Proyecto de fideicomiso en Santa Fe reaviva choque con entidades rurales: debate sobre costos logísticos, transparencia y competitividad

Un plan impulsado por la provincia de Santa Fe para crear un fideicomiso financiado con un aporte por tonelada que entre a los puertos de la región metropolitana de Rosario abrió un nuevo frente de conflicto con las entidades agropecuarias. Productores y cámaras rurales advierten que la medida aumentaría la carga sobre el sector, ya tensionado por impuestos y costos logísticos, mientras el gobierno provincial sostiene la necesidad de recursos para reparar accesos y rutas clave para las exportaciones.

Qué propone la provincia y por qué genera rechazo

La iniciativa en estudio plantea destinar un gravamen equivalente a US$1,5 por tonelada que ingrese a los puertos del Gran Rosario a un fideicomiso afectado al mantenimiento y a la mejora de la infraestructura vial y de accesos portuarios. La intención oficial, según funcionarios provinciales, es financiar obras urgentes que faciliten la salida de la cosecha y reduzcan los costos logísticos causados por rutas deterioradas.

Las organizaciones del sector, encabezadas por la Sociedad Rural de Rosario (SRR) y secundadas por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazaron la propuesta al sostener que se trata de una carga adicional sobre productores ya sometidos a una elevada presión tributaria. Las críticas apuntan, además, a la falta de explicaciones sobre cómo se gastaron recursos históricos destinados a infraestructura y a la forma en que se administraría el fideicomiso.

Reclamos principales de las entidades rurales

Las agrupaciones rurales argumentan varios puntos centrales:

• Que imponer un cargo adicional por tonelada incrementa los costos logísticos y erosiona la rentabilidad del productor.
• Que existen aportes vigentes —como impuestos a los combustibles y derechos de exportación— que deberían estar orientados a infraestructura vial y que, en su opinión, no se han aplicado en forma efectiva a ese fin.
• Que la nueva tasa se superpondría con otras tarifas municipales vinculadas a operaciones portuarias y con el eventual nuevo pliego de la Hidrovía, lo que integraría una suma de cargas difícil de sostener para la cadena agroexportadora.
• Demandan mecanismos de control, transparencia y participación en la definición del destino de los fondos del fideicomiso.

Contexto logístico y magnitud del flujo exportador

El Gran Rosario es uno de los principales nodos mundiales para la comercialización de granos y subproductos argentinos. La región concentra una porción muy significativa de los embarques agrícolas del país, lo que convierte el estado de sus accesos viales en un factor clave de competitividad.

Las entidades remarcan que, además del impacto sobre productores, el flujo masivo de camiones durante cosechas récord potencia el deterioro de rutas y necesita soluciones estructurales. Esa presión sobre la infraestructura es el argumento que usan las autoridades provinciales para justificar la búsqueda de fuentes de financiamiento específicas.

Impacto económico estimado y dimensiones fiscales

Un cargo de US$1,5 por tonelada, aplicado de forma general a los volúmenes que pasan por el sistema portuario rosarino, representa recursos potenciales apreciables para obras puntuales, aunque la cifra final dependerá del volumen sujeto al gravamen. Por ejemplo, sobre 48 millones de toneladas la recaudación se estimaría en alrededor de US$72 millones anuales —un cálculo orientativo que sirve para comparar magnitudes, no como cifra oficial—.

Las entidades recuerdan también otros instrumentos fiscales que afectan a la actividad agroexportadora: derechos de exportación (retenciones) sobre granos y subproductos, impuestos y aportes vinculados a combustibles y tasas municipales portuarias. Según los reclamos del sector, la combinación de estos gravámenes redunda en márgenes más estrechos y menor competitividad frente a otros originadores internacionales.

Cuestiones de gobernanza: por qué preocupa la forma del fideicomiso

Más allá de la discusión sobre el monto, buena parte del rechazo se concentra en cómo se constituiría y administraría el fideicomiso. Las preguntas abiertas incluyen:

• Quiénes integrarán la administración y qué mecanismos de control y transparencia se establecerán.
• Si los fondos estarán afectos exclusivamente a obras de acceso y conservación vial o podrán reasignarse a otros fines.
• Cómo se coordinará la iniciativa provincial con las políticas nacionales de infraestructura, la administración de la Hidrovía y los municipios portuarios.

Las experiencias internacionales y locales muestran que los instrumentos de copago y fideicomisos requieren reglas claras, supervisión independiente y plazos definidos para evitar que recursos previstos para infraestructura terminen distribuyéndose entre múltiples objetivos.

Alternativas técnicas y políticas para financiar infraestructura

En el debate técnico sobre financiamiento, especialistas y actores del sector suelen plantear varias alternativas a impuestos por tonelada:

• Priorización y reasignación de partidas presupuestarias nacionales y provinciales para la conservación vial.
• Acuerdos de cofinanciación público-privada para obras puntuales de alto impacto logístico.
• Peajes o cánones por uso de corredores específicos, con reinversión directa en mantenimiento.
• Impulso modal hacia el ferrocarril o la navegación interior para reducir la carga de camiones sobre rutas.
• Condiciones de gobernanza del fideicomiso que incluyan representantes del sector privado, sociedad civil y controles externos.

Repercusiones en la competitividad y el comercio exterior

Los costes logísticos son un componente determinante del precio final de los productos agroindustriales. Un aumento en las tarifas por tonelada puede trasladarse a precios internacionales o a la rentabilidad de los productores, afectando la capacidad de Argentina para mantener y expandir sus mercados de exportación, especialmente en cultivos intensivos en logística como la soja y sus derivados.

Además, la percepción de mayor carga tributaria puede influir en decisiones de inversión, innovación y elección de cultivos, con efectos de largo plazo sobre la estructura productiva.

Próximos pasos y escenario político

La iniciativa todavía debe avanzar en las instancias formales de análisis y aprobación provincial. En paralelo, las entidades rurales anunciaron su disposición a dialogar, aunque exigen reglas claras y auditorías sobre el uso de los recursos históricos destinados a infraestructura.

El caso combina aspectos técnicos (diagnóstico de la infraestructura y opciones de financiamiento) y políticos (distribución del costo fiscal y gestión del reclamo social), por lo que es probable que se mantenga en la agenda pública hasta que haya una propuesta cerrada que contemple compensaciones, transparencia y participación de los actores afectados.

Conclusión

El debate sobre el fideicomiso por US$1,5 por tonelada para puertos del Gran Rosario resume tensiones clásicas entre la necesidad de infraestructura pública y la inquietud del sector privado por nuevos cargos. Resolver el conflicto exigirá combinar soluciones financieras viables, gobernanza rigurosa y una negociación que considere el impacto real sobre la competitividad de la agroexportación argentina.

Mientras tanto, la discusión seguirá en torno a dos prioridades: garantizar vías de salida eficientes para una producción que sigue creciendo y evitar que el costo de ese ajuste recaiga exclusivamente sobre los productores.