17/03/2026 – 17:28hs
La central obrera sostiene que vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales. El trámite legislativo que permitió su aprobación, en la mira
El planteo, que lleva la firma de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, solicita el dictado de una medida cautelar para suspender la vigencia de 64 artículos de la norma. En paralelo, también reclama que se declare la invalidez constitucional de ese conjunto de disposiciones.
La CGT dio un nuevo paso en su estrategia judicial contra la reforma laboral al presentar una acción ante la Justicia del Trabajo con el objetivo de frenar la aplicación de una parte sustancial de la denominada Ley de Modernización Laboral. Se trata de una ofensiva complementaria a la ya iniciada en el fuero Contencioso Administrativo, donde la central aún espera definiciones.
La presentación, patrocinada por el abogado Pablo Topet, sostiene además que la reforma retoma el espíritu del DNU 70/23, previamente declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En ese sentido, advierte que se trata de un intento de avanzar con cambios estructurales en el sistema de relaciones laborales que ya habían sido objetados por la Justicia.
Nuevo reclamo de la CGT contra la reforma laboral
Según el escrito, los artículos cuestionados forman parte de la Ley N° 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, y afectan tanto derechos individuales como colectivos de los trabajadores. Para la central sindical, el contenido de la norma “vulnera derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Asimismo, el escrito plantea una “notoria irrazonabilidad” entre los objetivos declarados por el Gobierno —como la generación de empleo, la reducción de la informalidad y la baja de la litigiosidad— y las herramientas elegidas para alcanzarlos. A criterio de la central, existe un desajuste entre el diagnóstico y las medidas implementadas.
Otro de los ejes del reclamo apunta al proceso de aprobación de la ley en el Congreso. La CGT cuestiona que el tratamiento legislativo se haya realizado de manera exprés, sin la intervención de todas las comisiones correspondientes y con supuestas irregularidades de procedimiento.
Finalmente, la CGT remarca que los artículos impugnados colisionan con el orden público constitucional y con estándares internacionales en materia laboral. En esa línea, solicita que se apliquen los criterios interpretativos del máximo tribunal respecto de los tratados, pactos y convenios internacionales del trabajo, así como de los organismos encargados de su supervisión.
