En un nuevo paso hacia la desregulación de los mercados, el ministro de Economía Luis Caputo derogó una histórica resolución del año 1992 que aplicaba retenciones a la exportación de cueros bovinos. La norma, conocida en el sector como la “Fórmula de Chicago”, había sido instaurada durante el gobierno de Carlos Menem y fue una de las herramientas más controvertidas en la política industrial del cuero argentino.
La resolución ahora anulada, la N° 11/1992 de la ex Secretaría de Industria y Comercio Interior, establecía un sistema de derechos móviles que variaban según la cotización internacional del cuero salado sin curtir. Este cálculo derivaba en alícuotas que, si bien no eran fijas, funcionaban de hecho como un mecanismo proteccionista a favor de la industria curtidora local. Por eso, durante más de tres décadas, los frigoríficos y exportadores de cuero crudo reclamaron su eliminación.
“Lo que se conocía como ‘Fórmula de Chicago’ tenía como principal objetivo garantizar materia prima barata para los curtidores nacionales”, explican desde el sector exportador. El modelo se inspiraba en un análisis de precios internacionales elaborado por el Chicago Mercantile Exchange, que vinculaba la evolución del precio del cuero con una escala de retenciones que llegaban incluso al 20%.
Un viejo reclamo del sector exportador
Desde hace años, la cadena cárnica —en especial los frigoríficos exportadores— venía solicitando que se terminara con este tipo de tributos, que consideraban distorsivos e injustificados. Argumentaban que Argentina era el único país del Mercosur que aplicaba este tipo de retención a los cueros, lo que generaba pérdida de competitividad frente a Brasil y Uruguay, grandes jugadores del negocio global del cuero.
Con la eliminación de esta fórmula, el Ejecutivo busca alinear la política tributaria con el espíritu del DNU 70/2023 de desregulación económica. La Resolución 65/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que la medida entra en vigencia de manera inmediata y se enmarca en el plan de “corrección de distorsiones” en los mercados.
“Se eliminan trabas que beneficiaban a un sector en detrimento de otro”, señalaron fuentes del Ministerio de Economía. Para el Gobierno, esta derogación permite liberar exportaciones de bajo valor agregado que, paradójicamente, tenían más carga impositiva que productos industriales.
Impacto sobre la cadena y la industria curtidora
Aunque desde el sector de la carne celebraron la medida, la industria curtidora local —representada por cámaras como CICA— históricamente defendió las retenciones como una forma de asegurar disponibilidad de materia prima. Argumentaban que el cuero es parte del patrimonio ganadero nacional y debe ser tratado como un insumo estratégico.
Sin embargo, la caída de la producción industrial en los últimos años y la pérdida de posicionamiento internacional del cuero argentino han debilitado ese argumento. En paralelo, los frigoríficos aseguran que una menor carga impositiva permitirá reintegrar márgenes al negocio y mejorar los ingresos por exportación, en un contexto de precios internacionales aún deprimidos.
Según datos de la Dirección de Exportaciones del Ministerio de Agricultura, en 2024 se exportaron más de 200 mil toneladas de cuero bovino por un valor de aproximadamente 250 millones de dólares, aunque los ingresos fueron menores que en 2022. Se espera que la medida anunciada por Caputo permita recuperar parte del volumen y valor perdido en el comercio exterior.
Un cambio que va más allá del cuero
La derogación de esta norma no es un hecho aislado. Forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por el equipo económico para desmantelar estructuras regulatorias heredadas de los años ’90 y 2000, muchas de las cuales fueron sostenidas o reeditadas por gobiernos posteriores, tanto kirchneristas como macristas.
“Se trata de limpiar el sistema de normas obsoletas que frenan la competitividad argentina”, explicó un funcionario allegado a Caputo. La eliminación de la retención específica a los cueros también se suma a la baja temporal de derechos de exportación en otros productos del agro —como sucedió en mayo con la soja—, en un intento por acelerar el ingreso de divisas.
