Es el beneficio que el Gobierno les otorgó a las empresas de distintos sectores -pero sobre todo del sector de la energía-, con tal de asegurarse la concreción de esas iniciativas y el arribo de las inversiones en dólares.
El número final asombra por su impacto en las cuentas oficiales: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implica que el Estado resigna en total unos u$s8.493 millones en impuestos para incentivar la llegada de los proyectos de inversión.
Es, en otras palabras, el costo tributario de una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales a la Argentina.
De ese monto, u$s6.849 millones corresponden a impuestos que deja de percibir la Nación y otros u$s1.644 millones impactan sobre las provincias receptoras de las inversiones.
El RIGI fue diseñado para modificar la ecuación económica de proyectos de gran escala mediante una combinación de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.
Radiografía del RIGI
Las conclusiones del impacto tributario forma parte de una investigación minuciosa de la consultora Eco Go.
La pregunta que aparece detrás de los anuncios de inversión es, entonces, cuánto resignan los distintos niveles del Estado para conseguir que esos proyectos se hagan.
A cambio de esas ventajas, las empresas comprometen inversiones de magnitud en sectores considerados estratégicos, principalmente energía, minería, infraestructura e industria.
Existe una segunda cartera: otros 23 proyectos que el Ministerio de Economía informa en evaluación, por u$s153.709 millones. Si todos ellos fueran finalmente aprobados, el universo potencial llegaría a 46 proyectos y u$s203.475 millones de inversiones anunciadas.
Compromisos de inversiones por casi u$s50.000 millones
Al 9 de septiembre de 2026, el RIGI ya tenía 23 proyectos aprobados por u$s49.766 millones de inversiones anunciadas. La consultora toma como base exclusivamente aquellas iniciativas que ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial.
La estimación de Eco Go para los proyectos aprobados arroja un costo tributario en valor presente de u$s6.849 millones para la Nación. A ese monto se agregan u$s1.644 millones correspondientes a las provincias, con lo que la renuncia fiscal total asciende a u$s8.493 millones.
La factura: ¿qué deja de cobrar el Estado?
El concepto central para entender esta cuenta es el renglón del “gasto tributario”. No significa que el Gobierno tenga que girarles dinero a las empresas. Es, en cambio, la diferencia entre lo que recaudaría el Estado si esos proyectos tributaran bajo las reglas generales y lo que efectivamente recauda con el RIGI.
En el cálculo nacional, Eco Go estima un costo tributario anual de referencia de u$s932 millones para los proyectos aprobados. Si se incorporara toda la cartera que está actualmente bajo evaluación, pero todavía no oficializados, ese número subiría hasta u$s3.811 millones anuales.
La cuenta es importante porque permite dimensionar el verdadero intercambio que propone el régimen de inversiones: el Estado resigna parte de su recaudación a cambio de mejorar la rentabilidad de proyectos que, por su tamaño y horizonte de maduración, podrían no concretarse sin esos incentivos.
Durante los primeros años muchos proyectos todavía están en construcción y acumulan créditos fiscales, importaciones, amortizaciones aceleradas o quebrantos.
Pero tampoco hay que interpretar esos u$s932 millones como la pérdida de caja que tendrá el Tesoro en 2026. Es una escala operativa: cuánto costaría el paquete en un año en el que todos los proyectos estuvieran funcionando y a precios actuales.
Otra vez: ese importe representa la diferencia entre lo que el Estado recaudaría con RIGI y lo que obtendría bajo el régimen general.
El modelo de Eco Go muestra que el costo fiscal va creciendo con la entrada en funcionamiento de los proyectos y alcanza un máximo de alrededor de u$s1.510 millones anuales en 2031 para la Nación.
El RIGI establece una alícuota del 25%, en contraste con la referencia del 35% correspondiente al tramo superior de la escala vigente. La diferencia de diez puntos representa una reducción de la carga tributaria mientras el proyecto tenga utilidad fiscal.
¿De dónde sale la “renuncia” tributaria?
El principal componente es Ganancias.
Otro componente importante son los “derechos de exportación”. El modelo contempla, según el sector, derechos del 8% para petróleo y gas exportador cuando corresponda, 4,5% para litio y plata en los productos alcanzados y 0% para cobre y oro cuando el régimen general ya no aplica retenciones.
También pesa la “amortización acelerada”, que permite adelantar deducciones. En este caso, la ventaja no necesariamente significa que el Estado pierda para siempre esa recaudación: parte del beneficio consiste en que la empresa paga menos Ganancias al comienzo porque adelanta deducciones que, bajo el régimen general, utilizaría más adelante.
¿Qué recibe la Argentina a cambio?
La otra cara de la cuenta es la inversión. El cronograma modelado por Eco Go concentra unos u$s35.000 millones de CAPEX entre 2026 y 2036, dentro de los u$s49.766 millones comprometidos por los proyectos aprobados. En la etapa de construcción eso implica demanda de equipos, servicios de ingeniería, obra civil y financiamiento.
También aparecen las franquicias para importaciones, el tratamiento del impuesto a los créditos y débitos y el beneficio financiero asociado al IVA.
Los seis que realmente dominan la película
1. Proyecto de Licuefacción de Gas Natural (FLNG – Southern Energy) — u$s15.156 millones (30,5%)
Es, por lejos, el mayor proyecto aprobado. Busca instalar una planta flotante de licuefacción de gas natural en Río Negro. Participan PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Está asociado al desarrollo exportador de GNL.
También está el impacto laboral. Según el Gobierno, el régimen promoverá la creación de 108.450 empleos directos e indirectos asociados a los proyectos aprobados. Y otros 128.809 para la cartera en evaluación.
3. Rincón de Aranda — u$s4.522 millones
Proyecto de Pampa Energía en Neuquén que combina explotación de hidrocarburos con infraestructura de procesamiento, almacenamiento y transporte. Declara 1.733 empleos directos e indirectos.
2. Vicuña — u$s9.737 millones
Es el gran proyecto minero del RIGI: extracción y producción de cobre, oro y plata en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. El dato particularmente llamativo para tu nota es que declara 31.700 empleos directos e indirectos, la cifra más alta entre los proyectos aprobados.
5. Rincón — u$s2.744 millones
Proyecto de litio de Rio Tinto en Salta. Utiliza extracción directa de litio y está incluido entre los proyectos de exportación estratégica de largo plazo.
4. Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) — u$s2.900 millones
Es la infraestructura necesaria para sacar petróleo de Vaca Muerta hacia la exportación: construcción y desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur, con una inversión anunciada de u$s2.900 millones. Tiene una particularidad: detrás del proyecto aparece prácticamente todo el núcleo empresario de Vaca Muerta, incluyendo YPF, PAE, Vista, Pampa, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.
