Una escena registrada durante una fiesta popular volvió visible un problema que el agro argentino intenta desterrar desde hace años. En La Colina, una localidad del partido bonaerense de General La Madrid, un recipiente que había contenido glifosato fue utilizado para trasladar alimentos durante la primera Fiesta del Chorizo a la Pomarola. Las imágenes circularon en redes sociales y abrieron una pregunta mucho más amplia que el episodio: qué ocurre con los envases vacíos de fitosanitarios cuando salen del circuito productivo.
La celebración se realizó el 26 de septiembre por el 115° aniversario del pueblo. Más allá de las aclaraciones posteriores sobre la antigüedad del balde, la normativa vigente no deja margen para ese tipo de reutilización. La Ley 27.279 exige una gestión diferenciada debido a la toxicidad del producto que los recipientes contuvieron y prohíbe que el material recuperado termine en usos que puedan representar un riesgo para la salud humana, animal o el ambiente.
Luis María Herrera, representante de CampoLimpio entrevistado por Palabra de Campo, fue categórico al analizar el caso. “Estas son las prácticas prohibidas que hoy necesitamos desterrar”, afirmó. Su advertencia apunta tanto al contacto directo con alimentos como a la circulación informal de bidones, tambores o baldes que deberían haber ingresado al sistema autorizado.
El triple lavado no convierte al envase en un recipiente doméstico
Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar que el triple lavado habilita cualquier reutilización. No es así. El procedimiento reduce los residuos del producto y permite que determinados envases sean reciclados dentro de destinos industriales condicionados, pero no transforma al recipiente en un objeto apto para guardar agua, comida, granos destinados al consumo o alimento para animales.
“No puede utilizarse ni para transportar ni para almacenar” alimentos, remarcó Herrera. Incluso el plástico recuperado después del tratamiento mantiene restricciones: no puede convertirse en juguetes, cucharitas de helado, bolsas para panaderías ni otros elementos que entren en contacto con personas, animales o productos alimenticios.
La ley nacional establece que los envases rígidos lavables deben someterse al procedimiento previsto por la norma IRAM 12069. El lavado tiene que hacerse inmediatamente después de vaciar el producto, en el mismo lugar de la aplicación, para que el agua utilizada vuelva al tanque de la pulverizadora y forme parte del caldo aplicado. Luego, el recipiente debe almacenarse temporalmente en condiciones seguras y entregarse dentro del circuito autorizado.
“El productor, una vez que utiliza el envase y queda vacío, en el mismo lote tiene que hacer el triple lavado o el lavado a presión”, explicó Herrera. Las pulverizadoras modernas cuentan con dispositivos específicos para efectuar ese proceso sin trasladar el residuo a otro ambiente.
Del campo al centro de almacenamiento
El recorrido correcto continúa en un Centro de Almacenamiento Transitorio, conocido por su sigla CAT, o en una jornada de recepción habilitada. No debe terminar en un basural, una quema, un enterramiento ni una entrega a recolectores informales. La Ley 27.279 prohíbe expresamente el abandono, vertido, quema y enterramiento, además de la comercialización o entrega por fuera del sistema.
CampoLimpio comenzó a desplegar su esquema de gestión en 2019. La organización informa actualmente más de 28 millones de kilos de plástico recuperados y más de 110 empresas adheridas, que representan cerca del 90% de los envases colocados en el mercado. Durante la entrevista, Herrera señaló que la red ya alcanzaba 99 centros en el país y 31 en la provincia de Buenos Aires, complementados con recepciones itinerantes y acuerdos con distribuidores, agronomías y municipios.
“No hay excusa para no hacer el recorrido”, sostuvo. La frase resume el cambio cultural que busca el sistema: que cada productor y aplicador asuma que el envase no termina su vida útil cuando se agota el producto, sino cuando ingresa correctamente al circuito de gestión.
Una vez recibidos, los recipientes lavados pueden ser desnaturalizados, triturados y convertidos en escamas o pellets. Ese material sólo se comercializa a industrias habilitadas y con trazabilidad. Entre sus destinos aparecen nuevos envases de fitosanitarios, caños para fibra óptica, conducciones cloacales o mineras, autopartes, postes y varillas.
Los envases sucios cuestan seis veces más
La diferencia entre entregar un recipiente correctamente lavado y uno sin tratar no es menor. Los envases susceptibles de lavado que llegan sucios pierden la posibilidad de incorporarse al reciclaje y deben enviarse a disposición final mediante operadores habilitados.
Herrera explicó que ese tratamiento puede costar seis veces más. “Es inviable un sistema logístico y de gestión si los envases se entregan sucios, porque tienen que incinerarse”, advirtió. La consecuencia es económica y ambiental: se encarece el circuito y se pierde un plástico que podría haber tenido una segunda vida bajo condiciones controladas.
El dato también ayuda a dimensionar por qué el triple lavado no es una recomendación optativa. La ley responsabiliza al usuario y al aplicador por la reducción de residuos, el almacenamiento temporal seguro, la capacitación del personal y la entrega obligatoria en un CAT. Si el procedimiento no se realiza, el usuario debe afrontar el costo de gestionar ese envase como material no reciclable.
Una polémica que expone una conducta todavía presente
El caso de La Colina tuvo una escala local, pero su impacto fue nacional porque condensó una práctica que todavía aparece en ámbitos rurales: conservar envases para asignarles un segundo uso doméstico. El paso del tiempo, el lavado artesanal o la apariencia limpia del recipiente no eliminan la restricción.
“Es una ley que protege fundamentalmente la salud y el ambiente”, resumió Herrera. Para CampoLimpio, la respuesta no termina en señalar el error. Requiere capacitar a productores, contratistas y trabajadores, fortalecer la disponibilidad de centros y evitar que los envases abandonen la trazabilidad.
La organización proyectaba cerrar 2026 cerca de los 30 millones de kilos recuperados. El volumen muestra que existe una estructura en funcionamiento, pero también que el desafío depende de miles de decisiones individuales. Cada envase lavado y entregado correctamente puede regresar a una cadena industrial segura. Cada recipiente que se guarda, se abandona o se reutiliza junto a alimentos vuelve a abrir el riesgo que la legislación buscó cerrar.
