La eliminación temporal de las retenciones para granos y subproductos, anunciada por el Gobierno de Javier Milei el 22 de septiembre, prometía convertirse en un alivio para productores y un incentivo para acelerar las liquidaciones. Sin embargo, en apenas tres días, el beneficio se agotó por completo: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron el tope de US$7000 millones, obligando a la Secretaría de Agricultura a cerrar el registro de inmediato.

Lo que parecía una medida diseñada para oxigenar a todo el complejo agroexportador terminó concentrándose en un puñado de grandes compañías que se movieron con rapidez. Según datos oficiales, siete exportadoras acapararon el 86 % de los registros, declarando en conjunto 17 millones de toneladas. El resultado desató una ola de críticas desde el campo, que acusa al Gobierno de haber creado “un negocio enorme para pocos” mientras miles de productores quedaron afuera.

Los gigantes que se llevaron la mayor parte

El ranking estuvo encabezado por Louis Dreyfus Company (LDC), que declaró 3,5 millones de toneladas, el 18,1 % del total. Le siguió muy de cerca Cargill, con 3,5 millones (17,9 %). En tercer lugar quedó Bunge Argentina, con 2,67 millones (13,7 %), seguida de Aceitera General Deheza (AGD) con 2,5 millones (12,8 %).

Más atrás se ubicaron Cofco International Argentina, con 1,86 millones (9,5 %); Molinos Agro, con 1,45 millones (7,4 %); y Viterra, con 1,45 millones (7,4 %). Entre todas, estas siete empresas concentraron la mayor parte del beneficio de retenciones cero.

El resto de las exportadoras, incluidas cooperativas como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), apenas pudieron registrar volúmenes marginales. ACA, por ejemplo, solo alcanzó 373.000 toneladas, equivalente al 1,9 % del total.

Qué productos lideraron el frenesí

El negocio se concentró en gran medida en la soja y sus derivados. Los subproductos de soja representaron el 36,5 % de lo declarado, con más de 7,1 millones de toneladas. Le siguieron la soja en grano, con 5,1 millones (26,2 %); el trigo pan, con 3,1 millones (15,8 %); y el maíz, con 2 millones (10,4 %).

También se declararon operaciones de aceite de soja (1,53 millones, 7,8 %), cebada forrajera (315.000 toneladas) y productos menores como sorgo, girasol y harinas. En todos los casos, el atractivo estuvo en aprovechar la ventana fiscal que dejaba en cero las alícuotas, que habitualmente oscilan entre el 12 % para el trigo y el 26 % para la soja en grano.

La mirada de los productores: frustración y enojo

El entusiasmo inicial de los productores chocó con la velocidad a la que se agotó el cupo. “Llama la atención que semejante beneficio termine siendo un negocio muy grande para pocos”, advirtieron desde la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El problema, según remarcan los productores, no fue solo la rapidez, sino la forma en que se estructuró la medida. Las DJVE podían declararse sin tener la mercadería comprada, lo que permitió a las grandes empresas anticipar ventas futuras y asegurarse el beneficio, mientras los productores medianos y pequeños no llegaron a vender su grano en ese lapso.

El resultado fue doble: los exportadores aseguraron márgenes extraordinarios y los productores quedaron en desventaja, sin poder capturar la mejora de precios que generó el esquema.

Los analistas: “un veranito fiscal desprolijo”

El economista y consultor Diego de la Puente, de Nóvitas SA, fue tajante: “Lo que ocurrió fue una desprolijidad. Antes existía la Ley Martínez Raymonda, que obligaba a respaldar las DJVE con grano adquirido. Hoy, en cambio, un exportador puede declarar sin tener la mercadería, después comprar más barato y quedarse con la ventaja de las menores retenciones”.

De la Puente agregó que, más allá del efecto positivo de corto plazo para las arcas oficiales, la medida dejó heridos políticos y económicos. “Los productores están enojados porque quedaron afuera, la exportación aprovechó la ventaja y el Gobierno quedó en una posición incómoda. Fue un triángulo en el que todos empujaron, pero con resultados desiguales”.

Por su parte, Bruno Todone, analista de AZ Group, reconoció que la medida cumplió con el objetivo de acelerar el ingreso de divisas. “En tres días se logró lo que normalmente tardaría semanas. El problema es que no todos pudieron participar. En algunos casos los precios mejoraron, pero estaban muy por debajo de la capacidad de pago real de la exportación”, subrayó.

El factor externo: la sombra de Estados Unidos

El anuncio coincidió con un mensaje que agitó aún más el mercado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, escribió en redes sociales que Washington estaba trabajando con el Gobierno argentino para “poner fin a exenciones fiscales para productores de materias primas que conviertan divisas”.

Aunque nunca hubo confirmación oficial de un condicionamiento directo, el mensaje fue interpretado por el mercado como una señal de que el beneficio de retenciones cero sería muy corto. Eso aceleró aún más la carrera de las exportadoras por registrar operaciones antes de que el sistema se cerrara.

En paralelo, el Gobierno negocia un swap financiero por US$20.000 millones con el Tesoro norteamericano, lo que alimentó la idea de que la suspensión de retenciones fue parte de un paquete de medidas coordinadas para mostrar capacidad de generar divisas.

Impacto en el mercado: suba de precios, pero oportunidades limitadas

Durante esos tres días, las cotizaciones de la soja y el maíz reaccionaron con fuerza. La soja disponible pasó de niveles cercanos a los US$300 a operaciones en torno a US$325–330, con picos de US$361,5 en contratos de futuros. El maíz, en cambio, mostró subas más moderadas, de alrededor del 2 %.

Sin embargo, como explicó Todone, la mejora de precios no fue generalizada. “Muchos productores quedaron afuera y los que lograron vender lo hicieron a valores que, si bien eran mejores que los previos, estaban lejos de la capacidad de pago real de la exportación y la industria. Esa brecha fue de entre 40 y 60 dólares por tonelada”, detalló.

Lo que viene: más tensiones y un debate abierto

El episodio dejó varias lecciones para el Gobierno y el sector. Por un lado, quedó claro que la capacidad de reacción de las grandes exportadoras es mucho mayor que la de productores y cooperativas. Por otro, se instaló un debate sobre la necesidad de reglas más claras y mecanismos que eviten que beneficios fiscales extraordinarios terminen concentrados en pocas manos.

En el corto plazo, la Casa Rosada consiguió lo que buscaba: un ingreso rápido de dólares que permitió reforzar reservas y dar aire al Banco Central en un momento de fuerte presión cambiaria. Pero el costo político podría ser alto: productores enojados, exportadores beneficiados y un mercado que vuelve a desconfiar de la previsibilidad de las medidas oficiales.

Mientras tanto, el Gobierno ratificó que el esquema de retenciones 0 % continuará vigente hasta el 31 de octubreúnicamente para carne bovina y aviar, según el decreto 685/2025. Un alivio parcial para algunos sectores, pero que no alcanza a disipar la sensación de que el agro vivió un “cupo exprés” que benefició a unos pocos y dejó a muchos afuera.