La reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones más emblemáticas del sistema científico y tecnológico agropecuario argentino, quedó al borde del naufragio tras un duro revés en la Cámara de Diputados, que rechazó por amplia mayoría el decreto 462/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
En una sesión extensa y con un temario variado, los legisladores se expresaron sobre el futuro del organismo: 141 diputados votaron en contra del decreto, 65 a favor y hubo 1 abstención, superando cómodamente los dos tercios que exige la Constitución para revocar decisiones del Poder Ejecutivo. De este modo, la iniciativa que buscaba modificar el modelo de gobernanza del INTA fue neutralizada por la Cámara Baja y ahora el debate se traslada al Senado, donde la oposición cuenta con mayoría y podría confirmar su rechazo definitivo.
¿Qué implica la reforma que quiso aplicar el Gobierno?
El decreto presidencial proponía desarticular el actual sistema mixto de conducción del INTA, basado en un Consejo Directivo con representación de las entidades del agro, universidades y el Estado, para transformarlo en un organismo desconcentrado bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De haberse concretado, se habría dado por finalizado un modelo de gobernanza único en América Latina, que garantizaba cierta autonomía técnica e institucional para la planificación y ejecución de políticas de innovación rural y desarrollo científico aplicado.
Para muchos legisladores, y también para amplios sectores del agro, la reforma implicaba una pérdida de institucionalidad y un retroceso en la articulación público-privada, en un momento en que el INTA busca recuperar capacidad operativa tras los recortes presupuestarios de los últimos años.
Un escenario incierto: ¿se judicializa la reforma?
Desde la Casa Rosada no tardaron en reaccionar. Fuentes oficiales deslizaron que el Ejecutivo no descarta avanzar por la vía judicial si el Senado también decide rechazar el decreto. Sería un camino que prolongaría aún más la incertidumbre institucional que ya afecta a las distintas unidades del INTA en el país, donde más de 7.000 trabajadores, técnicos e investigadores desarrollan tareas clave en genética vegetal, manejo agroecológico, producción animal, suelos y bioeconomía.
La Fundación Barbechando, que sigue de cerca los temas agropecuarios en el Congreso, advirtió:
“Si el Senado ratifica el rechazo, el decreto quedará definitivamente sin efecto. Pero el Gobierno ya avisó que podría judicializar el caso, lo que mantendría en vilo al sector”.
La posibilidad de una judicialización plantea nuevos interrogantes sobre el futuro institucional del INTA, en momentos en que su rol es clave para acompañar la transformación tecnológica del agro argentino frente al cambio climático, las nuevas exigencias de los mercados y la necesidad de producir más con menos impacto ambiental.
El INTA como símbolo de una disputa más amplia
Lo que está en juego trasciende al INTA. El rechazo al decreto 462/2025 expone una tensión creciente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que en los últimos meses ha gobernado mayormente por decreto y ha buscado concentrar poder de decisión, incluso en organismos con fuerte respaldo territorial y técnico como el INTA.
El resultado de esta votación es también una señal política clara sobre los límites institucionales a las reformas impulsadas sin diálogo ni consenso, especialmente en ámbitos donde confluyen actores tan diversos como productores, universidades, técnicos y científicos.
¿Qué puede pasar ahora?
Todo dependerá del Senado. Si allí también se impone el rechazo por dos tercios, la reforma quedará anulada. Pero si el oficialismo logra bloquear esa mayoría, el decreto seguiría vigente. Y si el tema escala al Poder Judicial, podría quedar sujeto a medidas cautelares o a un fallo final que tarde meses.
Mientras tanto, la incertidumbre crece en el INTA y también en el mundo agropecuario, que mira con atención cómo se resuelve esta pulseada que, más allá de lo técnico, revela una profunda disputa política e ideológica sobre el rumbo de las instituciones del agro en la Argentina.
