El Gobierno nacional activó la emergencia agropecuaria Buenos Aires para enfrentar las graves pérdidas que dejaron las inundaciones en 12 distritos de la provincia. Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la resolución 1305/2025 publicada en el Boletín Oficial otorga un marco legal para que los productores afectados accedan a beneficios fiscales, asistencia financiera y facilidades bancarias.
La medida se enmarca en la Ley 26.509 y su decreto reglamentario, y tiene vigencia retroactiva desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, período en el que las precipitaciones superaron los niveles históricos y dejaron miles de hectáreas bajo el agua. Con caminos rurales intransitables, lotes improductivos y hacienda perdida, la norma representa una herramienta clave para sostener la actividad en zonas críticas.
Los beneficios incluyen el diferimiento en el pago de impuestos nacionales como Ganancias y Bienes Personales, además de la posibilidad de acceder a créditos con condiciones especiales. De este modo, se busca brindar un respiro económico a productores que vieron interrumpido su ciclo productivo.
Distritos afectados y medidas en marcha
La emergencia agropecuaria Buenos Aires alcanza a productores de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. La resolución detalla circunscripciones específicas en cada partido, lo que muestra el nivel de impacto territorial.
En 9 de Julio, por ejemplo, la medida se extiende a 14 circunscripciones rurales, lo que refleja la magnitud de las pérdidas. En Carlos Casares abarca 10 circunscripciones, mientras que en Bolívar y Guaminí la emergencia se aplica en casi la totalidad del área productiva. Estas zonas, fuertemente ligadas a la producción de soja, maíz, trigo y ganadería bovina, enfrentan un panorama complejo por la combinación de exceso hídrico y retrasos en las labores.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que evaluó el escenario el 8 de agosto, recomendó la declaración al constatar daños graves en cultivos y haciendas. En su dictamen, se fijó al 31 de agosto de 2025 como fecha de cierre del ciclo productivo, lo que establece un límite temporal para el alcance de los beneficios.
Para acceder a la asistencia, los productores deberán gestionar un certificado emitido por la autoridad provincial, en el que conste que sus predios se encuentran dentro de las áreas alcanzadas. Ese documento será remitido por el gobierno bonaerense a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional, junto con el listado de explotaciones afectadas.
El Estado instruyó además a los bancos nacionales, oficiales y mixtos, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para que activen mecanismos de apoyo financiero y faciliten el acceso a créditos blandos. En paralelo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá firmar convenios para ejecutar la medida en el territorio, asegurando que los productores reciban efectivamente el alivio prometido.
Qué significa la emergencia agropecuaria Buenos Aires para los productores
La emergencia agropecuaria Buenos Aires implica un reconocimiento oficial de que los campos atravesaron una situación extraordinaria que impidió el desarrollo normal de la actividad. Esto habilita el diferimiento de obligaciones impositivas y el acceso a mecanismos de crédito que, en un contexto de pérdidas generalizadas, resultan fundamentales para evitar la quiebra de explotaciones familiares y empresas agropecuarias medianas.
En la práctica, la medida busca que los productores puedan sostener su capital de trabajo y encarar la próxima campaña sin quedar atrapados por deudas impositivas o bancarias imposibles de cumplir. El sector rural bonaerense había reclamado con fuerza esta declaración, ya que los anegamientos no solo impactaron en el corto plazo, sino que también dejaron secuelas en la infraestructura rural y en la planificación de siembras futuras.
Dirigentes de entidades agropecuarias como la Sociedad Rural y Carbap valoraron la rapidez en la publicación de la resolución, aunque remarcaron la necesidad de que la asistencia llegue con agilidad a los productores. Señalaron que, de no implementarse con eficiencia, la norma podría quedar en lo formal sin resolver la urgencia concreta de las familias rurales que atraviesan pérdidas millonarias.
La situación pone de relieve la vulnerabilidad del campo frente a fenómenos climáticos extremos y reabre el debate sobre la necesidad de contar con obras de infraestructura hídrica y planes de prevención que reduzcan los daños en futuras inundaciones. Mientras tanto, la declaración de emergencia funciona como un paliativo indispensable para sostener la producción en zonas claves de la provincia.
