Operativo en Corrientes: recuperaron cerca de 250 cabezas y preocupa el destino de los animales secuestrados
Un operativo que comenzo a principios de enero en la provincia de Corrientes derivo en la localizacion y decomiso de casi 250 animales entre vacas, novillos y terneros. La investigacion se abrio tras la interceptacion de un camion jaula con 20 animales que circulaba con documentacion irregular. A partir de alli se realizaron seis allanamientos y un operativo adicional que permitio recuperar alrededor de 250 cabezas. La causa judicial tiene tres detenidos con prision preventiva, un profugo y dos mujeres notificadas en caracter de investigadas. Fuentes judiciales consultadas no ofrecieron respuesta al cierre de esta nota.
Situacion en la Sociedad Rural de La Cruz: animales sin alimento y muertes
Los animales incautados permanecen desde entonces en el predio de la Sociedad Rural de La Cruz. Carlos Roldan, presidente de la Asociacion de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), describio la situacion con dureza: “Se empezaron a morir los animales”. El predio fue una solucion temporal hasta que la fiscalia, a cargo de Facundo Sotelo, pudiera liberar la orden de traslado a un campo con pasturas; sin embargo, la demora administrativa y la falta de una ubicacion autorizada estan provocando hambre, perdidas y riesgo de mayor mortalidad.
Reclamaciones, identificacion y destino propuesto
De las casi 250 cabezas secuestradas, 65 fueron restituidas tras la identificacion y certificacion por parte de sus propietarios. El resto -198 animales- quedo alojado en la Rural de La Cruz porque no pudieron ser identificados: marcas ilegibles por sobremarcas, ausencia de marca (los llamados “orejanos”) o marcas borradas impidieron determinar su origen. Ante esa situacion, la ASRC solicito a la fiscalia que la hacienda no reclamada fuera trasladada a un campo del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) en Santo Tome, un predio que habia sido recuperado del narcotrafico y que puede ofrecer pasturas y condiciones para el sostenimiento hasta que la Justicia dictamine.
Costos y carga economica para la entidad rural
La Sociedad Rural afronto inicialmente los gastos logisticos y de alimentacion. El traslado demando mas de $4 millones en fletes y la primera semana de alimentacion insumio alrededor de $2 millones adicionales. Roldan advirtio que la entidad no tiene capacidad economica ni espacio para mantener a la hacienda indefinidamente. “Ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio Publico se hicieron cargo”, afirmo, senalando que la Rural vive de remates mensuales y que la presencia de animales secuestrados impide cumplir con esa actividad: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no autoriza el ingreso de animales a remates cuando hay otros animales dentro del predio sin la documentacion correspondiente, lo que implica una fuerte caida en los ingresos.
Restricciones legales y la autorizacion judicial pendiente
Segun Roldan, la ASRC gestiono ante el INTA y presento la documentacion necesaria para que el fiscal emitiera el oficio de traslado hacia un campo publico. Si bien la fiscalia autorizo el traslado, no especifico el lugar adonde debian llevarse los animales, lo que mantiene en suspenso cualquier movimiento por temor a incumplir la ley. El dirigente solicito que la decision incluya una dependencia publica como el INTA para que los animales puedan permanecer comiendo, reproduciendose y produciendo hasta que la causa judicial se resuelva.
Impacto sanitario y verificaciones oficiales
La falta de alimento comenzo a producir consecuencias visibles: Roldan informo que ya se contabilizaron 12 animales muertos y que el resto se encuentra en “estado deplorable, sumamente flaco”. La gravedad del cuadro fue constatada por un fiscal que, acompanado por un escribano y un veterinario, verifico el estado de los animales y las muertes registradas. La degradacion del estado sanitario tambien reduce el valor comercial de los ejemplares, lo que complica la posibilidad de remates futuros que podrian haber financiado medidas de apoyo local, segun la vision de productores.
Propuestas y perdidas potenciales
Los productores y dirigentes rurales sostienen que, de haberse habilitado a tiempo el remate de los animales en condiciones comerciales, los fondos obtenidos podrian haberse destinado a equipamiento para la Policia Rural, mejoras en caminos rurales, aportes a escuelas de la zona o electrificacion rural. Ahora, el deterioro de la hacienda disminuye notablemente esa alternativa y subraya la necesidad de una respuesta administrativa y judicial que reduzca las perdidas y proteja el patrimonio de los productores afectados.
Respuesta institucional y creacion de una fiscalia rural
En paralelo, el Ministerio Publico abrio un concurso para la creacion de una fiscalia rural en Paso de los Libres con competencia sobre La Cruz y otras localidades historicamente afectadas por abigeato y robo organizado de hacienda. No obstante, esa medida no tiene retroactividad automatica, por lo que la investigacion actual sigue bajo la responsabilidad del fiscal que la inicio. Para que la nueva fiscalia intervenga en causas en tramite seria necesaria una actuacion del Ministerio Publico que modifique la competencia en este caso especifico.
Alcance regional del fenomeno
La region afectada por este operativo y por episodios anteriores de abigeato incluye a unos 45 productores en localidades como La Cruz, Santo Tome, Alvear, San Roque, Saladas y Bonpland. La franja fronteriza con el rio Uruguay, por su proximidad a Brasil, registra una mayor incidencia de robo y trafico de hacienda, lo que complica las labores de control y exige coordinaciones transfronterizas y reforzamiento de medidas de prevencion.
Que sigue y el llamado a una solucion urgente
Productores y autoridades rurales piden una respuesta rapida y coordinada: una orden judicial que autorice el traslado de los animales no reclamados a dependencias publicas aptas como el INTA, la asuncion temporal de costos por parte de organismos estatales o la habilitacion controlada de remates para preservar el valor de los animales y financiar medidas locales. Mientras tanto, la situacion sanitaria de la hacienda y la carga economica sobre la Sociedad Rural de La Cruz empeoran dia a dia, con el riesgo de que aumenten las muertes y las perdidas para los productores de la region. La resolucion del caso, ademas de sancionar a los responsables del robo organizado, debera contemplar el destino y la proteccion de los animales secuestrados para evitar danos adicionales a la produccion agropecuaria local.
