Conflicto en 9 de Julio: el reclamo ya no es solo por caminos, sino por el destino de la Tasa Vial
En el partido bonaerense de 9 de Julio, la discusion sobre el mal estado de los caminos rurales amplio su alcance. Ya no se trata unicamente de exigir mejoras fisicas en las trazas: productores, organizaciones rurales y vecinos exigen claridad sobre como se recauda y se ejecuta la Tasa de Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial (conocida como “tasa vial”). La Federacion Agraria Argentina (FAA), filial 9 de Julio, plantea que el problema es tanto operativo como institucional: existe una aparente disociacion entre lo que se cobra y lo que efectivamente llega a la red vial.
Los reclamos se reiteran. En marzo del ano anterior se habia presentado una queja similar y, ante nuevas inundaciones y el empeoramiento de la transitabilidad, las demandas volvieron a ponerse en primer plano. Para la FAA local, la discusion dejo de ser tecnica y presupuestaria para convertirse en una exigencia de transparencia sobre el uso de fondos publicos destinados a sostener la infraestructura rural.
Vacios de informacion y pedido de informes sin respuesta
Segun la FAA, un informe tecnico elaborado con datos oficiales del propio municipio -correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y el periodo en curso- no detecta un desfinanciamiento estructural del sistema vial. Es decir, en la contabilidad del municipio habria recursos suficientes para el mantenimiento segun los montos recaudados. Sin embargo, el documento subraya un problema distinto: la ausencia de informacion consolidada, clara y accesible que permita conocer cuanto se recauda anualmente por la tasa vial y como se destinan esos recursos.
La entidad remarca que esa falta de transparencia se torna mas grave cuando los pedidos formales de informacion no obtienen respuesta. En junio de 2025 se presento un pedido de informes sobre el uso de la tasa vial durante el periodo 2019-2023, que incluye la gestion del intendente Mariano Barroso; a comienzos de 2026, segun la FAA, ese pedido aun no habia sido contestado. Para productores y organizaciones rurales, esa demora alimenta dudas sobre la correcta ejecucion de los fondos.
Ordenanza, emergencia hidrica y una reglamentacion cuestionada
Frente a la situacion de emergencia, el Concejo Deliberante de 9 de Julio aprobo en diciembre de 2025 una ordenanza destinada a aplicar a la tasa vial criterios similares a los utilizados por Nacion y Provincia para situaciones de emergencia. La intencion oficial era aliviar la carga economica de los productores afectados por inundaciones reconocidas por el distrito.
No obstante, la FAA sostiene que, al reglamentar la norma, el Ejecutivo municipal “desnaturalizo su espiritu”. En la practica, el beneficio se otorgo unicamente para la primera cuota de la tasa vial y se excluyo a quienes registraban deudas. Desde la entidad se advierte que buena parte de las deudas surgieron precisamente durante los periodos en que la produccion estuvo limitada por los anegamientos, cuando no fue posible cosechar ni vender ganado para generar ingresos. Aplicar exclusiones automaticas sin considerar ese contexto equivale, segun la FAA, a desconocer la realidad productiva.
La emergencia hidrica fue declarada oficialmente en el distrito entre el 1 de mayo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, un lapso durante el cual la demanda por medidas excepcionales y por transparencia en la gestion de recursos se volvio mas urgente.
Productores asumiendo funciones estatales: obras con recursos propios
Mientras los expedientes avanzan con lentitud y las respuestas oficiales se demoran, los productores locales actuaron para resolver problemas concretos de transitabilidad. La FAA describio que, por iniciativa privada y de manera colectiva, se contrato maquinaria, se aporto combustible, se compraron canos para alcantarillas y se realizaron cesiones de paso en campos para permitir la circulacion. Estas soluciones paliativas, realizadas sin reconocimiento institucional ni reflejo en rendiciones oficiales, fueron interpretadas por la organizacion como la suplencia de una responsabilidad municipal.
La decision de asumir estos costos por fuera del Estado no fue inocua: los productores sostienen que esas erogaciones ocurrieron en un contexto economico complejo, con ingresos reducidos por la imposibilidad de comercializar produccion durante la inundacion. El desgaste financiero y operativo se suma a la carga emocional y social de comunidades rurales aisladas por meses.
Impacto economico, social y politico
El reclamo por caminos transitables y cuentas claras tiene un peso mayor en territorios donde la produccion agropecuaria es columna vertebral de la economia local. Caminos en mal estado encarecen la logistica, retrasan ventas, danan maquinaria y amplifican costos de produccion. Ademas, la percepcion de opacidad en la gestion de recursos publicos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones locales.
La FAA plantea que cuando el Estado parece mas preocupado por la recaudacion que por comprender la realidad de quienes sostienen la economia local, la duda sobre la honestidad y eficacia en el manejo de fondos publicos se vuelve inevitable. Para productores y vecinos, la principal exigencia es que los recursos creados con un fin especifico -mantener la red vial- cumplan ese proposito.
Recomendaciones para avanzar en transparencia y gestion
Para recomponer la confianza y mejorar la gestion de la red vial, especialistas y organizaciones civiles suelen proponer medidas concretas que tambien han sido reclamadas por entidades rurales en otros distritos y que podrian aplicarse en 9 de Julio:
– Publicacion periodica y accesible de la recaudacion por tasa vial y su destino desagregado por obra, contrato y proveedor.
– Auditorias externas e independientes sobre los periodos en cuestion, con publicacion de informes y plan de accion correctivo si se detectan irregularidades.
– Reglamentacion de la ordenanza de emergencia con criterios claros y excepciones justificadas, que incluyan evaluacion caso por caso de productores afectados por inundaciones.
– Mecanismos de participacion ciudadana y veeduria que permitan a productores y vecinos supervisar la ejecucion de obras.
– Prioridad en el mantenimiento preventivo y en obras de drenaje que reduzcan la vulnerabilidad ante futuros episodios hidricos.
Estas medidas no sustituyen decisiones politicas, pero ofrecen herramientas practicas para que los recursos destinados a la red vial cumplan su objetivo y para disminuir la tension entre el sector productivo y el municipio.
Proximos pasos y expectativas
En este contexto, la FAA y productores de 9 de Julio esperan respuestas concretas: acceso a la informacion solicitada, avances en los expedientes de investigacion y una revision de la reglamentacion que garantice que la ordenanza de emergencia cumpla su proposito. Si no se producen avances, es previsible que las medidas de presion y la movilizacion comunitaria continuen, tanto para exigir obras como para pedir rendicion de cuentas.
La situacion en 9 de Julio pone en evidencia un dilema recurrente en distritos agricolas: contar con herramientas fiscales especificas no garantiza por si solo que las obras se concreten. La combinacion de gestion eficiente, transparencia y participacion ciudadana aparece como condicion necesaria para que los recursos publicos destinados a caminos rurales sirvan efectivamente a quienes dependen de ellos para producir y circular.
