Como punto de partida, tomamos un dato elaborado por Focus Market, que compara cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, retomamos los datos relevados en 2024 y reconstruimos la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años. La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.
La indumentaria en la Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre costos para producir y precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la Cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el placard o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas. Sin embargo, el debate vuelve a tomar fuerza porque el país se transformó en algunos aspectos: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.
El precio de la ropa y una brecha que se achica: los motivos
En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba u$s1.049 en la Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a u$s936, una disminución del 10,8%. En cambio, en el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. El resultado es claro, vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como lo es el caso respecto a Chile.
Vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace 2 años
Es conveniente en este punto, evitar la lectura de “buenos y malos”, porque ambos agentes describen restricciones reales. Lo que se puede afirmar es qué no explica el problema por sí solo: reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa, no resiste el contraste con los datos. La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura pudo contribuir a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.
Pero la pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí es donde se abren las distintas aristas del debate. Por un lado, el consumidor busca precios razonables y el productor busca no fundirse. Desde el lado de la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más. Del lado de la oferta, el argumento es igualmente válido, explicando que los precios locales se deben a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan a la competitividad.
Esta diferencia importa porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares aun cuando la inflación interna sea moderada. Es decir, parte del aumento en dólares observado en los países vecinos responde menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se ve influida por una dinámica inversa, además del efecto competencia.
Además, la evolución en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período en consideración tanto en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar mientras que, en la Argentina el peso se depreció.
En paralelo, el dato que ayuda a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural, es que en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron un 16,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Es decir, incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece venir por otras vías.
Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se muestra en los indicadores del nivel de actividad industrial. En la última publicación disponible de INDEC que refleja la utilización de la capacidad instalada, se observa que el rubro “Productos textiles” opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada del sector era 48,2%, mientras que, en el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 p.p. interanuales. Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.
El empleo formal, en caída
El empleo completa el panorama. Si se mira la evolución de mas largo plazo, la evidencia sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. En un reciente informe de IDESA, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, los asalariados no registrados y cuentapropistas, pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.
Entonces, en términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo una presión persistente. Si la industria pierde escala, trabaja con capacidad ociosa elevada y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. En este contexto, la apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.
La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Del mismo modo, los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, agregando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.
El empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan.
La conclusión es incómoda pero necesaria para ordenar el debate. El dilema argentino es que conviven ropa cara y una industria frágil. En ese marco, la discusión no puede reducirse a consignas: cerrar la economía no garantiza precios razonables, y abrirla sin reformas internas no asegura una transición ordenada. El problema de fondo atraviesa a buena parte de la economía argentina y es el costo de formalizar y producir. Contratar en blanco, sostener cargas patronales, enfrentar litigiosidad y operar con impuestos distorsivos puede volver inviable a una empresa, especialmente si compite con países que producen a escala, con menores costos y una logística más eficiente.
En la misma línea, los datos del Ministerio de Capital Humano, muestran que en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en “Confecciones” y del 11,2% en “Cuero y calzado”.
Se requieren reglas de juego claras y un esquema de incentivos que fomente la competencia sin destruir. En ese sentido, el rol del Congreso es central. En caso de avanzar con el proyecto de modernización laboral, que incluye algunos puntos tributo-impositivos específicos, podría funcionar como primer paso para habilitar una discusión posterior más amplia sobre reforma tributaria. Sin una baja de la presión impositiva distorsiva y sin una corrección del costo laboral formal, el país corre el riesgo de sostener el círculo vicioso de consumidores que buscan precios fuera del mercado local, productores que se achican y empleo que se precariza. El desafío es construir consensos que ordenen prioridades. El consumidor no pide un privilegio, pide precios razonables y el productor tampoco, pide no fundirse por intentar competir.
Ese escenario incentiva la informalidad y termina generando un “equilibrio” social de baja calidad: el empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque “es lo que hay”, y el resultado final es una economía con menos productividad, salarios reales más bajos y menor inversión.
