Andrea Sarnari y el mapa de reclamos de la Federación Agraria: retenciones, financiamiento e infraestructura en el centro del debate

En la apertura del Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Rosario, la presidenta Andrea Sarnari trazó un diagnóstico severo sobre la realidad del sector agropecuario y reclamó medidas estructurales. Su llamado insistió en la necesidad de un Estado eficiente que no se desentienda pero que tampoco pretenda resolverlo todo por sí mismo.

El tema dominante fue la discusión sobre las retenciones, calificadas por la dirigente como “el peor de los impuestos” por su carácter regresivo y distorsivo. Sarnari reclamó que cualquier alivio temporal debe transformarse en una eliminación definitiva mediante una ley del Congreso para evitar su reimplantación discrecional.

Ese reclamo obliga a repensar la legislación tributaria porque las retenciones afectan la rentabilidad y la capacidad de inversión de las explotaciones, sobre todo las de menor escala. La combinación de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, según la Federación, termina asfixiando a productores que ya registran márgenes estrechos.

La dirigencia también puso en primer plano la presión fiscal y la falta de acceso a crédito con condiciones coherentes con los ciclos productivos. Sarnari reconoció avances puntuales para la ganadería pero advirtió que muchas economías regionales y actividades productivas siguen sin crédito accesible para invertir o afrontar emergencias.

En materia de infraestructura, la preocupacion fue doble: por el estado de rutas y caminos rurales y por la conectividad en zonas dispersas. Sarnari destacó que hay productores que no pueden sacar su producción cuando llueve y familias rurales que tienen dificultades para acceder a escuelas y servicios básicos.

El reclamo apunta además a una mayor transparencia en la gestión de los recursos recaudados localmente, con críticas a la reasignación de tasas municipales que no se traducen en obras visibles. Para la FAA, la mejora de rutas, trenes y puertos es condición para potenciar las aspiraciones de tener cosechas récord y fortalecer la logística de salida al mercado.

Financiamiento, ciencia aplicada y cadenas regionales en riesgo

Otro eje del discurso fue la inquietud por el proyecto de Presupuesto nacional que, según Sarnari, deja al INTA con menos certezas sobre sus recursos para investigación y desarrollo. La Federación pidió que el instituto conserve su autonomía funcional y económica para sostener la asistencia técnica que beneficia a miles de pequeños y medianos productores.

La pérdida de financiamiento dirigido podría limitar proyectos de adaptación tecnológica y transferencia de conocimiento que resultan clave frente a la variabilidad climática. Sarnari subrayó que recortes o redirecciones presupuestarias terminan afectando la capacidad del Estado para acompañar innovaciones y resolver problemas concretos en el terreno.

En ese marco, las economías regionales figuran como sectores particularmente vulnerables por costos, distancia a puertos y falta de infraestructura. La dirigente advirtió que cuando desaparece un productor regional no solo se pierde una explotación sino que se debilita toda una cadena productiva y el tejido social local.

La apertura de importaciones también fue mencionada como factor de presión adicional para rubros que compiten en condiciones asimétricas frente a productos extranjeros. Para la FAA, las políticas de comercio y promoción deben considerar el impacto sobre el empleo rural y la supervivencia de industrias regionales.

Respecto al IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), Sarnari defendió su rol en la apertura de mercados y en tareas de promoción y capacitación que cuestan dinero. La advertencia fue clara: sin financiamiento sostenido, el instituto corre riesgo de debilitamiento y con ello la proyección de la carne argentina al exterior.

En el terreno de las semillas, la posición de la Federación volvió a enfatizar el derecho al uso propio por parte de los productores y el rechazo a la adopción de UPOV 91. Sarnari consideró que la incorporación de nuevas tecnologías debe facilitarse sin convertirse en una carga económica adicional para los agricultores.

La postura oficial de la FAA fue ratificada: sí a la modificación de la ley de semillas bajo el marco de UPOV 78 y con respeto al uso propio, no a la 91 que, según la entidad, restringe derechos históricos de los productores. Ese debate no es menor porque impacta en la soberanía semillera y en los costos de sembrar cada campaña.

El Congreso de la FAA dejó en claro que las demandas son múltiples y conexas: políticas fiscales, crédito, infraestructura, ciencia aplicada y regulación de semillas forman un paquete que define la sustentabilidad de la producción. Para los dirigentes rurales, la urgencia es convertir reclamos puntuales en políticas públicas coherentes que permitan planificar a mediano y largo plazo.