“Es claro que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto en 2026, pues el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos. Mientras los ingresos se aprobaron por COP$530,7 billones, los gastos ascienden a COP$546,9 billones”, indicó el ente de control.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo un llamado al Gobierno Petro para que, en el nuevo recorte presupuestal que anunció para 2026, adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada.
Con lo que, para el organismo de control la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable.
El cierre de esta brecha dependía de la aprobación del proyecto de ley de financiamiento por COP$16,29 billones, que finalmente fue negado y archivada de manera definitiva.
La advertencia de esta entidad se da luego de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro, sustentada en una “situación fiscal grave e inminente” y mediante la cual se pretende el recaudo de COP$16 billones. Monto que pretendía recoger la leya de financiamiento que se cayó en el Congreso de la República.
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Cómo se distribuye el Presupuesto General para 2026
Para 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento (COP$358,1 billones), 18,4% en deuda (COP$100,4 billones) y 16,1% en inversión (COP$88,4 billones).
Con lo que el Ejecutivo quedó con facultades para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria y presupuestal.
Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto.
“Es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”, refirió la CGR.
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Para el ente de control se ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.
En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también se presentan restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. “En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”.
Sin embargo, señalan que un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos.
Así están las cuentas
En 2024, del total del Presupuesto solo se obligó el 83,1%, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En 2025, al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9%.
Con lo que el Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.
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No obstante, el rubro de inversión apenas arroja el 52,8% obligado, faltando quince días para finalizar el año.
Asimismo, que es esencial realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados. Lo que implica comunicar de manera clara los criterios utilizados, las prioridades establecidas y los impactos esperados, con el fin de preservar la confianza ciudadana y de las instituciones.
El organismo también advierte que el Ejecutivo, a través de la Dian, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
“Es indispensable reafirmar la disciplina fiscal del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, añade la Contraloría.
