El acto de apertura contó con la participación de Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Alfredo González, presidente de CAME; Luis Contigiani, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP); Jorge Solmi, secretario de Relaciones Institucionales del MAGyP; y Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales (ER) de CAME.
Ante más de un centenar de pequeños y medianos productores, Massa reparó en la necesidad de contar con políticas diferenciadas para la pyme. Tras destacar la importancia de “vender trabajo argentino al mundo”, el diputado, quien interactuó con los empresarios del agro, aseguró que el desafío es aumentar las exportaciones.
En relación a la certificación de Triple Impacto creada por CAME, el secretario Contigiani, luego de subrayar el nivel de convocatoria federal del encuentro, anunció la decisión de la cartera de Agricultura de reconocer e integrar el Sello “CAME Sustentable” a “Alimentos Argentinos”, lo que permitiría acceder a los beneficios que este último otorga por ley.
Acto seguido, Eduardo Rodríguez, Pablo Villano, coordinador de la Mesa Agroalimentaria de la Confederación, y Sebastián Lafalla, director adjunto de ER, presentaron los objetivos anuales y cedieron la palabra a los presentes para que expusieran el estado actual de situación de cada complejo productivo.
El reclamo fue unánime: “Hay que recuperar la cultura del trabajo”, coincidieron. Los representantes de los 31 complejos productivos no solo expresaron su preocupación ante la falta de mano de obra para tareas temporales –como la cosecha–, pese a la compatibilidad de los planes y/o programas sociales con el trabajo rural registrado, sino también solicitaron avanzar en una reforma tributaria integral que promueva la producción nacional y el agregado de valor en origen.
Otra de las inquietudes planteadas durante el Plenario Nacional provino de los productores vitivinícolas, quienes aseguraron no tener precios de referencia para sus uvas en plena época de cosecha. Las entregas –en consignación- se están realizando, pero aún no saben cuánto cobrarán por su producción. “Ante la crisis hídrica, tenemos un 30% menos de uva en San Juan y no hay un precio razonable. El INTA de Junín (Mendoza) hizo un estudio por el que el costo de producción de 1 kilo de uva común ronda los $35, mientras que los industriales nos ofrecen $27/$28 en siete pagos mensuales a partir de junio”, afirmó Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan.
Este último caso visibiliza la falta de transparencia de mercado y la débil posición en la que se encuentra el productor primario, remarcando la importancia de trabajar en precios justos en cada una de las cadenas de valor para que cada eslabón obtenga la rentabilidad que merece, priorizando al sector productivo.
ECONOMIAS REGIONALES QUE COMERCIALIZAN CON LA ZONA EN GUERRA
Por otra parte, los que exportan a la zona de guerra –cítricos, vinos a granel y peras y manzanas, entre otros productos- manifestaron su intranquilidad ante un posible resentimiento del comercio internacional. A la devaluación del rublo y el encarecimiento de la energía podrían sumarse complicaciones logísticas y alteraciones en las condiciones de pago, entre otros efectos adversos. “Perder un mercado importante para las mandarinas como lo es el ruso significaría una pérdida muy significativa de divisas, además de que esa oferta se volcaría al mercado interno y provocaría una fuerte caída en los precios”, sostuvo Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.
