en cuenta que, hasta hace apenas unas semanas, el personal nucleado en el gremio de los trabajadores estatales desempeñaba funciones que eran vitales para el movimiento diario de aeronaves en plataforma.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), estas tareas operativas fueron transferidas directamente a los explotadores de los aeropuertos, alineando al sistema argentino con las recomendaciones internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Bajo este nuevo esquema, la función de los trabajadores de ATE/ANAC se ha visto reducida o, mejor dicho, reenfocada hacia la supervisión, fiscalización y control normativo, dejando la ejecución diaria de la plataforma en manos de los administradores aeroportuarios.
Este desplazamiento de funciones ha generado una asimetría en la capacidad de daño que el gremio puede ejercer sobre el flujo de vuelos, ya que muchas de las tareas que antes podían paralizar un aeropuerto hoy son llevadas a cabo por personal que no se encuentra bajo su órbita de representación.
No obstante, existe un eslabón crítico que aún permanece bajo el control de los trabajadores representados por la organización sindical: el manejo y operación de las unidades de autobomba.
Este servicio es el corazón de la seguridad operativa de cualquier aeropuerto; sin la presencia garantizada de los equipos de extinción de incendios y salvamento, ninguna aeronave puede despegar o aterrizar bajo los estándares de seguridad internacionales. Es aquí donde reside la mayor preocupación y, al mismo tiempo, la mayor duda de la industria.
Si bien el gremio tiene la potestad de retirar el servicio como parte de su medida de fuerza, hacerlo implicaría cruzar una frontera legal y ética de altísima sensibilidad, ya que se pondría en riesgo la seguridad de las operaciones en curso.
Fuentes del sector han manifestado una cautelosa desconfianza respecto a que el sindicato llegue a ese extremo, pero advierten que incluso una demora mínima en la disponibilidad de estos equipos durante las ventanas horarias anunciadas podría forzar a los comandantes de aeronave y a los jefes de aeropuerto a declarar la terminal como no operativa, desencadenando el efecto dominó de cancelaciones que el país teme.
Para el pasajero que tiene previsto viajar durante esta semana, la incertidumbre es absoluta, ya que se enfrenta a una situación donde la información oficial es escasa y la información sindical promete una disrupción que el sistema, en su conjunto, intenta minimizar mediante la nueva estructura de responsabilidades.
No obstante, es fundamental observar con detenimiento lo que sucederá en los aeropuertos del interior del país. A diferencia de las grandes terminales como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery, donde la densidad de personal y la multiplicidad de prestadores permiten mayores márgenes de maniobra, los aeródromos provinciales suelen depender de estructuras más magras y de una presencia más concentrada de personal estatal.
En conclusión, lo que comenzará mañana miércoles no es solo una semana de posibles demoras en los aeropuertos, sino un test de estrés para el nuevo modelo de aviación civil que la Argentina ha decidido adoptar en este 2026. #AgenciaNA.
