Controversia en la Sociedad Rural Argentina por una posible nueva postulacion presidencial
Un grupo numeroso de socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) difundio una carta dirigida a los socios y autoridades de la entidad en la que cuestiona, desde argumentos eticos y estatutarios, la posibilidad de que el actual presidente, Nicolas Pino, busque un nuevo mandato para el periodo 2026-2028. El documento, que viene circulando en redes y entre productores, pone en foco un debate interno que ya divide a sectores historicos de la institucion y a la conduccion actual.
Los firmantes plantean que existe una “contradiccion etica” y una posible “violacion del estatuto” si se autoriza una nueva reeleccion. Segun sostienen, resulta incoherente con los principios de alternancia y transparencia que la propia SRA promovio al aprobar una reforma estatutaria en 2023 que limita las reelecciones. Para esos socios, permitir que quien impulso un limite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de esa regla seria un retroceso institucional y un ejemplo de doble estandar que podria danar la legitimidad de la entidad.
Argumentos centrales de los criticos
Los productores que suscriben la nota enfatizan varios puntos: la necesidad de coherencia entre el discurso publico y las practicas internas; la importancia de la alternancia como garantia de salud democratica; y la conveniencia de evitar que la institucion sea cuestionada en el plano etico. Senalan ademas que seis anos -dos mandatos- son un lapso suficiente para desarrollar proyectos directivos y que prolongar permanencias por conveniencia personal debilita la institucionalidad y la representatividad de la SRA.
En su texto demandan claridad y transparencia: si existe algun criterio, excepcion o interpretacion administrativa que habilite otra postulacion, esa documentacion debe ser exhibida a los socios. Para los firmantes, las reglas estatutarias no deben perder legitimidad por decisiones oportunistas de quienes las impulsaron.
Respuesta de la conduccion y el dictamen de la IGJ
Frente a las criticas, la Comision Directiva de la SRA emitio una comunicacion publica en la que sostiene que, tras consultar a la Inspeccion General de Justicia (IGJ), el presidente Nicolas Pino se encuentra “legalmente habilitado” para presentarse en 2026. La IGJ, segun la version oficial, emitio un dictamen el 19 de junio de 2025 en el que determino que el mandato vigente (2024-2026) debe entenderse como el primero a efectos de la limitacion estatutaria, de modo que una reeleccion en septiembre de 2026 daria inicio al segundo mandato bajo ese computo.
La Comision Directiva recuerda que la reforma estatutaria fue aprobada en una Asamblea Extraordinaria el 30 de marzo de 2023 y que el cambio -que incorporo un limite de tres periodos consecutivos en el articulo 15- adquirio vigencia formal tras su inscripcion ante la IGJ el 20 de julio de 2023. Sobre esa base, y apoyandose tambien en un informe de asesoria legal contratado por la entidad (estudio Cassagne), la conduccion afirma que se respetaron los procedimientos y que la interpretacion administrativa valida es la apuntada por la IGJ.
Ademas, la conduccion defiende su gestion al atribuirle la normalizacion financiera de la SRA, la federalizacion de su presencia en el pais y logros de representacion del sector rural en distintos ambitos. Sostiene que la actuacion de la actual gestion ha respetado el marco legal y los estandares eticos de la institucion.
Firmas, apoyos y alineamientos internos
La carta de advertencia reune la firma de un numero amplio de socios historicos y productores, quienes manifiestan su inquietud publica sobre la conduccion y la interpretacion estatutaria. Entre los nombres que acompanan la nota figuran Maria Susana Azzi, German Julio Mouremble, Enrique Wilson Rae, Eduardo Caruso Moreno, Nicolas Corti Maderna, Alejandro Delfino, Santiago del Solar, Juan Balbin, Sergio Larramendi, Bruno Quintana, Alejandro Mendia, Mercedes Elissondo, Santiago Paris, Belen Doval y otros referentes del sector productivo. Los impulsores senalaron ademas que en los dias siguientes se sumaron nuevos adhesiones de productores de distintas regiones.
En paralelo, la postura de la Comision Directiva conto con respaldos de figuras y socios que avalan la lectura de la IGJ y la asesoria legal externa. Entre los apoyos publicos a la conduccion se cuentan nombres como Ernesto Ayling, Juan Martin Barrantes Mantilla, Juan Manuel Bautista, Alberto Colombres Garmendia, Pablo Antonio Della Lucia, Raul Etchebehere, Maria Cecilia Fernandez Gotti, Sebastian Laborde, Matias Fernando Louge, Daniel Werthein y otros socios de la institucion.
La division interna tambien se expresa en las tensiones personales dentro del directorio: la nota recuerda que Pino mantiene diferencias con su vicepresidente, Marcos Pereda, quien hace tiempo habia expresado su intencion de conducir la organizacion. Esa situacion suma complejidad politica al debate sobre reelecciones y liderazgo.
Implicancias para la SRA y proximos pasos
El conflicto plantea varias cuestiones relevantes para la SRA: la interpretacion y claridad sobre la aplicacion retroactiva o prospectiva de las reformas estatutarias; la necesidad de transparencia en torno a dictamenes administrativos y asesorias legales; y el impacto reputacional que puede tener una controversia publica sobre la legitimidad de la entidad en su representacion del sector agropecuario.
A corto plazo, la definicion sobre la candidatura de 2026 dependera de decisiones internas, posibles pronunciamientos adicionales de la IGJ y del curso que adopten las partes en disputa. En terminos institucionales, los socios que piden alternancia insisten en que la mejor manera de preservar la credibilidad de la Rural es evitar cualquier apariencia de excepcion y promover renovacion de autoridades.
En un escenario mas amplio, la disputa recuerda a otras organizaciones civiles la importancia de reglas claras, mecanismos de fiscalizacion y un proceso de comunicacion transparente cuando se producen modificaciones estatutarias que afectan la gobernanza. Para muchos socios, la discusion actual sera una prueba sobre si la SRA sigue valores de coherencia institucional o se inclina por decisiones que prioricen la continuidad sobre la renovacion.
Conclusion: exigencia de transparencia y debate abierto
La controversia en la Sociedad Rural Argentina combina argumentos legales, interpretaciones administrativas y discusiones eticas sobre la practica del poder dentro de una institucion representativa. Mientras la conduccion enfatiza el aval de la IGJ y la legitimidad de los procedimientos seguidos, un sector amplio de socios pide explicaciones publicas, exhibicion de eventuales dictamenes o interpretaciones y un compromiso claro con la alternancia. El desenlace de esta disputa marcara no solo la composicion de la conduccion para 2026-2028, sino tambien la percepcion de la SRA respecto a su capacidad para sostener normas internas y dar ejemplo en materia de gobernanza.
