De esta manera, el organismo busca la pronta implementación del Decreto, permitiendo que “el colectivo de trabajadores y trabajadoras rurales que se dedican a actividades de mano de obra intensiva, puedan registrarse, sin perder el plan social con el que cuentan”.
Para Voytenco, “este Decreto implica un hecho de justicia social que favorecerá que muchos trabajadores y trabajadoras que hoy están en la informalidad se registren”.
El objetivo de la norma es “promover, mediante esta medida, la contratación de trabajo registrado y el acceso a los beneficios de la seguridad social por parte de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, fundamentalmente, los trabajadores y las trabajadoras rurales y sus grupos familiares”.
Los planes y programas sociales y de empleo nacionales que están incluidos en el Decreto son el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar, del Plan Nacional “Argentina contra el hambre”.
Además, se podrán ir incorporando planes y programas sociales y de empleo, provinciales y municipales actuales y futuros.
Hasta la promulgación del Decreto, explicó el organismo, los productores rurales y empleadores se enfrentaban en forma reiterada a la falta de mano de obra que se generaba en época de cosecha ante la posibilidad de que los trabajadores temporarios perdieran sus planes sociales al ser registrados como tales.
Al tener en cuenta esa situación, el gobierno nacional generó mecanismos para que los trabajadores no pierdan sus planes sociales y que la cosecha pueda ser levantada.
“Sin duda, esta medida favorecerá fuertemente al sector productivo y a los empleadores en particular, sobre todo en las actividades de mano de obra intensiva, ya que habrá mayor oferta laboral que permitirá la contratación registrada de trabajadores, sin que ellos pierdan sus planes sociales”, indicó el director del Renatre, Marcos Williams.
El Renatre busca la adhesión de las provincias al Decreto y la implementación de mecanismos que incentiven la contratación de trabajo registrado en el ámbito rural, en particular de los beneficiarios y beneficiarias de políticas y programas de protección social que se encuentren en situación de disponibilidad laboral, concluyó.
