La sesión convocada para las 11:00 dará lugar a la tercera y última votación del proyecto de “modernización laboral”, que tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero pero, cuando pasó a Diputados, el oficialismo se vio forzado a eliminar un polémico artículo que fijaba recortes salariales en casos de licencia por enfermedad, modificación que obligó a devolverlo tras la aprobación de la Cámara baja el 19 de febrero.
El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y darle sanción definitiva a una ley que realiza numerosos cambios para empresas y empleados en materia de salarios, indemnizaciones y vacaciones, tras una dura negociación con los gobernadores que finalmente le permitió a la Casa Rosada realizar un trámite exprés en las últimas tres semanas.
La jornada legislativa contempla también el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, mediante la cual se busca bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Para el día de hoy, se prevé una jornada extensa. El Gobierno montó un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso y hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda.
En la primera votación del Senado, incluso con ese controvertido artículo, el proyecto había cosechado 42 votos a favor y 30 en contra, una abultada mayoría que La Libertad Avanza (LLA) consiguió con la ayuda de la UCR, el PRO y principalmente de los bloques provinciales que responden a gobernadores, y que a su vez anticipa una votación favorable para la ley.
La reforma laboral se encamina a ser ley, pero la pulseada con los gremios sigue en la Justicia
La Cámara baja no hizo un solo retoque, a pesar de que por momentos hubo temor en el oficialismo por la posibilidad de perder la votación sobre el capítulo del proyecto que crea el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones. Éste era uno de los puntos más cuestionados porque el fondo se financia con los aportes que hasta ahora iban a la ANSES. No obstante, LLA y sus aliados pudieron blindarlo con 130 votos, 13 más que el rechazo de la oposición.
El otro aspecto que casi le asegura al oficialismo la sanción de la ley es que en el debate de la Cámara de Diputados logró aprobar la iniciativa tal cual había salido del Senado, donde la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, negociaron una batería de más de 50 modificaciones sobre el texto para asegurarse la mayoría, que se mantuvieron en reserva hasta poco antes de la votación.
Sin embargo, aunque el gobierno de Milei se lleve su esperado triunfo del Congreso con la sanción de la ley, le espera una nueva pelea para poder mantenerla en pie y se dará en la Justicia. La CGT y otras organizaciones gremiales definieron que el próximo lunes se movilizarán a los tribunales de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) y presentarán un planteo de inconstitucionalidad.
En este marco, de cara al debate final de este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más. “Puede salir igual o incluso con un poco más de apoyo”, deslizaron fuentes de LLA a iProfesional en las horas previas a la sesión.
Senadores definen la baja de la edad de imputabilidad
Al igual que el Gobierno la central gremial también da ya por aprobada la ley, pero descartaron llamar a un nuevo paro general -como el que activaron durante el debate de Diputados- y en su lugar decidió tomar el camino de la judicialización, con la expectativa de trabar la puesta en marcha de los 217 artículos que contiene la nueva norma.
De esta forma, el Gobierno tiene previsto poner en vigor inmediatamente los cambios que establece la nueva ley, cuyos puntos principales son:
Los cambios en indemnizaciones, salarios y vacaciones que vienen con la reforma laboral
Pese a ello, se prevé que el Presidente promulgue la ley rápidamente y se publique en el Boletín Oficial el mismo lunes, dado que la reforma laboral es uno de los pilares centrales de su plan de gobierno. De hecho, Milei hará gala de este triunfo político -impensable hace pocos meses atrás- en el discurso que dará el domingo por la noche en el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias.
- Fin de la llamada “industria del juicio”: la nueva norma redefine la “mejor remuneración” para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.
- Indemnizaciones: Se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable. Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES. Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.
- Prelación de los convenios colectivos: se establece que un convenio interno de empresa una provincia prevalece por sobre un convenio general del sector en ámbito nacional.
- Salarios “dinámicos”: Si bien el concepto no está expresado de esa forma, el texto de la nueva ley establece que se podrán atar sueldos y aumentos a la productividad personal, un esquema que podrá adoptarse mediante acuerdos paritarios regionales, por actividad o por empresa.
- Jornada laboral y banco de horas: La Ley de Contrato de Trabajo establecía que la jornada máxima en 8 horas diarias, mientras que con la nueva normativa el límite se extiende a 12 horas, con 12 de descanso. A la vez, en lugar del pago de horas extraordinarias los empleadores podrán disponer de un banco de horas para compensarlas con períodos de descanso (francos o jornadas reducidas). No obstante, la posibilidad de pago tradicional no se elimina.
- Vacaciones: Se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.
- Contribuciones patronales: En línea con la meta de promover el empleo registrado, la ley ofrece descuentos en las contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones, condonación de multas y pagos en cuotas, como parte del Régimen de Incentivo para Formalización Laboral.
- Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.
- Derecho a huelga: La reforma fijó porcentajes mínimos de prestación de tareas durante las huelgas para mantener el funcionamiento, según el tipo de actividad. En servicios “esenciales” (salud, educación, transporte y telecomunicaciones) deberán asegurar una cobertura del 75%. En los servicios “trascendentales” (Producción industrial, logística, finanzas, energía) será del 50%.
- Cuota sindical: Los gremios consiguieron que el Gobierno mantenga el pago compulsivo en lugar de que sea opcional, como establecía el proyecto original, pero con un tope del 2% del salario mensual y por dos años.
- Aportes solidarios: Los aportes de los empleadores no socios de las cámaras empresarias, así como los de los empleados no afiliados a los sindicatos seguirán siendo obligatorios por un plazo de dos años.
Con todos estos cambios centrales para empresas y empleados, el Senado se encamina a sancionar la ley de reforma laboral, con la cual el gobierno de Javier Milei habrá coronado uno de los avances más importantes de su plan de gestión. El Ejecutivo no demorará la puesta en vigor de la nueva legislación, aunque la disputa continuará en los tribunales a partir de la judicialización que impulsa la CGT.
