El representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, describió un panorama “de gravedad extrema” en todo el país. Denunció que las instituciones, transportistas y profesionales que trabajan en la atención de personas con discapacidad enfrentan una situación límite debido a la falta de actualización de los aranceles regulados por el Estado.
“En Argentina, los aranceles los regula el Estado, aunque los principales financiadores sean las obras sociales y prepagas. Esos valores están congelados desde diciembre de 2024. El gobierno acaba de anunciar una suba del 35%, pero llega tarde y es totalmente insuficiente frente a un atraso superior al 70%”, explicó Goldman por Radio Rivadavia.
El dirigente remarcó que el sistema se sostiene “a pulmón” y que muchas instituciones se encuentran al borde del cierre. “Los centros de día, los educativos terapéuticos y los hogares están quebrando. Hay entidades que apelan a la caridad para comprar alimentos o pagar servicios. El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerraron”, señaló.
La demora en los pagos agrava el cuadro: los prestadores facturan a mes vencido y cobran recién a los 90 días. “Eso significa que la actualización recién se sentirá entre enero y marzo del año próximo, si es que se concreta”, detalló.
Goldman también puso el foco en la situación de los profesionales, que cobran valores irrisorios. “Un terapista o psicólogo recibe 12 mil pesos por sesión. Un transportista, 540 pesos por kilómetro. Así es imposible sostener la atención. Muchos profesionales se van, y las personas con discapacidad quedan sin rehabilitación, sin traslados, sin asistencia”, lamentó.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, es la encargada de regular los aranceles y ejecutar la política pública en la materia. Sin embargo, según Goldman, “no ha dado respuestas” a los reclamos del sector.
“ANDIS debería actualizar los aranceles y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, sostuvo.
Otro de los puntos críticos es la baja masiva de pensiones por discapacidad. “En los últimos meses se dieron de baja más de 1.100 pensiones y el presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 más, sin haber sido auditadas. Es absurdo: no se puede dar de baja algo que no se conoce”, advirtió.
Goldman recordó que el colectivo de instituciones y prestadores adhirió a un amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Campana, que reclama la aplicación inmediata de la ley de emergencia. “Tenemos esperanza en que la Justicia ordene al Estado cumplir con la normativa vigente. No pedimos nada extraordinario, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
