En este contexto, el país se prepara para cubrir el pico de demanda invernal bajo una modalidad inédita en dos décadas a partir del traspaso del control de las importaciones de GNL hacia manos privadas, mediante una licitación pública internacional en marcha. Este giro en la política energética local ocurre en un momento de fragilidad logística internacional.
La volatilidad extrema regresó a los mercados energéticos globales y puso a la Argentina frente a un escenario de máxima tensión. El conflicto armado en Medio Oriente no solo disparó señales de alerta sobre los precios del crudo que en el caso del Brent se acerca peligrosamente a la barra de los u$s100 por barril, sino que se extiende al comercio global del Gas Natural Licuado (GNL), del cual el país es aún comprador estacional.
El proceso de desregulación, oficializado mediante el Decreto 49/2026, estableció que un “agregador-comercializador” privado reemplace el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos. Esta nueva figura debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional.
El cierre virtual del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del gas y petróleo mundial, paralizó el despacho en Qatar, uno de los mayores exportadores del planeta. Como resultado, el indicador TTF de Europa -referencia clave para las compras argentinas- registró un salto del 70% desde el 24 de febrero al 6 de marzo, lo que obliga a recalcular los costos de un suministro que el país necesita asegurar en cuestión de semanas.
Para la Argentina, a pesar del estremecimiento global, el mercado local se encuentra en una posición ventajosa al pasar de ser deficitaria a superavitaria en energía, principalmente por las exportaciones de petróleo, lo que significa mayores ingresos al subir el precio del crudo. Además, se posiciona para convertirse en pocos años como un proveedor de GNL confiable y alejado de las zonas de conflicto y rutas afectadas.
GNL de importación para la Argentina
Juan Bosch, presidente de SAESA, advierte sobre la particularidad de esta crisis en comparación con el mercado del petróleo. Según el directivo, “aunque el estrecho de Ormuz ve pasar a diario un quinto del petróleo mundial, hay más fuentes y rutas para el petróleo que para el GNL, lo que hace que el impacto en el gas sea más pronunciado”, con lo cual es mucho más sensible al bloqueo de arterias marítimas estratégicas.
Es que la tensión global se dio en momentos en que “la administración de las importaciones de gas ya no estará a cargo de la empresa estatal ENARSA, sino de una empresa privada a través de una licitación. Aunque es pronto para evaluar, se espera que una gestión privada sea más diligente y eficiente, lo que podría generar eficiencias en la asignación de costos y el análisis de riesgos, aunque el éxito dependerá también de factores como la severidad del invierno”, advirtió.
“Un impacto negativo es que Argentina, a pesar de ser superavitaria en energía y gas natural en general, sigue siendo importadora de GNL durante los picos de consumo en invierno (junio-julio). Los precios de importación son muy elevados, y este será el primer invierno en que la gestión de importación y comercialización de GNL estará en manos de una empresa privada”, resalto Bosch.
Un cambio de paradigma en la gestión
El principal desafío para el futuro operador privado reside en un complejo desfasaje temporal de precios. El esquema diseñado por el Gobierno y la complejidad misma del mercado obliga al comercializador a cerrar los principales contratos de compra con los comercializadores internacionales durante los meses de marzo y abril, cuando no es posible anticipar si la volatilidad por el conflicto en Irán podrá bajar o seguirá en alza.
La invasión rusa de Ucrania en 2022 disparó los precios del gas, afectando severamente a Europa. En ese momento, Argentina se vio obligada a comprar GNL a precios altísimos que llegaron hasta 22 USD/MBTU, comparado con los 2-3 USD/MBTU actuales al no haber anticipado las compras. Sin embargo, la guerra también favoreció comercialmente a Argentina al disparar los precios de los productos agrícolas.
Este escenario expone al adjudicatario a un riesgo cambiario y de mercado que podría volverse inmanejable. Mientras el precio de adquisición queda cristalizado en el momento de la contratación internacional, el precio de venta final en el mercado interno debe responder a una estructura de tarifas que no siempre se ajusta con la misma celeridad. Sin mecanismos de cobertura claros, el operador privado corre el riesgo de sufrir un estrangulamiento de caja, advierten los analistas.
Sin embargo, ese recurso se venderá a las distribuidoras locales recién dos o tres meses después, durante el pico de consumo invernal, lo que puede generar una renta extraordinaria en caso de que el combustible mantena esta volatilidad alcista o generar un bache financiero que requiere de una espalda de capital considerable, explicaron voceros del sector.
Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Energía introdujo una “cláusula de seguridad” que le permite al Estado adquirir volúmenes adicionales ante cualquier amenaza al suministro. Esta reserva es una admisión implícita de que la capacidad de respuesta del sector privado podría verse desbordada por factores exógenos. Si el agregador no logra utilizar plenamente la capacidad de regasificación de las terminales de Escobar o Bahía Blanca, o si las ventanas de arribo de los buques se ven alteradas por la logística global, será el Estado quien deba volver a intervenir de emergencia.
La ingeniería financiera se vuelve aún más compleja al observar el mecanismo de selección de la licitación. Al basarse en la oferta de la menor tarifa en USD/MMBTU, el modelo busca eficiencia, pero deja un margen de error casi inexistente, poniendo en duda la sustentabilidad de toda la operatoria para este primer invierno sin Enarsa.
Sin embargo, el escenario de 2025 mostró una dinámica diferente que sirve de advertencia para el nuevo operador privado. El año pasado, la cantidad de buques se mantuvo en niveles similares —se adjudicaron finalmente 27 barcos— pero el costo total ascendió a cerca de u$s740 millones. Este incremento respondió a un precio promedio de importación más elevado, que osciló entre los u$s12,5 y los u$s13,6 por MMBTU en las licitaciones de Enarsa.
El costo de importación en invierno
Para entender la magnitud del mercado que el Gobierno decidió delegar, basta observar el desempeño de la balanza energética en los últimos dos años. Durante 2024 de acuerdo a las cifras públicas de Enarsa, la Argentina importó un total de 30 cargamentos de GNL por un monto aproximado de u$s672 millones. En aquel invierno, el precio promedio por cada millón de BTU (MMBTU) se ubicó en torno a los u$s10,7, una cifra que permitió un ahorro significativo respecto de los picos históricos de la pospandemia.
En 2025 esa tendencia se estancó, pero en este caso parte de las importaciones de GNL no fueron para el abastecimiento de la demanda prioritaria (usuarios residenciales) sino a desplazar parte de los combustibles más caros y contaminantes como el gasoil y el fuel oil que utilizan las centrales térmicas.-
En 2024, el país logró reducir las importaciones en más de u$s1.000 millones respecto del año anterior porque la engrada en oepración de nueva infraestrutura de transporte como el gasoducto Perito Moreno permitió un mayor abastecimiento del mercado local. Aquel año fue el primero en que estuvo operativo durante los 12 meses el nuevo gasoducto que aportó más de 20 MMm3/d.
Así, a pesar de los récords de producción en el yacimiento neuquino, la Argentina sigue atada al mercado spot global para superar los meses de frío extremo, una dependencia que ahora el sector privado deberá gestionar con sus propios recursos. El nuevo comercializador privado debutará con el riesgo de enfrentar un mercado internacional con precios sensiblemente altos, como ya ocurrió en 2022 cuando se llegaron a pagar hasta 28,8 dólares por MMBTU tras la invasión rusa en Ucrania.
