Desde las principales zonas productoras del norte argentino, operadores del sector advierten que el aumento de la venta de cigarrillos procedentes de países limítrofes está minando el financiamiento del cultivo. La comercialización informal de unidades importadas de Bolivia y Paraguay reduce la recaudación sobre el consumo, que alimenta el Fondo Especial del Tabaco (FET), el mecanismo que complementa los ingresos de los productores.
El FET, creado en 1967, se nutre de tributos vinculados al consumo de tabaco y distribuye esos recursos a las provincias con actividad tabacalera —entre ellas Salta, Misiones, Jujuy y Corrientes— para pagar compensaciones y sostener la producción. Cuando la cadena comercial opera fuera del circuito fiscal, el fondo recibe menos recursos y su capacidad de pago se deteriora.
En un contexto donde el tipo de cambio oficial no acompaña la suba de costos, el acceso al crédito es restringido y los insumos se encarecen, los productores enfrentan una situación de fragilidad. Pero en las provincias del norte señalan que el problema de mayor impacto es el contrabando de cigarrillos, que erosiona directamente la principal asistencia que reciben: las transferencias del FET.
Los tabacaleros recuerdan que esta actividad exige mucha mano de obra y un manejo agronómico intenso, además de riego en muchas fincas, por lo que la posibilidad de reconvertir la tierra a otros cultivos es limitada. Estas características elevan la dependencia de subsidios y créditos en momentos de tensión financiera.
Jorge Rois, productor de Carahunco (Jujuy) y miembro de la mesa ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas, describió la situación como complicada: la combinacion de un tipo de cambio retrasado, un precio fijado por acuerdos locales entre acopiadores y la cámara del sector, y la falta de financiamiento explican parte de la pérdida de rentabilidad.
Rois, que cultiva 70 hectáreas y se sitúa en el segmento de productores medianos —en Jujuy hay alrededor de 1.000 productores de tabaco, junto a un número relevante de pequeños agricultores que alternan cultivos— explica que el ciclo productivo se extiende cerca de 11 meses desde la siembra en almácigos hasta la cosecha, lo que exige capital de trabajo prolongado.
Aunque algunos rindes locales pueden considerarse razonables —un ejemplo habitual es un rendimiento cercano a 2.700 kg por hectárea en campañas favorables—, los productores arrancan muchas campañas con liquidez reducida. El precio pactado por kilo suele moverse en un rango cercano a US$3,2–3,5 según clase, pero los costos en dólares han subido y comprimen los márgenes.
El problema fiscal se amplifica por la expansión del mercado ilegal. Los productores informan un crecimiento sostenido del contrabando y de la oferta “sin marcas conocidas” en ferias y comercios informales: paquetes que no tributan y, por ende, no contribuyen al FET. El efecto es directo: menor recaudación, y menos recursos para transferir a los cultivadores.
Fondo Especial del Tabaco
El peso relativo del FET en el ingreso de los productores se ha reducido de forma notable. Según testimonios del sector, hace dos temporadas el fondo representaba cerca del 60% del ingreso complementario de un productor típico; en la campaña más reciente esa participación cayó aproximadamente al 30%, lo que evidencia una pérdida de valor del mecanismo de apoyo.
La abundancia de cigarrillos introducidos irregularmente desde países vecinos impide que la alícuota fiscal prevista por ley llegue a conformar el fondo en su nivel esperado. Además, los canales informales donde se comercializan estos productos (ferias, puestos callejeros, comercios sin fiscalización) dificultan la detección y el control.
Actividad y desafío productivo
Más allá de la cuestión fiscal, el sector enfrenta limitaciones para crecer en superficie y escala: en Jujuy hoy la superficie cultivada se sitúa en torno a 12.700 hectáreas, mientras que en la vecina Salta la cifra ronda las 20.000 hectáreas, una diferencia que refleja distintas dinámicas productivas y de inversión.
El contrabando no sólo reduce la recaudación sino que agrava la vulnerabilidad de una cadena productiva que ya opera con márgenes estrechos. La menor transferencia desde el fondo tiene efecto inmediato en el flujo de caja de los productores, que deben afrontar costos de plantación, cuidado, cosecha y poscosecha, además de obligaciones sanitarias específicas: tras la cosecha es habitual que se deban retirar o voltear rastrojos para controlar plagas, un proceso que implica costos adicionales.
Productores y representantes del sector coinciden en que en el corto plazo la expansión del comercio ilegal es el factor más perturbador: golpea la principal fuente de compensación y reduce aún más la rentabilidad en un negocio con poca capacidad de reconversión.
Frente a este cuadro, actores del sector proponen medidas de política pública y de gestión privada que podrían aliviar la situación: intensificar los controles en pasos fronterizos, mejorar la cooperación regional con países vecinos para frenar redes de contrabando, implementar sistemas de trazabilidad y sellos fiscales digitales, reforzar la fiscalización del comercio minorista y promover líneas de crédito específicas para tabacaleros y cooperativas.
Además, desde las organizaciones rurales se sugiere acompañar a los productores con alternativas de fortalecimiento institucional —por ejemplo, apoyo a acopios gestionados por productores y asesoramiento técnico— y programas que faciliten el acceso a financiamiento en condiciones sostenibles mientras se trabaja en soluciones de mediano plazo para recuperar la base contributiva del FET.
La combinación de presión económica, competencia ilegal y fragilidad institucional dibuja un panorama complejo para la cadena tabacalera del norte argentino. Productores, cámaras y autoridades tendrán que coordinar respuestas concretas si se quiere preservar tanto la producción como el empleo y la dinámica social de las regiones involucradas.
