El empresario y consignatario ganadero Carlos Lanser rechazo de manera categorica cualquier vinculacion con la maniobra que investiga la fiscalia de La Pampa y nego haber encubierto a los imputados en la causa. En dialogo con LA NACION, Lanser cuestiono la hipotesis fiscal que sostiene que la hacienda retirada de su establecimiento en Chajan, provincia de Cordoba, corresponderia a la empresa denunciante. Segun su version, los 1.060 animales secuestrados -entre vacas, vaquillonas prenadas y toros- no pertenecen a la firma damnificada y su procedencia puede acreditarse con documentacion comercial y sanitaria completa.
La causa se origino en mayo de 2025 por una presunta estafa en la compraventa de ganado, operacion que, segun la investigacion, habria sido pagada con cheques sin fondos. Los principales imputados por la supuesta estafa son Ivan Fiorini y Ana Paula Courreges, una pareja de General Pinto, Buenos Aires, que representaria a la firma San Pablo Oeste SA. Esa empresa se encuentra en concurso preventivo. Fiorini y Courreges estuvieron tres meses con prision domiciliaria en General Pico y actualmente se encuentran en libertad con medidas restrictivas. La entidad que denuncio el desapoderamiento es San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul, que afirmo haber sido privada de 1.133 animales.
Segun el relato fiscal al que tuvo acceso la prensa, los 1.060 animales secuestrados en el feedlot de Chajan fueron entregados a la empresa denunciante en caracter de depositaria judicial y luego trasladados a un campo de su propiedad en Fortuna, provincia de San Luis. La reconstruccion a la que arribo la fiscalia plantea que, tras el desapoderamiento inicial, la hacienda habria sido trasladada primero a un campo administrado por San Pablo Oeste SA en la provincia de Buenos Aires y, mas tarde, de manera senalada como “sospechosa”, al predio Carlos Tercero en Chajan, administrado por Lanser a traves de su empresa Agropecuaria La Madera SA. Ese movimiento motivo el allanamiento y el secuestro de los animales en el establecimiento de Lanser.
Lanser rebatio esos senalamientos. Afirmo que la hacienda encontrada en su campo fue adquirida en operaciones regulares, mayormente en ferias, y que cada lote contaba con facturas, marcas y caravanas debidamente identificadas. Enfatizo que posee “toda la trazabilidad, factura por factura, caravana por caravana”, y califico el procedimiento como una “aberracion”. Senalo ademas que, a lo largo de su trayectoria familiar y empresarial -dijo que su familia lleva decadas en la actividad-, nunca han dejado de pagar por una vaca ni han incumplido operaciones; incluso menciono que llegaron a vender propiedades propias para hacer frente a compromisos comerciales.
Una parte central del descargo de Lanser hace hincapie en la forma en que se realizo el allanamiento y el secuestro. El empresario denuncio que el operativo no tuvo en cuenta la documentacion que, segun asegura, estaba disponible en el establecimiento para demostrar el origen de los animales. A su entender, al calificar el procedimiento como un “recupero” se incurre en un error, dado que la hacienda intervenida no perteneceria a la empresa denunciante. Ademas, cuestiono la metodologia del operativo: sostuvo que no se verificaron correctamente las marcas ni las caravanas, que se cargo hacienda de noche sin discriminar categorias ni sexos, y que no se tuvo en cuenta si las hembras estaban prenadas. Por ese motivo considero el procedimiento improcedente desde el punto de vista legal y una vulneracion del derecho a la propiedad privada.
Desde la Fiscalia pampeana, en tanto, sostienen que existen elementos que vinculan la hacienda incautada con la firma damnificada y que los movimientos de los animales son objetables. Ademas de la entrega de los vacunos a la depositaria judicial y su traslado a San Luis, los fiscales consideran relevante la cadena de traslados que habria incluido un campo administrado por la firma imputada y luego el predio en Chajan. La investigacion, en curso, pretende determinar si existio efectivamente la estafa denunciada y si hubo o no encubrimiento por parte de terceros.
Lanser informo que ya inicio presentaciones judiciales en distintas jurisdicciones -La Pampa, Cordoba y el fuero federal- con el fin de revertir la situacion y recuperar los animales que dice son de su propiedad. Alego que la causa carece de sustento probatorio y que no hay pruebas suficientes para sostener ni la estafa ni la hipotesis de encubrimiento que se le atribuyen. Ademas, exigio que se respeten los procedimientos probatorios para acreditar la titularidad de la hacienda: facturas de compra, guias de transito y documentacion sanitaria vigente, comprobantes de pago y registro de marcas y caravanas.
El conflicto pone en evidencia la complejidad de las investigaciones que involucran movilizacion de hacienda, documentacion comercial y controles sanitarios. En el comercio ganadero habitual, la trazabilidad se documenta mediante facturas, registros de marcas y caravanas, guias de traslado y certificados sanitarios que acreditan origen y destino. La verificacion adecuada de esos instrumentos es, en general, un elemento clave para dirimir disputas sobre titularidad. Las partes enfrentadas en este caso discrepan sobre la validez y la consideracion de esos documentos al momento del procedimiento policial y judicial.
Mientras la causa continua su tramite, las decisiones judiciales pendientes determinaran la situacion definitiva de los animales secuestrados y la responsabilidad de los imputados. En los hechos, el tramite involucra la evaluacion de pruebas documentales y periciales, el analisis de la cadena de custodia de la hacienda y la determinacion de si se produjo o no la maniobra fraudulenta denunciada. Para los afectados, tanto para la empresa denunciante como para Lanser y quienes aparecen como imputados, las resoluciones que adopten los tribunales seran determinantes para dirimir la titularidad de la hacienda y la existencia de eventuales responsabilidades penales y civiles.
